El Ministerio Público solicita, como medida provisional parar evitar un perjuicio irremediable, exigir a las administraciones municipales que comiencen de inmediato la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Procuraduría General de la Nación instauró siete acciones de tutela contra el gobernador de Boyacá y los alcaldes de Chitaraque, Coper, La Victoria, Muzo, Quípama, San Pablo de Borbur y Santa María, con el fin de reclamar protección constitucional para 5.676 estudiantes de esos municipios que hasta el momento no han recibido los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Mediante estas acciones legales, el Ministerio Público está solicitando a los jueces, como medida provisional para evitar un perjuicio irremediable, exigir a las administraciones municipales que comiencen de inmediato y utilizando los medios que sean necesarios, la entrega del PAE mientras resuelven los inconvenientes que se hayan podido presentar con sus diferentes proveedores.
“Cada día que pasa sin contar con la prestación de este indispensable servicio a cargo del Estado, se incrementa el riesgo de que se presenten más situaciones de ausentismo a clases, de deserción escolar, se deteriore la calidad de vida de los estudiantes y se presenten más casos de desnutrición y de múltiples problemas de aprendizaje”, se argumenta en la tutela.
También pide que se ponga un término perentorio e improrrogable a gobernador y alcaldes para que sus contratistas empiecen a prestar el servicio PAE y lo garanticen hasta el final del calendario escolar 2023.
Finalmente, la Procuraduría solicita que se ordene a los personeros municipales, como integrantes del Ministerio Público, cumplir con las funciones de control y seguimiento al fallo de tutela.
