Por | Edilberto Rodríguez Araújo- profesor de la Escuela de Economía de la UPTC/integrante del grupo de investigación OIKOS
Los desafíos de las políticas públicas y los responsables de las mismas, no son pocos. Pasado el frenesí electoral, las generosas promesas deberán convertirse en escuetos hechos reales.
Después de los dispares resultados electorales, cada gobernante electo se prepara para realizar el empalme con sus predecesores, no siempre de su mismo partido o movimiento político, aún más de variopintas coaliciones en que primaron más los acuerdos burocráticos que la identidad ideológica; en síntesis, es el pragmatismo clientelar.
Los nuevos gobernantes de Tunja y Boyacá, con una población que bordea los 200.000 y 1,2 millones de habitantes, respectivamente, les espera conciliar sus promesas electorales con la dura realidad económica, social, ambiental e institucional. El departamento de Boyacá, representaba, en 2018, el 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, así como de la población del país. El PIB departamental per cápita se situaba en 2018 en 7.237 dólares, cifra cercana a la media nacional, (6.922 dólares).
Asimismo, Boyacá se ha mantenido en el 9º lugar en el escalafón de la competitividad medida por el Consejo Privado de Competitividad (CPC, 2018). Además, su estructura económica no ha experimentado una diversificación sustancial, comoquiera que el sector servicios copa una proporción apabullante (60 por ciento), y el peso relativo en las exportaciones (0,8 por ciento entre 2011-2018) y las importaciones colombianas (0,3 por ciento entre 2011-2018), es residual; mientras que su inserción en el comercio internacional es insignificante, resultado del excesivo peso de los productos mineros energéticos en sus transacciones. Baste señalar que el 99 por ciento de las ventas externas están conformadas por coques, semicoques y esmeraldas, en tanto que, el 73 por cientos de las importaciones provienen de barras, alambrón, ferroaleaciones y chatarra de hierro y acero.
Las finanzas de la ciudad capital y del departamento han tenido un leve crecimiento, bordeando su presupuesto los $280.000 millones (un poco menos que el presupuesto anual de la UPTC) y $1,3 billones, respectivamente. La solidez de las cuentas fiscales es moderada, si se considera que el grado de dependencia de las transferencias nacionales, se sitúa, en su orden, en 39 y 55 por ciento. Los recaudos de recursos propios o ingresos tributarios están subordinados al comportamiento del impuesto predial (45 por ciento) o del impuesto “al vicio” (cerveza, licores, cigarrillos y tabaco: 72 por ciento).
Quizá la principal preocupación de los gobernantes electos se concentrará en la búsqueda de soluciones a la abigarrada problemática social, cuyas fórmulas de solución o atenuación, dependen de esfuerzos conjuntos de las nuevas administraciones y otros actores o agentes del entramado local y regional. El panorama social podría resumirse en los siguientes indicadores:
Evolución de algunos indicadores sociales (%)
Como se observa en el cuadro anterior, el ritmo de la economía departamental ha seguido una trayectoria muy errática, promediando su crecimiento en los últimos cuatro años en 2,4 por ciento; sin embargo, al examinar el desempeño de la economía tunjana, se aprecia, que luego de que su participación en el valor agregado de la economía departamental alcanzara su máxima cota en 2016, descendió en 2017. Podría afirmarse, que el peso relativo de Tunja en el agregado económico departamental es idéntico a su peso relativo dentro de la población de Boyacá.
Es preocupante, que, pese a que la economía ha repuntado ello no se haya traducido en una caída del desempleo, por el contrario, la desocupación-que gravita más sobre mujeres y jóvenes- registró pequeñas variaciones; en el caso de Boyacá el año pasado, 46.000 boyacenses fueron arrojados del mercado laboral, mientras que, en Tunja, el nivel de desempleo observado en el trimestre julio-septiembre de 2019 fue de 11.000 personas.
De otra parte, el dinamismo económico ha contribuido a una menguante incidencia de la pobreza monetaria en el departamento, pese a que su nivel permanece alto: más de 341.000 boyacense están atrapados bajo el umbral de $234.000 mensuales, y, por lo tanto, con notorias carencias de bienes y servicios. En el caso de Tunja, un poco más de 33.000 personas se mantenían bajo esa condición crítica.
Los desafíos de las políticas públicas y los responsables de las mismas, no son pocos. Pasado el frenesí electoral, las generosas promesas deberán convertirse en escuetos hechos reales.
