En 1.008.240 minutos, 16.842 horas, 702 días, 23 meses, los genocidas han disparado entre 70 y 100 millones de balas (100.000 por día), lanzado 85.000 toneladas de bombas con 50 millones de toneladas de escombros. Afirman haber matado a 17.000 milicianos, pero van 63.000 asesinados (la mitad niños y mujeres) y más de 200.000 heridos y desaparecidos, 53 muertos y 166 heridos por cada israelí muerto el 7 de octubre de 2023, día que inicio la cruzada de 24 horas de crimen al día destinadas a matar y destruir, superando toda regla, norma y ética del conflicto. Su barbarie se sostiene con negocios, ultraderechas y amenazas de su principal aliado los EE UU, que veta e impide a los órganos de DDHH y DIH y a Estados y gobiernos para actuar con los mandatos legales y el deber moral de no aceptar y condenar el genocidio, la agresión y los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El genocidio ocurre en Gaza y no es ninguna guerra. Los datos son apenas una evidencia, una prueba jurídica, política y ética que interpela a la humanidad y su impunidad revela una profunda anomalía estructural del orden global cuya continuidad amenaza todos los principios de la vida humana. Juzgar a los responsables, boicotear al régimen agresor y movilizar la conciencia mundial por la libertad de Palestina son acciones urgentes para reconstruir la justicia interrumpida por la ofensiva militar de venganza, con el objetivo de “eliminar de la faz de la tierra al pueblo palestino”.
Para juristas, académicos y demócratas es evidente la dimensión jurídica del crimen, la estructura política que lo sostiene y las implicaciones éticas de la respuesta internacional, conforme las fuentes académicas y políticas respectivas, los marcos teóricos contemporáneos, y los fundamentos de los derechos humanos y de los convenios de Ginebra. El genocidio en Gaza no es un episodio aislado, sino la culminación de una política sistemática de despojo, apartheid y exterminio, iniciada desde el mismo día que Palestina le tendió su mano a los sobrevivientes y víctimas del holocausto nazi.
El genocidio, definido en 1948 por la Convención para su prevención y sanción, implica la “intención” y “sistematicidad” de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Corte internacional de justicia (CIJ) admitió la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por genocidio, respaldada por más de 12 Estados, incluyendo Colombia y la CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad y es obligación de los Estados cumplirla, detenerlos en territorio de cualquier país y llevarlos a juicio. La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, ha documentado que Israel ha abolido de facto la distinción entre objetivos civiles y militares, ataca deliberadamente hospitales, escuelas y viviendas, lo que configura una política de exterminio. Utiliza el hambre como arma de guerra, ha desplazado forzosamente a 2 millones de personas y destruido sistemáticamente la infraestructura vital lo que refuerza la tipificación jurídica del genocidio.
El genocidio fue planeado, tiene una estructura política del crimen y una red de cómplices aliados y no puede entenderse sin analizar el marco ideológico del neosionismo (¿neonazismo?), que justifica esta vez la eliminación del pueblo palestino como medida legítima de seguridad nacional (luego podrían ser Venezuela, Cuba, Yemen según EE UU). Esta ideología ha sido institucionalizada en leyes, discursos y prácticas (allá y acá) que deshumanizan a los palestinos y presentan su exterminio como un acto defensivo. El genocidio es un crimen político que requiere una base ideológica y una estructura estatal que lo legitime y le permita legalmente cada acto criminal. En Gaza, esta estructura se ha consolidado a través de 17 años de bloqueo, 57 años de ocupación y una narrativa que convierte a los civiles palestinos en “escudos humanos” para justificar su asesinato, sostenido con un sistema de impunidad internacional y de complicidad estructural, demostrada con la ambigüedad o respuesta cómplice por ejemplo de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido que siguen suministrando armas y apoyo diplomático a Israel, a pesar de las evidencias de crímenes internacionales. Esta complicidad descubre una crisis del sistema multilateral, donde los intereses geopolíticos y las alianzas de negocios prevalecen sobre el derecho internacional, la vida y el respeto por la dignidad humana.
Ante la arremetida de la impunidad y la inacción estatal, queda el Boicot; la justicia y; la defensa de la humanidad; desde la sociedad civil, la academia y los gobiernos comprometidos con los derechos humanos, de las universidades quizá vengan movilizaciones; Boicot a alianzas, convenios, relaciones y productos y; exigir el cumplimiento de las órdenes de arresto de la CPI y la aplicación del Estatuto de Roma y; de la ONU el reconocimiento del Estado de Palestina. La defensa de la humanidad exige romper el silencio, denunciar la complicidad y construir una memoria activa que impida la repetición, porque el genocidio no solo destruye cuerpos, sino culturas, memorias y futuros.
