El Alcalde de la capital boyacense indicó que espera que las entidades de control investiguen lo que ocurrió con los procesos de contratación, que excedieron el presupuesto existente del 2023, y resaltó que, si hay delitos, los responsables deben pagar con cárcel.
Durante fines de semana y horarios nocturnos, funcionarios que trabajan para el alcalde Mikhail Krasnov estuvieron revisando cerca de mil contratos firmados por la anterior administración y encontraron que los valores excedieron la capacidad presupuestal del municipio.
El alcalde, Mikhail Krasnov indicó que ya se elevaron las respectivas denuncian antes Contraloría, Fiscalía y Procuraduría y pidió que se investigue y, si es el caso, se castigue a los responsables.
“El pueblo tunjano merece respeto”, enfatizó Krasnov al referirse a los hallazgos hechos por su gobierno.
En su alocución Krasnov invitó a su secretaria de Hacienda, Adriana Gutiérrez, quien amplió la denuncia en los siguientes términos:
“En estos 19 días de nuestra administración se adelantó el estudio de 904 cuentas aproximadamente de vigencias anteriores; más de 17.000 millones de pesos se constituyeron en cuentas por pagar; a 31 de diciembre de 2023 el valor total de los registros presupuestales expedidos que cuentan con saldos pendientes por obligar, ascienden a una suma de más de 31.300 millones de pesos. De estos, más de 12.700 millones se constituyeron como reserva presupuestal y más de 18.600 millones de pesos, al no contar con justificación para constituirse como una reserva presupuestal, se constituyeron como un pasivo del municipio”.
Mikhail Krasnov agradeció el trabajo realizado por funcionarios de la administración que, en horarios nocturnos y los fines de semana, estuvieron realizando la revisión de todos esos contratos.
Por su parte Luz Mila Acevedo Galán, directora del Departamento de Gestión Jurídica y Defensa Institucional de la administración, indicó que “con base en las cifras y el decreto que constituyó estas reservas, cuentas por pagar y pasivos de la entidad, a través del decreto hemos solicitado acompañamiento y hemos elevado denuncia a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para que, en lo de su competencia, investiguen la posible ocurrencia de delitos y de faltas disciplinarias.
“de igual forma, hemos informado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que los servidores y exservidores públicos, que fungían como supervisores, ordenadores de gasto y o contratistas sean investigados para identificar si incurrieron en posibles faltas disciplinarias por la omisión en el cumplimiento de sus funciones”, indicó la funcionaria.
