No para la tormenta Verde. Integrantes del Partido habrían firmado una petición solicitando a las directivas de la colectividad, la expulsión inmediata de Sandra Ortiz e Iván Name. «Hay investigaciones por temas de Los Rastrojos, cercanía con esmeralderos», dice el senador Ávila. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le responde: «¿Por qué entonces no exigen también la salida de Claudia López y Angelica Lozano?»
Integrantes del Partido Alianza Verde se pronunciaron sobre las peticiones que tienen al partido frente al escándalo de corrupción de la Ungrd, para según dicen, poder tener garantías de permanecer en el Partido. Según el senador Ariel Ávila, serían más de 100 integrantes de la colectividad quienes firmaron una carta en la que exigen a las directivas de la misma, la expulsión inmediata de Iván Name y Sandra Ortiz.
«Junto al concejal @trianavjuli , el directivo @AntonioSanguino y más de 100 integrantes del partido Alianza Verde le exigimos a las directivas del mismo la expulsión inmediata de Iván Name y Sandra Ortiz», escribió en X, el senador Ávila.
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El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aprovechó para responderle a través de X: «Sandra Ortiz e Iván Name están sindicados. ¿Por qué entonces no exigen también la salida de Claudia Lopez y Angelica Lozano que también están sindicadas de corrupción?«
Frente al caso de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Fiscalía la llamó a interrogatorio en medio de una investigación 12 mil millones de pesos del metro de Bogotá, que se habrían ido a la campaña política de Angélica Lozano al Congreso.
López rindió interrogatorio el pasado 16 de mayo ante la Corte Suprema de Justicia para responder a las denuncias de los supuestos desvíos de dinero de la primera línea del metro a la campaña del Congreso de su esposa Angélica Lozano. En el interrogatorio que terminó después de medio día, la exalcaldesa estuvo acompañada de su representante legal y también de un delegado de la Procuraduría general de la Nación.
La Fiscalía tendría varias interceptaciones telefónicas en las que interlocutores hablan de los supuestos desvíos de dinero, a cambio de garantizar permanencia y contratación en el proyecto del Metro. Ahora este ente deberá determinar cuál es el alcance de las evidencias, y determinar si se vincula formalmente a la investigación o definitivamente se le separa del proceso.
