El contrato fue adjudicado en los últimos días de la administración encargada de Tunja, en medio de cuestionamientos por los plazos de selección, las exigencias a los proponentes y los recursos destinados a los artistas locales. La Procuraduría abrió una indagación previa por posibles irregularidades en la planeación y selección del contratista. El alcalde Rafael Acevedo ya había anunciado una revisión jurídica del convenio.
La contratación del Aguinaldo Boyacense 2026, que desde julio había generado controversia en Tunja, está ahora bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.
El organismo de control abrió una indagación previa contra servidores públicos por identificar de la Alcaldía de Tunja, ante posibles irregularidades en la estructuración de los estudios previos y en la selección del contratista encargado de organizar la edición 71 de la tradicional celebración decembrina.
El proceso, por $10.000 millones de recursos municipales, fue adelantado durante los últimos días del gobierno de la alcaldesa encargada María Paula Jiménez Gómez, poco antes de las elecciones atípicas del 26 de julio.
La contratación comenzó a despertar inquietudes desde su publicación en SECOP II, el 17 de julio. El plazo para presentar ofertas vencía apenas cinco días después, el 22 de julio, circunstancia que provocó cuestionamientos en el Concejo de Tunja y entre representantes del sector cultural.
Las críticas no se limitaron a los tiempos. Artistas y gestores culturales denunciaron que algunas exigencias de experiencia, como la contratación de artistas ganadores de premios Grammy o la realización de espectáculos internacionales, podrían restringir la participación de operadores locales.
El consejero municipal de Cultura Yair Merchán aseguró entonces que apenas cerca del 3 % del presupuesto estaba previsto para la oferta artística local, mientras la mayor parte de los recursos se destinaría a otros componentes de la celebración.
Ante los cuestionamientos, María Paula Jiménez defendió públicamente el procedimiento. Aseguró que se trataba de una convocatoria pública adelantada conforme al Decreto 092 de 2017 y que la magnitud del Aguinaldo exigía una planeación anticipada.
Posteriormente, el alcalde Rafael Acevedo Pedroza anunció que su administración estaba revisando jurídicamente el contrato heredado, para establecer las obligaciones adquiridas por el municipio y las condiciones de ejecución.
Ahora, según la información divulgada por la Procuraduría, las posibles anomalías estarían relacionadas con la falta de reglas claras y de precisión sobre los costos y la calidad de los servicios contratados, circunstancias que podrían comprometer los principios de transparencia y planeación contractual.
El organismo disciplinario ordenó practicar pruebas para establecer si existieron faltas y determinar la eventual responsabilidad de servidores públicos.
La indagación previa no significa que se haya demostrado una irregularidad ni que exista una sanción contra la exalcaldesa o los funcionarios que participaron en el proceso.
A poco más de dos meses de la celebración, el caso abre nuevos interrogantes sobre la contratación de la principal fiesta de los tunjanos y las responsabilidades que asumió la administración municipal.
