La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra funcionarios de la Gobernación de Boyacá 2012-2015) por presuntas irregularidades en compra de un lote por $1.518 millones.
Por presuntas irregularidades en la compra de un lote para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los siguientes funcionarios: María Anayme Barón Durán, secretaria de Hacienda y Delegada para la contratación de Boyacá; Yanneth Álvarez Moreno, Directora de Planeación Territorial; Mario Orlando Niño Avendaño, Secretario de Minas y Energía y, Luis Gerardo Pérez Villamarín, funcionario de Minas y energía.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, los estudios de prefactibilidad y el plan maestro para la construcción del parque, recomendaron adquirir el lote en el municipio de Tópaga, incluyendo la ubicación exacta del terreno, de 32.200 metros cuadrados, y un diseño preliminar de las instalaciones físicas que lo conformarían.
Con esta información y sin una confirmación previa sobre las características del predio, la Gobernación de Boyacá contrató un experto de Asolonjas para la elaboración del avalúo comercial, que arrojó un precio de $1.518.200.000.
El lote fue comprado y pagado al final del período gubernamental año 2015, comprometiendo además recursos de la vigencia 2016, y tan solo en el 2017, cuando funcionarios de la nueva administración, adscritos a las Secretarías de Minas e Infraestructura hicieron una visita técnica de reconocimiento, encontraron una serie de irregularidades como, existencia de una vía que lo atraviesa, riachuelos que lo recorren, terreno con cárcavas que lo mantienen anegado y, algunas explotaciones mineras con títulos vigentes.
Adicionalmente sin la certeza sobre sus verdaderos linderos.
“No es entendible como dentro del avalúo, no existen coordenadas exactas ni linderos definidos y, sobre todo, se acepta un plano suministrado por el vendedor donde no se indican áreas, tampoco se describe la existencia de corrientes de aguas producto de la actividad extractiva de arenas, mucho menos las cárcavas que surgieron de dicho proceso”, se asegura en la providencia.
Una revisión posterior sobre el proceso de avalúo concluyó que, además, el precio pagado resultó mucho mayor que el real, un lote que debió costar cerca de $427 millones, casi cuadriplicó su precio.
“Siendo un predio con intereses públicos, el valor comercial no debía superar el doble del valor catastral del metro cuadrado, que era de $13.285; sin embargo, en el avalúo comercial el valor adoptado fue de $47.444,72 por metro cuadrado”, se concluye en el auto.
Según la Procuraduría, los funcionarios habrían incurrido en presunta falta disciplinaria al participar en la etapa precontractual, aprobar los estudios previos, y celebrar contrato de compra sin que dicho predio correspondiera con las características de inmueble establecidas en los estudios de prefactibilidad y plan maestro para la creación de parques científicos, tecnológicos y de innovación de los sectores minero energético y agroindustrial en el departamento de Boyacá.
Las conductas se calificaron provisionalmente como gravísimas a título de dolo.
