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El reciente anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el desmonte de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, junto con la transferencia de una deuda del Fondo de Cargo por Confiabilidad a los estratos 4, 5 y 6, ha reavivado el debate sobre la justicia en la política energética colombiana. Esta medida, presentada como un paso hacia la equidad, merece un análisis profundo, pues sus implicaciones van más allá de lo económico y tocan fibras sensibles del tejido social.
El contexto regulatorio y sus fallas
Colombia ha operado bajo la Ley 142 de 1994, un marco diseñado para regular los servicios públicos con participación privada. Sin embargo, como lo evidencian los datos de empresas como la Energía de Boyacá (EBSA), el modelo ha favorecido la maximización de ganancias sobre el bienestar social. Las utilidades brutas y netas de EBSA, que pasaron de $71 mil millones en 2005 cuando esta empresa era publica, pasaron a $186 mil millones en 2022, contrastan con el aumento desmedido de las tarifas para los usuarios como se muestra en el cuadro. Esto refleja un sistema donde la regulación estatal ha sido ineficiente, permitiendo abusos y opacidad en la fijación de costos y tarifas, algo en lo que el presidente se refirió tomando la discusión de Ricardo sobre la renta diferencial pero que no voy a ahondar aquí.
La medida de Petro: ¿Solución o distractor con los paneles solares?
La propuesta del gobierno busca aliviar la carga fiscal eliminando subsidios a los estratos más vulnerables y trasladando costos a los estratos medios y altos. En teoría, esto podría parecer justo, pero surgen dudas:
Falta de alternativas: Desmontar subsidios los estratos 1, 2 y 3 sin ofrecer mecanismos compensatorios para los estratos bajos podría profundizar una crisis de ingresos en los hogares vulnerables. ¿Qué garantías hay de que estas familias no verán afectado su acceso a servicios esenciales?
Deuda histórica mal asignada: Cobrar a los estratos 4, 5 y 6 una deuda acumulada por un sistema ineficiente parece más un castigo que una solución estructural. ¿Por qué los usuarios deben pagar los errores de un modelo regulatorio fallido y de un abuso de posición dominantes del modelo de negocio especulativo del sector de servicios públicos y del sector energético en particular?
Inconsistencias en la supervisión: El gobierno critica la privatización, pero no aborda la raíz del problema: la debilidad de entidades como la CREG y la SSPD para auditar a las empresas. Sin una reforma real en la supervisión, cualquier ajuste tarifario seguirá siendo arbitrario.
Hacia una reforma integral
La discusión no debería centrarse solo en quién paga la factura, sino en cómo construir un modelo sostenible y justo. Algunas claves serían:
- Fortalecer lo público: El Estado debe asumir un rol activo en la prestación de servicios, no solo como regulador, sino como operador eficiente. Empresas públicas o mixtas, con criterios sociales, podrían equilibrar el mercado.
- Transparencia y participación: Las comunidades deben tener voz en la gestión de los servicios. Cooperativas locales, como sugiere Petro, podrían evitar la fuga de recursos y asegurar que las tarifas reflejen realidades regionales.
- Supervisión rigurosa: Las entidades reguladoras necesitan recursos técnicos y autonomía para sancionar abusos. Sin esto, cualquier reforma será letra muerta.
Conclusión
La medida de Petro expone una cruda realidad: el modelo actual de servicios públicos está roto. Sin embargo, trasladar costos sin reparar las fallas estructurales es insuficiente. Colombia necesita una reforma audaz que priorice el acceso universal, la transparencia y la equidad. De lo contrario, seguiremos repitiendo el mismo ciclo: usuarios pagando por un sistema que no los protege. ¿Está el gobierno dispuesto a ir más allá de los gestos simbólicos? La respuesta definirá el futuro energético del país.
Ponderadas palabras con propuestas concretas. Agregaría en el debate lo que el ambientalismo profundo ha planteado hace varias décadas: en un futuro realmente sostenible y sustentable, lo ideal es autosuficiencia energética en todos los hogares. Combinación de energía solar, eólica y reciclaje energético interno en cada hábitat. Eso sí sería algo revolucionario.