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La Constitución Política de 1991, en sus artículos 2, 70 y 71, establece que el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país, avance significativo para garantizar los derechos de la ciudadanía. En este marco constitucional el Estado tiene el deber de promover el acceso a la cultura, asegurando la igualdad de oportunidades a lo largo del proceso de construcción de la identidad nacional.
Este compromiso estatal se materializa a través de incentivos y estímulos especiales para las personas e instituciones que desarrollan la ciencia, la tecnología y las diversas manifestaciones culturales. La cultura, en todas sus formas, es considerada oficialmente como el fundamento de la nacionalidad y constituye un pilar esencial en la búsqueda del conocimiento y la libre expresión artística, un principio que debe ser incluido en todos los planes de desarrollo de la administración pública.
La Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), la Ley 666 de 2001 (Ley de la Estampilla Procultura) y la Ley 1185 de 2008 (Ley del Patrimonio Cultural) son ejemplos claros de cómo las disposiciones constitucionales se traducen en normas operativas. Estas leyes han jugado un papel principal en la construcción de políticas públicas territoriales, reconociendo la diversidad cultural del país. Marcadas por la multiculturalidad, la biodiversidad y una historia compleja, estas políticas son herramientas decisivas para promover el desarrollo social y la cohesión en los diferentes municipios del país.
Un enfoque para la diversidad
Colombia es destacada en el mundo por su historia y su geografía, por la coexistencia de una multitud de identidades étnicas que enriquecen su cultura. En nuestro territorio conviven comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas mestizas, palenqueras, raizales, así como identidades de género y tribus urbanas. Esta diversidad plantea la necesidad de fortalecer las políticas culturales territoriales con enfoques y programas que garanticen a la ciudadanía el acceso a sus derechos culturales, el reconocimiento y la protección de su patrimonio, tanto material como inmaterial.
Es importante recordar que la cultura es dinámica, no estática ni únicamente una tradición heredada de los antepasados. La cultura se construye constantemente a través de la interacción de los individuos con otras culturas. Las nuevas expresiones y prácticas culturales de contextos socioeconómicos y espacios temporales específicos, deben ser reconocidas y vinculadas al Sistema Nacional de Cultura, promoviendo la inclusión de todas las formas de expresión y la valoración de la diversidad.
Cultura, turismo y economía
La reactivación económica de cualquier municipio, requiere una fuerte inversión tanto en términos de educación y cultura como de infraestructura para lograr un impacto significativo. Es importante convocar el apoyo combinado de la empresa pública y privada como estrategia de inversión sostenible, si lo que se pretende realmente es la reactivación económica del territorio a través del turismo de manera responsable, fuente generadora de empleo y oportunidades de crecimiento para todos los actores involucrados: artistas, gestores, artesanos, empresarios y prestadores de servicios. Por el contrario, persistir en estrategias de explotación salvaje del turismo sin inversión en lo fundamental, seguirá siendo un fracaso anunciado.
Tensiones en el campo cultural
El campo cultural enfrenta tensiones que derivan de los diferentes actores e intereses que intervienen en el proceso de la gestión cultural. Entre los desafíos más importantes se encuentran la falta de personal capacitado para desempeñar cargos públicos como funcionarios o contratistas del Estado, la escasez de recursos, y las dificultades que enfrentan artistas, gestores y artesanos para acceder a ellos. Los trámites burocráticos excesivos y la corrupción que dificultan e impiden el acceso a los recursos destinados a la cultura.
A este conflicto permanente se suma el desinterés de muchos integrantes del sector cultural por vincularse a procesos de capacitación y profesionalización, lo que evidencia un alarmante desconocimiento de la normatividad, los mecanismos de gestión y las formas de emprendimiento cultural en el país. Situación que agudiza y deteriora la relación entre los actores culturales y los servidores públicos en la “primera línea”, quienes generalmente, no tienen el poder de tomar decisiones, pero son clave en la implementación de las políticas. Este desajuste afecta directamente a las comunidades y demuestra que, aunque las políticas públicas de cultura buscan reconstruir el tejido social, su efectividad se ve limitada por la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y la lentitud en la implementación de acciones concretas.
Desafíos y perspectivas
Es urgente que los gobiernos locales se comprometan con la operativización de manera efectiva de las políticas públicas de cultura, activando los Consejos Municipales de Cultura en condiciones dignas y, de ser posible, con incentivos que compensen el arduo trabajo no remunerado de los consejeros. Además, se debe continuar con la búsqueda de diversas fuentes de financiación y planificar de manera estratégica la agenda cultural, garantizando la descentralización de los recursos y un equilibrio entre la preservación de las tradiciones y el reconocimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales de la modernidad.
El fortalecimiento de la participación comunitaria es un paso clave hacia la construcción de una sociedad más comprensiva, respetuosa de la diversidad y comprometida con la transformación social. Solo a través de políticas públicas transparentes y un enfoque inclusivo podremos renovar la confianza de la ciudadanía en el Estado, proyectar un futuro de cooperación entre creadores e instituciones públicas y privadas y organizaciones del tercer sector para encaminar el desarrollo cultural.
En conclusión
La cultura es un derecho fundamental que nos pertenece a todos y su inclusión en las políticas públicas es esencial para garantizar su preservación y desarrollo. La ciudad de Tunja, con su rico patrimonio cultural, tiene la oportunidad de potenciar sus expresiones artísticas y culturales como un motor de cohesión social y reactivación económica. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario superar los desafíos actuales y avanzar en la implementación efectiva de políticas públicas que garanticen la financiación, el acceso de la ciudadanía a sus derechos culturales y la profesionalización del sector.
