El exalcalde Fabio Medrano y el Gobierno de Boyacá bautizaron esa plaza como ‘Aracelli Ochoa’, pero la administración municipal, en cabeza de Germán Ricardo Camacho, realizó unas elecciones que terminaron con otro nombre: “Raíces de Paipa”. En ese proceso se perdieron mucho más de 100 millones de pesos de la señalética que había sido instalada. Son recursos públicos que ‘se esfumaron’ por errores que alguien cometió.
Un detrimento patrimonial en el Estado es el daño económico que sufre el patrimonio público cuando recursos, bienes o dineros se pierden, se usan mal, se desperdician o se administran de forma negligente o irregular.
Eso justamente fue lo que ocurrió con los recursos que el Gobierno de Boyacá invirtió en la señalética para la plaza de mercado de Paipa, que hasta esta semana se llamó ‘Aracelli Ochoa’, pero que por cuenta de una decisión de la Alcaldía de Paipa ahora se llama Raíces de Paipa.
El exalcalde Fabio Medrano, en cuya administración se comenzó a construir la plaza y el Gobierno de Boyacá, que fue el que invirtió los recursos, provenientes de regalías, dijeron que con el nombre de Aracelli Ochoa querían hacerle un homenaje a una campesina de sector de El Salitre, que tiene más de 90 años y que fue una de las primeras comerciantes de la ciudad.
El Gobierno de Boyacá instaló el nombre de ‘Aracelli Ochoa’ en numerosos avisos y mandó a hacer enormes murales con la fotografía de la señora Aracelli, que nadie ha determinado exactamente cuánto costaron, pero ese valor supera fácilmente los 100 millones de pesos.
Pero a comienzos de octubre, cuando el Gobierno departamental entregó la plaza al gobierno local, el gobernador, Carlos Amaya, y el alcalde, Germán Ricardo Camacho, protagonizaron un episodio del que todo Boyacá habló por semanas. El Gobernador le recriminó públicamente a Camacho la falta de planeación, que originó que la plaza no se pusiera en funcionamiento desde ese día; y el Alcalde y su equipo de gobierno se retiraron del lugar disgustados.
Después vinieron declaraciones de parte y parte y la administración local anunció que la plaza no llamaría Aracellli Ochoa, porque ese nombre es ilegal, entre otras cosas porque es el nombre es de una persona viva (lo que es prohibido por la ley, según dijo) y porque no fue consultado con la comunidad y el Concejo de Paipa.
Entonces vino un proceso en el que la Alcaldía consultó a los ciudadanos e incluso realizó unas elecciones públicas, que terminó con el nombre de Raíces de Paipa.
Esta semana, trabajadores al servicio de la Alcaldía de Paipa llegaron hasta la nueva plaza de mercado y bajaron los avisos y seguramente borrarán las fotografías de la señora Aracelli Ochoa, pero con esa acción se está haciendo efectivo el detrimento patrimonial porque tendrán que mandar a hacer nuevos avisos y cambiarán las imágenes, que también tendrán uno costo.
Aunque el Gobierno de Boyacá y el gobierno local tienen argumentos para defender sus posiciones, lo cierto es que se generó ese detrimento y que mucho más de 100 millones de pesos se perdieron, o por errores del Gobierno regional, o por capricho del Alcalde.
Mientras el Gobierno de Paipa le pidió al Gobierno de Boyacá retirar la señalética, el Gobierno de Carlos Amaya respondió que no necesita ese material, pues no sabría qué hacer con él.
El detrimento patrimonial del que habla la norma se produce cuando el Estado termina con menos plata o bienes de los que debía tener, por culpa de una mala gestión.
Ese detrimento puede ocurrir por pagos indebidos (pagar por algo que no se hizo o se hizo mal), obras inconclusas o mal ejecutadas que igual se pagaron, sobreprecios en contratos públicos, pérdidas o daño de bienes públicos por descuido o mala administración o contratos mal planeados que generan pérdidas previsibles.
¿Tiene que haber robo? No necesariamente. El detrimento puede darse con o sin corrupción:
Con dolo: cuando hubo intención (corrupción, fraude); con culpa grave: cuando hubo negligencia, improvisación o mala gestión.
En este caso debería responder o la Gobernación de Boyacá o la Alcaldía de Paipa; o el gobernador, Carlos Amaya; o el alcalde, Germán Ricardo Camacho. Si se demuestra el daño, deben resarcir el dinero perdido.
Eso debe determinarlo la Contraloría General de la República, a través de un proceso de responsabilidad fiscal (no penal, aunque puede coexistir con uno).
Lo investigaría la Contraloría General pues se trata de recursos provenientes de regalías; pero también lo puede investigar la Contraloría de Boyacá, en el caso de que haya recursos del Gobierno de Boyacá.
Hay que esperar, pero ninguna de esas dos contralorías ha demostrado ser eficiente en la tarea que realizan y que les corresponde por ley.
