Fueron citados el operador del contrato, el supervisor y el Alcalde para tomar las medidas con el fin de resolver las falencias y de esa manera garantizar los derechos alimentarios de los estudiantes.
Durante una visita de rutina a las instalaciones de la Institución Educativa Haydee Camacho de Toguí, en cuya cocina se preparan los alimentos que entrega el contratista del PAE a 14 sedes escolares de ese municipio, el Grupo Especial para Seguimiento al Sistema General de Regalías (GES – SGR) de la Procuraduría, advirtió que las existencias de pollo con las que se prepararían los alimentos que se entregarían durante la semana del 10 al 15 de abril tenían como fecha de caducidad el 6 de abril.
De inmediato el GES-SGR informó a la Procuraduría Regional Boyacá, quien a su vez alertó a las autoridades municipales encargadas de supervisar al operador del Programa de Alimentación Escolar y programó una nueva visita para verificar que las existencias de pollo vencidas hubieran sido desechadas y cambiadas por producto en buen estado.
En la visita del procurador regional el 10 de abril, se constató que el pollo descompuesto fue cambiado por otro en buen estado, pero se encontraron otra serie de irregularidades como que los equipos de refrigeración para carnes son insuficientes y algunos se encuentran dañados, los purificadores de agua no reciben el manteamiento adecuado, las personas encargadas de cocinar no cuentan con certificados de manipulación de alimentos vigentes y el contratista les adeuda salarios desde que comenzó el contrato 2023 . Esto además de que las instalaciones de la cocina están bastante deterioradas.
Frente a esta situación la Procuraduría regional Boyacá citó una reunión urgente con el operador del contrato, el supervisor y el alcalde del municipio, para tomar medidas inmediatas con el fin de resolver estas falencias y garantizar los derechos alimentarios de los estudiantes entregando los alimentos en buen estado y a tiempo.
También pidió a la personería municipal realizar controles permanentes en todas las sedes educativas y realizar los requerimientos necesarios para evitar que esa situación se vuelva a presentar.