A la represa llegan las aguas residuales de Tunja, Cómbita, Oicatá y Tuta y los vertimientos de agua generados por los centros penitenciarios y carcelarios El Barne y Combita. La situación tiene afectados a cerca de 6000 habitantes de la región.
La Defensoría del Pueblo, entidad garante de los derechos humanos en el territorio nacional también instó a Corpoboyacá, la Agencia de Desarrollo Rural y Usochicamocha a adelantar mecanismos técnicamente viables que permitan descontaminar el embalse.
“Hago un un llamado a las entidades gubernamentales, en particular al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que destine los recursos que permitan terminar el cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en Tunja y sean construidas las correspondientes en Cómbita, Oicatá y Tuta, en Boyacá, para disminuir la carga contaminante que llega al embalse La Playa”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La solicitud la hizo luego de un trabajo realizado en terreno: “Nos reunimos con las comunidades que nos solicitaron verificar la contaminación presentada en el embalse; también con los voceros de los cinco municipios del departamento afectados, quienes nos pidieron interceder para que las entidades cumplan con lo ordenado en la acción popular interpuesta hace 23 años”.
En la visita del Defensor del Pueblo y su equipo técnico al embalse, la entidad evidenció malos olores, mosquitos y zancudos por cuenta de las aguas residuales que llegan de los municipios de Cómbita, Tunja, Oicatá y Tuta y los vertimientos de agua generados por los centros penitenciarios y carcelarios El Barne y Cómbita, los cuales han generado un escenario de eutrofización. Esto ha causado la proliferación del buchón de agua, que ha invadido gran parte del espejo de agua de La Playa.
“Toda esta situación tiene afectados a cerca de 6000 habitantes de la región, y es oportuno señalar que uno de los factores que genera mayor contaminación en la represa es el no estar consolidados la construcción y puesta en marcha del cuarto módulo de la PTAR de la capital de los boyacenses”, precisó Carlos Camargo Assis.
Así mismo, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tomar las medidas pertinentes para garantizar que las plantas de tratamiento de las cárceles El Barne y Cómbita cumplan con los límites normativos vigentes y soliciten el permiso de vertimientos para que, de esta manera, no afecten a las comunidades.
“También hago un llamado a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que adelanten mecanismos que sean técnicamente viables para la descontaminación del embalse, la gestión del buchón de agua, y para que se hagan periódicamente las fumigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a las que se les están afectando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”, indicó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo, como lo ha hecho a lo largo de 20 años, continuará haciéndole seguimiento al caso y acompañando las audiencias convocadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y las inspecciones que se adelanten tanto en la represa como en la PTAR de Tunja.
