El representante a la Cámara del Pacto Histórico manifestó su apoyo a la iniciativa y asegura que, aunque el consumo personal está despenalizado, la producción y venta siguen siendo ilegales por lo que los consumidores terminan fortaleciendo a las mafias.
El representante a la Cámara por Boyacá Pedro José Suárez Vacca manifestó ayer su respaldo al proyecto que regula el uso adulto de la marihuana en Colombia.
Suárez Vacca informó que en la Comisión Primera fue aprobado en primer debate el proyecto que regula el uso adulto del cannabis (marihuana).
Según dijo, esta iniciativa es importante porque hoy en Colombia pasa algo absurdo: “El consumo personal está despenalizado, pero la producción y venta siguen siendo ilegales”.
El resultado, explica Suárez Vacca, es que los consumidores terminan en mercados ilegales, fortaleciendo a las mafias.
“Con este Proyecto pasamos de perseguir a la gente a cuidar su salud. “Sí, las sustancias tienen riesgos, pero la clave no es criminalizar sino prevenir, educar, fortalecer el sistema de salud”, dijo el Congresista.
Agregó que, además, regular el cannabis genera nuevos ingresos para el Estado, plata que puede ir a programas de salud, educación y prevención, en lugar de seguir en los bolsillos de grupos ilegales.
Finalmente señaló que, lo más importante: “se le quitará el negocio a las mafias, las rentas que hoy se mueven en la ilegalidad pasarán a la industria legal y al Estado. Eso significa menos violencia en los territorios. En resumen: la aspersión fracasó. La prohibición solo trajo violencia, por eso la regulación abre el camino a la paz, la salud y la libertad”.
Pues, según el documento de la Universidad de Los Andes “Por una regulación del mercado de cannabis para uso adulto”, en Colombia el consumo de la dosis personal está despenalizado desde 1994 y está permitido el autocultivo de máximo 20 plantas de cannabis.
A continuación transcribimos apartes de ese documentos, que sirven para dar contexto y analizar el alcance de la iniciativa cuando la discusión está enfocada en la regulación de la producción y la comercialización para uso adulto.
“El documento, elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de Los Andes plantea tres objetivos claves para esta legalización: promover un enfoque de salud pública, aumentar la seguridad en las áreas rurales y urbanas y establecer un mercado justo con criterios de reparación histórica y requisitos ambientales”.
“Tenemos que subsanar la paradoja que permite la posesión y el consumo, pero limita los mecanismos legales para adquirir el cannabis”, afirmó Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, durante el evento ¿Cómo regular el mercado de uso adulto?, realizado en Los Andes.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2021, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), la marihuana es la sustancia ilícita más consumida a nivel global.
Se estima que alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo la consumieron en 2019. En Colombia, 8,3 % de la población manifestó haberla probado al menos una vez en su vida, cifras que pueden tener sub registros.
María Alejandra Vélez, directora del CESED, señaló que “las políticas prohibicionistas han demostrado ser ineficaces, ya que tanto la producción como el consumo de sustancias psicoactivas han aumentado progresivamente”.
Por su parte, Cecilia López, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó en el evento que el gobierno actual considera esencial incluir el cannabis en su política agropecuaria, “El Estado reconoce que hay una cadena productiva de cannabis y que la prioridad del gobierno nacional es el pequeño productor. Ahí tienen el marco.”
¿Cuáles son los aspectos a considerar en caso de que el proyecto de ley sea aprobado?
Los autores del documento ‘Regulación del cannabis de uso adulto en Colombia: recomendaciones de política’, destacan que, para obtener los beneficios de la regulación del mercado de cannabis, es clave crear incentivos que fomenten la transición progresiva del mercado ilegal al mercado regulado.
El documento sostiene que el proceso puede llevar tiempo y su éxito depende en gran medida del diseño adecuado del mercado.
Por lo anterior, los investigadores sugieren una serie de recomendaciones para cumplir los tres objetivos principales de la legalización del mercado.
En primer lugar, se debe diseñar una política de salud pública. Para esto, se debe prohibir el acceso de menores de edad al mercado de cannabis y establecer sanciones para aquellos establecimientos que no verifiquen la mayoría de edad de los compradores. Además, se plantea la necesidad de crear e implementar estrategias pedagógicas y de educación para informar a la población sobre los riesgos y daños asociados al consumo de cannabis. Otra recomendación es limitar la promoción y el mercadeo de los productos para uso adulto, lo que implicaría regular las características del empaquetado de los productos. Asimismo, se recomienda establecer un registro de consumidores para la compra de cannabis, lo que permitiría tener un mayor control sobre el consumo y evitar su venta ilegal. Por último, se propone estudiar la conveniencia de poner límites al porcentaje de THC en los productos regulados. Esta medida busca evitar el consumo de productos que contengan altas concentraciones de esta sustancia psicoactiva.
Segundo, mejorar las condiciones de seguridad urbana y territorial. Es necesario redirigir los recursos policiales y judiciales para desarticular bandas criminales en lugar de perseguir a consumidores de cannabis.
Por último, para construir un mercado que permita la competencia justa, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, es importante: priorizar a grupos vulnerables y productores históricos, registrar a cultivadores y proteger acuerdos comunitarios, enfocarse en zonas estratégicas desde el punto de vista ambiental e incluir requisitos medioambientales en la producción, integrar a distribuidores y estudiar la terminación de procesos penales relacionados con cannabis.
Según el CESED, la forma en la que se diseñe la regulación de este mercado será determinante en los resultados de la política de drogas del Gobierno Nacional.
“La justificación primordial de la regulación es la salud pública y la seguridad de las personas que usan drogas. La regulación del cannabis es un asunto de DDHH y eso significa que Colombia, regulando responsablemente, está cumpliendo su obligación”.
