Por: Edilberto Rodríguez Araújo– Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC
Y llegó el día…
Como estaba previsto se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo proferido para la adopción de un nuevo sistema de liquidación de matrículas en la UPTC, por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, presidido por su presidente, el magistrado Fabio Iván Afanador. Desde muy temprano más de 500 estudiantes se apostaron frente al Palacio de Justicia de Tunja, coreando cánticos y lanzando arengas. En la sala de audiencias más de medio centenar de personas, entre estudiantes, directivos, funcionarios y profesores, además de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, esperaban la instalación de la audiencia. El presidente del tribunal, hizo su entrada y situó el objeto de la sesión: saber de primera mano si el proyecto (quinta versión) se había socializado a través de “espacio de participación” y, a su, vez, si esta propuesta se ajustaba a los preceptuado en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General).
Acto seguido, luego de subrayar que se percibía un ambiente de insatisfacción, de polarización y desinformación, insistió en conocer la concepción de cada uno de los nueve integrantes del Consejo Superior Universitario-el único ausente fue el representante de los ex rectores, partidario del endurecimiento en el cobro de matrículas- sobre la concepción de universidad pública y su modelo de financiamiento. Como se recordará la decisión se había aplazado el 26 de septiembre, con el temor de incurrir en un desacato.
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— Limonagria. (@RapemeMcCartney) 29 de septiembre de 2017
Así fue la feria de las vanidades
El auditorio estaba expectante. El silencio solo era interrumpido por los gritos de los manifestantes. El primero en intervenir fue el consultor contratado, perteneciente al Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, profesor Gabriel Rueda, quien hizo una exposición deteniéndose en los dos criterios que han guiado este accidentado proceso: 1) las condiciones socioeconómica de los estudiantes, y, 2) las sostenibilidad financiera de la universidad, advirtiendo que “la financiación no se resuelve vía matrícula”. Agregó que el “modelo” propuesto mantiene las cinco variables, al igual que dos componentes, uno fijo y uno variable, de donde resultaría una matrícula mínima de $228.692 y una máxima de $2.810.702. Para el consultor en los próximos seis años la UPTC $269.127 millones, es decir, un promedio anual de alrededor de un poco más de $44,000 millones, lo que se acerca a lo recaudado por matrículas de pregrado el año pasado, cifra que bordea los $40.000 millones, representando más del 12% del presupuesto de la universidad.
El consultor concluyó que los efectos no son neutrales: mientras para el 30,7% de los estudiantes el valor de la matrícula descenderá, para el 9,3% se mantendrá invariable, y para el 60% aumentará, particularmente para los estratos 1 y 2. Esa conclusión no pasó inadvertida y fue una certera estocada para el derrumbe del proyecto. Con eso la propuesta selló su suerte. Luego de esta presentación el presidente del tribunal, formuló varias preguntas sobre la situación financiera de la universidad, sin cifras concretas, pero, catalogada como boyante. Un dato de referencia: entre 2010 y 2016 el superávit presupuestal de la universidad saltó de $8.000 millones a $42.000 millones. Es decir, se quintuplicaron sus cuentas.
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Cada uno de los ocho consejeros pertenecientes a la máxima instancia del gobierno universitario desfiló ante el micrófono del tribunal, comenzando por el gobernador de Boyacá hasta terminar con el representante de los estudiantes. El gobernador Amaya, el delegado del presidente de la República y el presidente del Consejo Superior, al igual que el representante de los egresados, contextualizaron el derecho fundamental de acceso a la educación superior, destacando que el sistema universitario público está desfinanciado desde hace 25 años cuando se expidió la Ley 30, no pudiéndose descargar sobre las familias esta desfinanciación. Agregaron, que las movilizaciones estudiantiles de las últimas dos décadas han estado focalizadas en recabar mayor recursos presupuestales para las universidades públicas. Contrario, a estos, los representantes de las directivas académicas y del sector productivo repitieron el monótono ritornelo de la prioridad de la estabilidad financiera. Los representantes de los profesores y estudiantes fueron ambivalentes ante el dilema de la equidad social y la sostenibilidad financiera.
Un representante de las organizaciones estudiantiles, leyó y explicó un memorial, que contenía, entre otros aspectos, una crítica a la falsa motivación de la propuesta, además de las inconsistencias metodológicas del estudio, con indicadores y ponderaciones sin ningún sustento confiable, desconociendo un principio clave: la progresividad que debe conducir a la gratuidad de la educación superior.
La réplica del magistrado Afanador: “Esto se hizo mal”. “Fue un año perdido”
El ciclo de intervenciones se cerró con las desapacibles respuestas del rector de la universidad a los reparos que formuló el magistrado Afanador, acerca de las llamadas “socializaciones”. Sus palabras estuvieron plagadas de lugares comunes tales como: “las socializaciones nunca serán suficientes”, “por ser estudiantes son inconformes”, “si no se sustituyen los recursos de matrícula la universidad está en riesgo”, “La ventaja es que cualquier estudiante podrá llegar a cualquier carrera”, y así un largo etcétera.
El demandante de la acción de cumplimiento, Francisco Cipagauta, trajo a colación unas declaraciones del presidente del tribunal a un periódico regional, quien había afirmado que la sostenibilidad financiera de la universidad no podía anteponerse al acceso equitativo a la misma. El accionante enfatizó que este proyecto de doble propósito, rompía la esencia de la capacidad de pago, manipulándose las cifras en el estudio con situaciones irreales, que castigaban a los sectores más vulnerables, tradicionalmente excluidos de la oportunidad de cursar estudios universitarios.
Después de los discursos protocolarios del Defensor del Pueblo y de la Procuradora Judicial, el presidente del tribunal interpeló al consultor, para iniciar sus demoledora argumentación para sustentar el incumplimiento de lo acordado, poner en entredicho la pretendidas “socializaciones” y cuestionar la responsabilidad del Consejo Superior, instancia que tuvo un año para acatar lo dispuesto en su sentencia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, confirmada, posteriormente, por el Consejo de Estado.
“Terminamos castigando
a los estratos 1 y 2”
El magistrado Afanador sostuvo que “pusimos a discutir este tema a miles y miles de personas”. De repente sacó su as argumentativo diciendo que al 76% de los estratos 1 y 2 se le subirá el 50%, aumentando la pobreza y la desigualdad en un departamento como Boyacá. El alto funcionario judicial fue más allá cuando sentenció: “esto se hizo mal”, “fue un año perdido”, preguntándose “¿por qué llegamos a esto?”, respondiéndose: “yo lamento que hayamos llegado a extremos impensables”, “terminamos castigando a los estratos 1 y 2”, añadiendo: fue “una demanda bien intencionada, aplicada de manera incorrecta”, “no hubo socialización de calidad”.
En un extenso alegato el presidente del tribunal concluyó que “el juez constitucional no puede estar de espaldas de la comunidad”, para referirse al carácter regresivo de la propuesta, que contraría la progresividad, afirmando que un cambio normativo no puede significar un retroceso. Luego, puntualizó en la almendra del problema: la universidad condicionó los resultados del estudio a la sostenibilidad financiera, desnaturalizando la aplicación del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2015; siendo notorio que prevaleció una preocupación por mantener los ingresos por matrícula, sobre la igualdad de oportunidades en educación superior.
Después del jalón de orejas al rector y al equipo directivo de la universidad, el magistrado Afanador, anunció que concedería un plazo de mes y medio (hasta el 17 de noviembre) para presentar una nueva propuesta, con la participación real de los estudiantes, excluidos de las “socializaciones” formales. Sin embargo, algunos integrantes del Consejo Superior solicitaron un plazo más amplio, por lo que el magistrado Afanador, terminó aceptando prorrogar hasta el 29 de noviembre la entrega en una audiencia de verificación de cumplimiento del proyecto final, sin antes advertir, que este proceso debía contar con la transparencia, la publicidad y la participación de las que este simulacro de “socialización” careció.
Así las cosas, la universidad deberá expedir el acto administrativo (Acuerdo), antes del 1 de diciembre, para que el nuevo sistema rija desde el primer semestre de 2018. Las sesiones del Consejo Superior que aborden el tema de las matrículas, según lo exigió el togado, serán públicas, y a lo largo de los próximos dos meses la participación no tendrá restricciones, divulgándose documentos y actuaciones de todos quienes intervengan en esta nueva e improrrogable fase. Es el fin del secretismo con que se manejó este fallido y desatinado proceso.
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Y, ahora ¿qué?
La audiencia del viernes pasado dejó ganadores y perdedores. Los ganadores fueron, indudablemente, los estudiantes, quienes juiciosamente analizaron las propuestas divulgadas restringidamente e hicieron contrapropuestas. Las movilizaciones fueron determinantes para aplazar una decisión que se anticipaba se aprobaría por parte de un Consejo Superior, que no disponía ni de la información ni de la convicción de las bondades de la misma. A su vez, ganaron en protagonismo algunos integrantes del Consejo Superior, que se apartaron del polo hegemónico, que de tiempo atrás ha marcado el accionar de este organismo.
De otro lado, los perdedores fueron el rector y los directivos de la universidad, cuyos argumentos fueron deleznables. Sus intervenciones hicieron sentir vergüenza ajena a los mudos asistentes a la audiencia. Aquí campearon la imprevisión y la improvisación. Las vehementes advertencias del presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá fueron contundentes. La universidad falló. Una segunda falla implicaría graves consecuencias.
