Al presentarse un boom económico, especialmente de carbón y oro, algunas minas extenderían sus jornadas laborales, y es probable que las medidas de seguridad no se manejen de manera responsable, lo que incrementaría estas emergencias, que en Colombia alcanzan cifras alarmantes.
Esta es una de las variables consideradas por el Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin), de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, para crear tres modelos estadísticos que pudieran predecir los accidentes y muertes en las minas subterráneas.
“Los minerales son commodities, es decir que pueden subir o bajar el precio. Estábamos casi seguros de que al subir el precio se iban a presentar más fatalidades, porque los mineros iban a aprovechar esa temporada y a trabajar de forma más irresponsable”, menciona la ingeniera de Minas y Metalurgia Tatiana Galvis, de la UNAL.
Al comparar la minería colombiana con la de otros países de la región, la nuestra resulta ser “inmadura”. Por ejemplo, mientras acá el índice de accidentes mineros para 2019 fue de 1,5, en países como Perú, Chile o Estados Unidos es de 0,03 a 0,06, una diferencia abismal.
Para crear los modelos estadísticos que pudieran predecir estos eventos se identificaron variables que incidieran en estos, como las fechas de los accidentes, los minerales asociados, el estado jurídico de las minas, los departamentos en los que ocurren más eventos, y la relación del precio del carbón con el número de fallecidos.
Así mismo, se evaluaron los eventos de 2005 a 2018 con información de los reportes de la Agencia Nacional de Minería –máxima autoridad en minas del país– y se separaron los datos: una mitad para entrenar el software encargado de procesarlos, y la otra para comprobar si las ecuaciones estaban ajustadas a la realidad.
“Teniendo más parámetros se pueden precisar los resultados y ajustarlos a la realidad. Este ejercicio es prometedor. Necesitamos equipos más especializados y más datos del sector para tener en cuenta todas las variables”, dice la investigadora Galvis, pues los resultados demostraron la misma tendencia de los datos existentes, pero sobreestimaron el número de accidentes, es decir que mientras en 2016 se presentaron 51 decesos, las ecuaciones que crearon predicen 82 o 90: sí identifica el pico, mas no la cantidad.
De la información a la acción
Desde 2005 la autoridad minera está recopilando información sobre los eventos fatales en el sector, además lideró la actualización al reglamento de seguridad en las labores y fortaleció la fiscalización minera, entre otros aspectos. No obstante, la tendencia al aumento de este fenómeno no ha disminuido.
En 2019, los títulos mineros clasificados como mediana y pequeña minería aportaron el 63 % de las fatalidades y el 37 % restante fue aportado por minería ilegal. “La situación de seguridad resulta preocupante. No es suficiente recopilar información, si a partir de estos datos no se toman acciones claras y multidisciplinares que garanticen la aplicación de normas en seguridad laboral”, señala la ingeniera Galvis.
Las incidencias siguen en alza, en especial en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, que son los grandes productores de carbón y oro del país. Para estas regiones es importante generar una política diferencial que tenga en cuenta el tipo de escala de la minería, la ubicación y la causa de las muertes para hacerle frente a las emergencias.
