Cada vez es más frecuente que los ciudadanos hagan justicia por sus propias manos pero quienes participan en esa forma de homicidio quedan incursos en procesos que están contemplados en el Código Penal. Y podrían pagar años de cárcel.
Los casos registrados recientemente en Tunja, en donde un grupo de taxistas golpeó causando lesiones mortales a una mujer trans; y en Muzo, en donde varios ciudadanos golpearon a un presunto violador de niños hasta dejarlo al borde de la muerte, demuestran la desconfianza en la justicia, pero también el grado de violencia que está afectando a toda la sociedad.
Sobre el tema de los linchamientos hay numerosos estudios y tratados, pues se trata de un fenómeno que ha ocurrido en todas las sociedades y en todos los países desde tiempos inmemoriales. Aunque en muchos casos los propios estados han tenido que reconocer la inoperatividad de sus aparatos judiciales o han tenido abstenerse de imponer castigos punibles a los autores de linchamientos, ese no es el caso de Colombia, en donde la justicia por mano propia se castiga, con concordancia con lo que señala el Código Penal.
El abogado Gilberto Rondón González, especialista en derecho penal, señala que esos linchamientos son delito y que, como tales, si terminan con lesiones generan responsabilidad de los autores de acuerdo con lo que señala el Código Penal para esa conducta; si terminan en situaciones más graves tienen implicación como tentativa de homicidio; y si terminan en muerte, pues es homicidio, delito que contempla hasta 33 años de cárcel.
Según Rondón, para la defensa de una persona involucrada en un linchamiento es muy complicado justificar el hecho porque no hay atenuantes (que disminuyen la gravedad o intensidad de una cosa) pues en esos casos no se puede alegar que se actuó en defensa propia, en legítima defensa o en estado de intensa ira o dolor.
Cuando una persona agrede, causa lesiones personales o la muerte a una persona y demuestra que actuó en legítima defensa, eso se considera un atenuante para rebajar la pena, pero eso no ocurre en el caso de los linchamientos.
“Nadie puede tomar la justicia por mano propia”, insiste Rondón, y asegura que en casos de quienes se involucren en hechos que terminen causando la muerte a otra persona se podría alegar un homicidio simple, que de todas formas tiene contemplado en el Código Penal una pena de 18 años de cárcel.
Hay otro tipo de calificación de la pena es lo conocido como ‘homicidio preterintencional’, que es el que se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede calificarse en ninguno de los supuestos de dolo o imprudencia. Por ejemplo, se produce un homicidio preterintencional cuando alguien quiere lesionar a otro y le causa la muerte. La intención del autor era lesionar, no matar.
En el caso del linchamiento de la mujer trans en Tunja, el gremio de los taxistas expidió un comunicado en el que señaló, entre otras cosas, que la intención de quienes atacaron a la víctima, supuestamente como reacción a un atraco, era lesionar y no causar la muerte.
De todas formas las características de las lesiones causadas o de lo que pudo generar una muerte son determinadas por Medicina legal y será esa entidad la que defina si esos golpes tenían la intención de causar daño o de matar. También es posible que se determine que una víctima tenía una comorbilidad o alguna condición especial que terminó generando el fallecimiento.
Las autoridades de Tunja dijeron esta semana que, a partir de testimonios, identificación de placas de vehículos que llegaron al lugar y de las GPS de las empresas de taxis que ordenaron la movilización para ayudar a un taxista que supuestamente iba a ser atracado, ya está muy cerca de identificar a los taxistas que golpearon a la mujer trans hasta causarle la muerte.
“Si lo mataron entre todos, todos responden por homicidio”, dice el abogado Gilberto Rondón González.
La calificación del delito le corresponde a la Fiscalía, que es la dueña de la acción penal; pero después tendrá que ser valorada por un juez, de acuerdo a la imputación que se le haga a los autores.
