En sus casi tres años como Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto solo visitó una vez al departamento de Boyacá, dejando escasos resultados como la captura de unos funcionarios de Corpoboyacá.
Una tormenta institucional causó la renuncia de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación, la cual está siendo estudiada por la corte suprema de Justica y sobre la que se espera haya un pronunciamiento el próximo martes.
Y más allá de las implicaciones a nivel sociopolítico que pueda tener la renuncia de Martínez, desde Boyacá se hace una mirada de su gestión al frente de la ente investigador.
Néstor Humberto fue nombrado en el cargo el 11 de julio de 2016, y desde ese entonces hasta el pasado 15 de mayo, cuando presentó su renuncia, solo apareció una vez por tierras boyacenses.
De su visita se recuerda que dejó esperando por más de tres horas a un auditorio repleto que le espera para darle a conocer múltiples irregularidades en el departamento, pues como tal, el objetivo de su visita era identificar casos de corrupción en lo que denominó como las jornadas de ‘Bolsillos de Cristal’.
En esa visita Martínez habló de priorizar 11 investigaciones en territorio boyacense, aclarando que cinco de esos casos irían a la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre estos las presuntas irregularidades en la contratación para la alimentación escolar, presuntos actos delictivos cometidos por funcionarios judiciales, aparente apropiación de bienes al interior de la Fiscalía, presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la misma Fiscalía y corrupción en la justicia.
Otros cinco casos fueron destinados a la Seccional Boyacá, entre los que se destacaron las presuntas irregularidades en la adquisición de vehículos para la gestión del riesgo, aparentes irregularidades en la ejecución de contratos de obra pública celebrados con el mismo contratista en diferentes municipios de Boyacá, presuntas irregularidades en los procedimientos adelantados por Corpoboyacá, y presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de algunos contratos de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, aunque no se especificó cuál.
También se habló de la asignación a la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, la presunta comisión de delitos ambientales en el Páramo de Rabanal.
A pesar de que Néstor Humberto recalcó en dicha ocasión que en el lapso de una semana se darían a conocer las once investigaciones que serían priorizadas, dicho anuncio nunca se dio.
