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Fiscalía pedirá prisión para la exfuncionaria del gobierno Petro, pero es posible que sus abogados logren salvarla de esa medida pues algunas circunstancias la favorecen.
No es nada halagüeño el futuro de la excongresista y exconsejera para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova pero, dependiendo de las circunstancias, es posible que sus abogados logren salvarla de la cárcel, en contra de lo que pretende la Fiscalía.
La exconsejera presidencial está vinculada a un presunto caso de lavado de activos relacionado con la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name; y de $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, en el contexto de los famosos carrotanques de La Guajira, con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.
La Fiscalía considera que existen suficientes pruebas que vinculan a Ortiz directamente con el lavado de activos y el entramado de corrupción. Según los fiscales, Ortiz no solo fue la emisaria del dinero, sino que además tenía pleno conocimiento de la estrategia criminal detrás de la operación.
Por ello, le imputarán los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, que conlleva penas de prisión que oscilan entre los 10 y 30 años.
Mientras se realiza esa audiencia, en la última semana Sandra Ortiz a reactivado su cuenta en la red social X para referirse a las actuaciones de la Fiscalía en su contra.
“Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la @Fiscalía me ha notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones. He asistido a más de 6 citaciones, la fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”, escribió el 15 de noviembre.
Ayer nuevamente la excongresista y exconsejera volvió a pronunciarse, indicando:
La @FiscaliaCol me ha citado a una diligencia de imputación inflada con el claro propósito de coaccionarme, evidenciando un manejo mediático de este caso. Es inaceptable que se me catalogue como “el eslabón más débil” y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales. Este caso se ha convertido en un show mediático, basado en cinco versiones distintas de dos delincuentes confesos. Cuento con las pruebas necesarias para demostrar que no he cometido ninguno de los delitos que se me imputan. Exijo respeto por mis derechos y garantías; confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo. Asimismo, solicito que la diligencia se realice de manera presencial y no virtual, para garantizar el pleno ejercicio de mis derechos y la transparencia del procedimiento”.
La excongresista y exsenadora tiene en su contra el acuerdo firmado con la Fiscalía por parte de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector, respectivamente, de la UNGRD, con el que ellos esperan obtener beneficios judiciales.
Sucede que se trata de los principales testigos presenciales y protagonistas de los hechos de los que se le acusa al expresidente del Senado y al expresidente de la Cámara y los dos exfuncionarios de la UNGRD han dicho ante los medios de comunicación que fue Sandra Ortiz la encargada de transportar y entregarle el dinero a los congresistas.
Son precisamente esas pruebas de carácter testimonial las que generaron el acuerdo entre López y Pinilla con la Fiscalía y lo más seguro es que dentro de ese pacto ellos se compromete a ir al juicio a dar a conocer cómo ocurrieron exactamente los hechos.
Es muy posible que, ante la Corte Suprema, Olmedo López y Sneyder Pinilla deban declarar bajo los apremios del juramento y allí repitan lo que ya dijeron ante los medios sobre el papel de Ortiz en la entrega del dinero a los congresistas.
La base del acuerdo con la Fiscalía es que ellos digan la verdad, lo que tendrá que ser refrendado por un Juez de Garantías.
Por otro lado, el juicio contra Sandra Ortiz empezará con la imputación de cargos ante un Juez de Garantías, que ya solicitó la Fiscalía. En esa diligencia, prevista por el centro de servicios judiciales de Paloquemao para el próximo viernes 29 de noviembre a las 12 del día, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento intramural contra ella, quien seguramente no aceptará la imputación.
A Sandra Ortiz la favorece que no representa un peligro para la sociedad pues, entre otras cosas, ya no ocupa ningún cargo en el Estado y no tiene poder.
En segundo lugar y por la misma razón anterior, que ella no podrá interferir la práctica de pruebas (se supone que ya debieron practicar la mayoría de esas pruebas).
Y tercero, que ella no solamente no va huir de la justicia (o ya lo hubiera hecho) y que, por el contrario, ha mostrado muchas veces su intención de presentarse para explicar sus actuaciones y defenderse.
Aunque muchos jueces toman decisiones dependiendo del ruido que haya en los medios de comunicación, es posible que sus abogados logren salvarla de la prisión.
Para Sandra Ortiz lo mejor que puede ocurrir es que el expresidente de la Cámara y el expresidente del Senado logren demostrar que esas platas nunca llegaron a sus bolsillos, porque esa defensa dejaría sin peso el argumento de que ella fue la mensajera, que le han endilgado.
Seguramente habrá muchas pruebas técnicas y científicas. Los jueces tendrán que determinar si se hicieron los recorridos con el dinero, que los testigos mencionan; cuáles son las pruebas, si hay llamadas telefónicas, testigos, mensajes de Whats App, grabaciones de cámaras de seguridad, etc.
Vienen días largos, audiencias, confrontación de testimonios, lecturas interminables de actas y muchas miradas y frases recriminatorias contra la otrora poderosa Consejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro Urrego.
