Por | Edilberto Rodríguez Araújo-Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC
Como si fuera una profecía autocumplida , finalmente, el Consejo superior de la UPTC aprobó, el 7 de diciembre, el nuevo sistema de liquidación de matrícula para 2018, sin antes no haber recibido el aval de tres magistrados del Tribunal administrativo de Boyacá.
A pesar de los reparos metodológicos y los cuestionamientos empíricos que se formularon a la versión final de la propuesta elaborada por los consultores de la Universidad Nacional, “la carta bomba” enviada a la ministra de Educación por cuatro consejeros, que a última hora, decidieron declararse en franca rebeldía, fue lo que, a la postre, indujo una alineación de los cinco consejeros restantes en torno a la propuesta final.
Los cuatro consejeros disidentes, conocidos por su cerrera oposición a la acción de cumplimiento, sacaron a colación los argumentos más inverosímiles, entre ellos, el de la inviabilidad financiera de la UPTC y su eventual cierre, en el caso de que se adoptara un nuevo sistema de cobro de las matrículas. Lo sorprendente de toda esta pieza de teatro del absurdo, digno de Ionesco, fue que los once circunspectos decanos, todo a una, como en Fuenteovejuna, también respaldaron esta propuesta. De inmediato surge una pregunta ¿estaba enterado el Rector de la insubordinación de sus subordinados? Fue el efecto boomerang, pues propusieron frente al 3,5% del salario mínimo planteado por el consultor, que se reajustara en 7% para obtener el tan polémico valor del punto.
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El consultor, para derrotar la lunática propuesta de los cuatro consejeros, presentó en la sesión ampliada del Consejo Superior, cuatro escenarios, en el que, el primer escenario era, por supuesto, el que ha tenido tantos bandazos, desde hace un año –fecha de inicio del primer contrato- cuando comenzó este proceso de ficticia “construcción colectiva” de la propuesta, confrontándola con la más lesiva, vale decir, la presentada por el cuarteto de casandras, -quienes fueron reconvenidos por el magistrado ponente, Iván Afanador, en la audiencia de verificación de cumplimiento, por insistir en sus fórmulas de fundamentalismo financiero-, defensores a ultranza de una sostenibilidad financiera basada en la autofinanciación, derivada de matrículas incrementales. Según estos consejeros, a la vuelta de 10 años la universidad acumularía pérdidas por más de $180.000 millones (versus los $20.000 millones calculados por la consultoría) que haría inviable la institución, a punto de quebrarla.
Olvidan estos consejeros, que ante una eventual rebaja de matrículas su efecto no se daría de manera inmediata, sino sólo cuando concluya el ciclo de formación profesional de quienes ingresaron en el II semestre de 2017, aún bajo el supuesto de que un estudiante promedio, según el bando opositor, tiene una permanencia de 14 semestres en la universidad. Además, una previsible caída de los recaudos por matrículas podría compensarse explorando fuentes alternativas, tales como un aumento de los aportes de la Nación y la utilización de excedentes y rendimientos financieros. Asimismo, se pueden utilizar los superávits presupuestales, los que, según la Vicerrectora Administrativa y Financiera, desde 2010 genera la UPTC, año tras año, siendo en 2016 de $47.000 millones, amén de los aportes prometidos por la Gobernación de Boyacá.
Un factor que no ha entrado en las cuentas de la universidad es el costo de la puesta en marcha de la reestructuración administrativa, aprobada hace un año y que, aún no se ha concretado, con un costo que bordea los $20.000 millones, cifra muy similar al proyectado edificio de Posgrados, que no ha tenido un accidentado proceso de licitación..
El final de este fallido proceso de concertación se asemejó a una comedia, con arlequines y bufones. No obstante las argucias y las intrigas de los consejeros liderados por el recalcitrante representante de los ex rectores, sus actuaciones no surtieron efecto, y, como se dijo atrás, tuvieron el efecto contrario, al forzar la unanimidad de una propuesta sometida a un bombardeo de críticas, pero, que al final, fue aprobada, ignorándose las objeciones sobre las respuestas del 34% de estudiantes que se abstuvieron de diligenciar la encuesta, las variables seleccionadas, los rangos de las ponderaciones de las variables y el soporte metodológico del cálculo del punto ($25.820, según el consultor versus $51.640 de la facción disidente) –una de las observaciones es que este cálculo se hizo tomándose como fuente la Encuesta Multipropósito del Dane que no se refiere a los gastos de educación y su cobertura es Bogotá-Cundinamarca, no Boyacá-, así como las repercusiones financieras de la implantación de este nuevo sistema. Causa sorpresa, que la formula final incorpore el denominado Índice Socioeconómico (ISE), indicador que nunca se mencionó en las “precarias “socializaciones”, ya que el término utilizado fue la eufemística “tabla de puntos”. A pesar de que se afirme que hubo participación de la comunidad universitaria, sin embargo, esta fue muy reducida, pues la pedagogía participativa no fue asertiva. Fue tan solo retórica participativa.
La aprobación de esta propuesta de liquidación de matrículas de manera unánime por parte del Consejo Superior, y que cobija a cerca de 2.800 estudiantes (alrededor del 10% de la población estudiantil), que se matricularán la semana entrante, cuya liquidación irá de $77.460 a $3.873.000, es el episodio final de esta puesta en escena, con un desenlace conocido: el nuevo sistema de matrículas. Solo el tiempo, no el malabarismo estadístico utilizado, dirá si esta era una profecía autocumplida de la dirección de la universidad.
¡Cae el telón! Caso cerrado.
