La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por más de $78 mil millones de pesos en el sistema penitenciario y carcelario del país, tras una auditoría a la gestión de la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia, en relación con el cumplimiento de órdenes constitucionales para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en las cárceles colombianas.
Entre los hallazgos destaca la situación del rancho de alimentos de la cárcel El Barne, en Cómbita, donde se encontraron equipos sin uso por $331 millones de pesos, lo que evidencia deficiencias graves en el componente de alimentación. A esto se suma que los ranchos de El Barne y Guaduas están fuera de operación, generando riesgos de insalubridad y condiciones inadecuadas para la preparación de alimentos.
La Contraloría también alertó sobre retrasos en obras de infraestructura, fallas en la atención médica, demoras en la entrega de medicamentos, y hacinamiento crítico en Centros de Detención Transitoria. En total, se documentaron 119 hallazgos, de los cuales 15 tienen incidencia fiscal.
Las fallas identificadas reflejan el incumplimiento de sentencias y autos de la Corte Constitucional, y evidencian un panorama preocupante para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia.
