Además de Mesa Romero, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra otros tres interventores de la EPS: Gloria Libia Polanía Aguillón, Julio César Piñeros Cruz y Carlos Eduardo Franco Muñoz.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al agente interventor de Coosalud EPS S.A., Alexander Mesa Romero, por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de salud y por el posible deterioro financiero de la entidad durante el proceso de intervención.
La medida fue adoptada por la Delegada Disciplinaria de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa, dentro de una investigación orientada a establecer responsabilidades en las fallas detectadas en la gestión de la EPS, así como en el manejo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios del sistema de salud.
Mesa Romero es médico cirujano, oriundo de Boyacá, con especializaciones en Gerencia de la Salud Pública y en Gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, además de una maestría en Calidad de Servicios de Salud. En su trayectoria profesional ha ocupado cargos como gerente general de la E.S.E. Santiago de Tunja, subgerente científico de la E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté, subgerente científico del Hospital Regional de Moniquirá, coordinador de auditoría de Medisalud U.T. y asesor asistencial de la Gerencia de la Subred Centro Oriente de Bogotá.
De manera paralela, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el propio Mesa Romero y contra los también agentes interventores de Coosalud EPS S.A. Gloria Libia Polanía Aguillón, Julio César Piñeros Cruz y Carlos Eduardo Franco Muñoz, con el fin de determinar su posible responsabilidad en las falencias registradas en la prestación del servicio a los afiliados y en el incremento de las pérdidas patrimoniales de la entidad.
Según el seguimiento realizado por el Ministerio Público, la intervención de Coosalud no habría logrado garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento del aseguramiento en salud. Entre las situaciones advertidas se encuentran el aumento de quejas y reclamos de los usuarios, retrasos en diagnósticos y tratamientos, así como dificultades en la entrega oportuna de medicamentos.
Dentro de la actuación disciplinaria, el ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales y otras diligencias con el propósito de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos investigados.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas recientemente por la Procuraduría frente a las entidades intervenidas del sistema de salud. El pasado 2 de marzo, el organismo también ordenó la suspensión provisional por tres meses de los agentes interventores de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), Carlos Alberto Betancur Castañeda, y de Savia Salud EPS, William Humberto Salgado Gamboa.
Ante la crisis que atraviesa el sistema de salud en el país, la Procuraduría ha intensificado desde el año pasado las visitas de inspección a las EPS con el fin de evaluar el estado del aseguramiento. Como resultado de esas actuaciones y del deterioro progresivo en la calidad del servicio —que ha dejado a miles de pacientes con dificultades para acceder a atención médica y medicamentos— el ente de control ha iniciado diversas investigaciones disciplinarias para evitar que se profundicen los riesgos sistémicos derivados de una eventual mala administración durante los procesos de intervención.
