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Este medio día la Juez 3 de Control de Garantías, luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, ordenó a la policía aprehender a la exconsejera para las Regiones y trasladarla a la cárcel de mujeres. Esta medida es un grave antecedente para la situación legal de Carlos Ramón González y será insumo en los procesos de la Corte Suprema contra los expresidentes del Senado y la Cámara.
La Juez tercera de Control de Garantías ordenó este medio día medida preventiva de detención intramural para la Alta Consejera para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova.
Ocurrió al término de más de tres horas de la audiencia que se realiza contra la exfuncionaria del gobierno Petro, quien es sindicada de los delitos de lavado de activos y tráficos de influencias.
Juez Tercera Penal con Función de Conocimiento afirmó que, con base en pruebas prtesentadas por @FiscaliaCol, el delito de tráfico de influencias y lavado de activos sí tienen inferencia razonable en contra de Sandra Ortiz, en el caso de corrupción de #GestiónRiesgo. pic.twitter.com/PN5zw98iq7
— EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) December 18, 2024
Ortiz se convierte así en la funcionaria de más alto rango del actual gobierno en pagar cárcel por los hechos relacionados con las irregularidades con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión y Atención de Riesgos y Desastres, UNGRD.
La medida ordenada por la juez es de cumplimiento inmediato. “Solicito a la Policía hacer la aprehensión con el objeto de dirigirla a la cárcel bajo esta medida de prisión preventiva”, dijo la Juez.
La cárcel El Buen pastor es un centro penitenciario para mujeres ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Su construcción se inició en 1952 y su inauguración se hizo en 1957.
La penitenciaría cuenta con una capacidad para 1.275 presas, pero, de la misma manera que otras cárceles colombianas, sufre de muy altas tasas de hacinamiento.
Al igual que los demás centros penitenciarios civiles de Colombia, su control está en manos del INPEC.
Para justificar su decisión, dijo la Juez que es necesario proteger a la sociedad de una persona que ha demostrado ser parte de organizaciones criminales. También indicó que la severidad de esta medida obedece a La naturaleza de los delitos que se le imputan a Sandra Ortiz.
La medida contra Sandra Ortiz compromete legalmente el futuro de Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien al parecer fue quien dio las ordenes de comprometer recursos que debían ser destinados a prevención y atención de desastres a comprar votos de congresistas a favor de las reformas sociales del gobierno Petro.
Igualmente es un antecedente muy grave para Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, quienes al parecer recibieron recursos de esos actos de corrupción en la UNGRD. Hay investigaciones y procesos vigentes en la Corte Suprema de Justicia en contra de Name, Calle y otros congresistas.
Sandra Ortiz es señalada de ser la mensajera para la entrega de los recursos al Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara.
Hay chats, fotografías y videos de cámaras de vigilancia que demostrarían que Sandra Ortiz fue, en efecto, la encargada de entregar esas coimas a los congresistas, con lo que se buscaba que ellos apoyaran las reformas del Gobierno.
La cárcel del Buena Pastor también ha tenido otras internas ‘ilustres’ como la empresaria y periodista Adriana Arango Muñoz; la representante a la Cámara Aída Merlano; la senadora Consuelo Salgar de Montejo, la representante Eleonora Pineda, la asesina en serie María Concepción Ladino y la abogada y vedette argentina Silvia Gette Ponce.
