La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al contralor de Boyacá y a ocho miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la entidad, por presuntas irregularidades en la destinación de recursos público.
El órgano de control endilgó cargos al contralor, como presidente de la junta directiva del fondo; al secretario general de la entidad, Enrique Monroy Pachón; a la directora Administrativa, Luz Ángela García Galindo; a la subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable, Mónica Yasmith Buitrago; al jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Orlando Jeremías Rivera; al director Administrativo, Jorge Luis Rodríguez Vega; a Yaneth López Pulido y Adolfo Quintana, quienes actuaron como representantes de los empleados, y a María Stella Rondón como líder del COPASST, todos miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.
Para la Procuraduría, los disciplinados habrían desconocido los principios que regulan la contratación estatal, al suscribir el Acta No. 010 del 14 de noviembre de 2017, en la que se autorizó contratar el viaje a Panamá para 82 funcionarios, como una actividad de bienestar e integración de la planta global de la Contraloría.
En el primer cargo, el órgano de control reprochó a los funcionarios por permitir el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría, así como la contratación de la actividad realizada entre el 3 y 5 de marzo de 2018, sin el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ley y el uso de la modalidad contractual de forma indebida, violando, al parecer, los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.
En el segundo cargo, la Procuraduría cuestionó a los disciplinados porque habrían permitido que personas ajenas a la Contraloría se beneficiaran de recursos públicos de la entidad, teniendo en cuenta que aprobaron la participación de exfuncionarios y personas que al momento de la realización del evento eran ajenas al ente de control fiscal.
Las presuntas faltas fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de dolo.
En un tercer cargo, el Ministerio Público advirtió una presunta omisión en el control de la actividad contractual, lo que permitió el viaje de Alejandro Martínez Manchego, quien se desempeñaba como aprendiz y su condición laboral no era objeto del contrato suscrito por el Fondo de Bienestar Social. Además, reprochó la falta de control y gestión para evitar que se perdieran dineros por la inasistencia de otro funcionario al mencionado evento, al no tramitar la solicitud de devolución de los recursos.
El órgano de control calificó las faltas, presuntamente cometidas por el contralor Pablo Augusto Gutierrez, Enrique Monroy Pachón y Orlando Jeremías Rivera como graves a título de culpa.
Vale la pena recordar que, el polémico viaje, tuvo un costo de más de 137 millones de pesos y cubrió los gastos de 82 funcionarios.
