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Avanza a esta hora en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, la audiencia en la que se definirá si la exconsejera para las Regiones irá a la cárcel por los delitos de activos y tráfico de influencias.
La Procuraduría General de la Nación se unió a la Fiscalía y también pidió cárcel para la exconsejera para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, acusada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
El procurador delegado Mario Gómez expuso las razones para pedir cárcel contra Ortiz. Dijo que «no reúne las exigencias para ostentar la calidad de madre cabeza de hogar», razón por la que solicitó a la jueza se acceda a la petición de la Fiscalía y se dicte medida de aseguramiento.
Esta mañana, acompañada por su abogado, Sandra Ortiz, visiblemente afectada llegó a la audiencia, que se efectúa en el complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá.
Hoy la Juez de Garantías tomará una decisión sobre si la exconsejera será enviada a la cárcel o no. La más alta funcionaria del gobierno Petro vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se ha declarado inocente de los delitos que le sindican.
La también exsenadora boyacense de la Alianza Verde es señalada de ser la mensajera entre el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y la UNGRD para direccionar ilegalmente recursos de esta bolsa y favorecer la aprobación de las reformas del Ejecutivo.
La Fiscalía ha presentado las pruebas que la incriminan de ser la emisaria de una coima por 3.000 millones de pesos, entregada a Iván Name, expresidente del Senado, para este propósito.
La versión es respaldada por los exdirectivos de la Unidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron escuchados por la Corte Suprema y ya han acordado un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos aseguran haber tenido reuniones con Ortiz para pactar el entramado corrupto.
La jueza reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que pidió la Fiscalía en contra de la exconsejera Ortiz, procesada por lavado de activos y tráfico de influencias. Se ordenó cerrar la sala. La audiencia es pública pero presencialmente solamente estarán las partes.
