El Ministerio Público busca determinar posibles responsables por omisión en los trámites para otorgar seguridad frente a las amenazas recibidas por la lideresa.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar para establecer posibles responsables por omisiones de funcionarios públicos, relacionadas con las medidas de protección que se debían brindar a la lideres social, Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, situación que trajo consigo el intento de feminicidio en su contra el pasado 10 de abril en Tunja, tras recibir ataque con ácido afectando gravemente su rostro y cuerpo.
Según pudo establecer el Ministerio Público, por parte de diferentes autoridades se habría solicitado en varias ocasiones a la Unidad Nacional de Protección (UNP), medidas de protección y un esquema de seguridad por riesgo extraordinario para la lideresa, que nunca se materializaron.
Entre las pruebas ordenadas por la provincial Tunja para determinar si procede a iniciar investigación disciplinaria, están un informe policial detallado sobre cómo ocurrió el ataque y cómo fue atendido por la fuerza disponible, así como las copias de las solicitudes de protección hechas por la Policía y por ella de manera personal a la UNP y las respuestas entregadas por esa entidad.
