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El malestar entre los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi está en auge. Los trabajadores del instituto manifiestan su molestia por un proceso que consideran no ha sido transparente, que los dejaría además sin sus puestos de trabajo en una época en la que el mercado laboral pasa por una crisis, y que también podría terminar generando una carga económica para los municipios.
Boyacá cuenta hoy con seis unidades operativas de catastro, que serían suprimidas en su totalidad, lo que obligaría a cada municipio a convertirse en su propio operador catastral.
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