La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría realizó inspección disciplinaria en la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales, para esclarecer posibles irregularidades en la administración de los bienes de la mafia en el país. De igual manera, se abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la entidad, con el fin de identificar posibles autores y su responsabilidad disciplinaria.
La Procuradora General de la Nación designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), para iniciar actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el inventario de los bienes provenientes de la mafia y organizaciones criminales que hacen parte de la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
La DNIE abrió indagación previa contra servidores por determinar y llevó a cabo una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones en la sede principal en Bogotá, la cual contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.
En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:
No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.
No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.
Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.
Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.
Con estas acciones, la Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.
