Así lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación, la cual considera que el director encargado tuvo que ver en presuntas irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II.
Nuevamente las corporaciones autónomas regionales se encuentran en el ojo del huracán por malos procesos en la contratación de distintas obras de impacto ambiental. En esta oportunidad, la CAR Cundimarca, la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Emserchía, y la alcaldía, suscribieron un convenio por 35 mil millones para la construcción de una PTAR. Según la Procuraduría, dicho convenio no estaba en condiciones de ser ejecutado.
“Los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones (…) esa situación debió preverse antes de la firma del convenio, en 2015, en razón a que las normas que rigen los procesos contractuales deben cumplirse con estricto rigor, pues es la forma de garantizar el cumplimiento del interés general que constituye la finalidad de todo proceso de contratación, y así evitar retrasos en las obras o adiciones en el valor de las mismas”, indicó el Ministerio Público.
Para el órgano de control, se violó “el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad, toda vez que el objetivo del convenio no fue posible ejecutarlo a partir de los estudios y diseños que se tenían al momento de su firma, lo que ocasionó que la construcción solo se iniciara tres años después de la suscripción del documento”.
La Procuraduría calificó la conducta de Franco González como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia fue apelado por el disciplinado.
Eso se venía gestando de hace un tiempo, las inversiones que hace la Car no corresponden a los ingresos que reciben, me imagino el fraude y los entes de control miran para otro lado. Así están la mayoría de las instituciones del estado focos de corrupcion.