Los beneficios de la papa fresca son prácticamente innumerables, pero a pesar de ello su producción se encuentra amenazada por el desequilibro a favor del producto foráneo increíblemente favorecido por el propio Estado colombiano, y de alguna manera por las malas decisiones ciudadanas, que en los últimos tiempos han optado por adquirir la papa congelada de países como Bélgica y Alemania, en detrimento del campo colombiano.
Parece haber quedado en el olvido que a mediados de octubre de 2019 la Unión Europea presentó una queja contra Colombia por haber buscado proteger la producción nacional al imponer aranceles de hasta el 8% a las papas fritas congeladas provenientes de Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ese fue el último intento del Estado colombiano por proteger la producción de papa en Colombia.
Las consecuencias hoy están a la vista, precios irrisorios para el producto nacional, miles de familias al borde de la quiebra y la seguridad alimentaria del país en entredicho.
Y mientras para el Estado se ha convertido solo en una cuestión de sobreproducción y baja del consumo en los hogares, el problema va mucho más allá. La crisis está causada por diversos factores, como el alto precio de los agroinsumos, que no se producen en el país y que incrementaron su precio desde la fuerte alza que tuvo el dólar a comienzos de la pandemia. También tiene mucho que ver el fin de los cultivos de rotación (maíz, trigo, cebada, avena) a causa de las importaciones, lo que limitó las posibilidades del productor papero, obligándole a producir papa durante todo el año, teniendo como consecuencia la tan vociferada sobreproducción.
El sector sufre de otros agobios como la inexistencia de políticas que promuevan el cooperativismo y la asociatividad, la centralización de las cadenas de comercialización, distribución y especialización del mercado, así como la falta de infraestructura física y operativa de comercialización y almacenamiento.
Pero la plaga principal, contra la que no existe plaguicida alguno, es la importación, que en el 2019 estuvo sobre las 60.000 toneladas de papa congelada, y que para 2020 se calcula en 65.000 toneladas, que no es una cifra menor, pues esto equivale a 150.000 toneladas de papa fresca (producción nacional) o a un 5,6% de lo que se produce en el país.
Ni siquiera en el marco de la emergencia sanitaria, que se declaró a finales de marzo y que duró cerca de seis meses; que daba el aval para frenar las importaciones, el Gobierno Nacional se negó a que esto fuese así. Apenas se limitó a aprobar un apoyo económico de aproximadamente 6.000 pesos por bulto, cuando la producción de uno de estos tiene un costo cercano a los 70.000 pesos, y que hoy se está comercializando a 20.000. Advirtiendo además que este subsidio cubre un máximo de producción de 10 toneladas (200 bultos), lo que en pesos equivale a 1.240.000 como máximo.
Por eso es que mientras el Gobierno Nacional se encarga de difundir el comodín discursivo de la baja del consumo y la sobreproducción, quienes han de protagonizar la solución son los ciudadanos, y para ello la única acción a la mano es estimular la compra de papa fresca en reemplazo de papa congelada.
Claro que no se trata de una acción pensada solamente en el salvamento del productor nacional, sino también en beneficio del medio ambiente y la salud propia.
Se dice por ejemplo que la papa congelada sufre de la pérdida de nutrientes como la vitamina C en el proceso de prefrito, aunque visiones como esta dependen de quien la haga y especialmente de quien la financie. Otro punto a tener cuenta es que cualidades relacionadas a la conservación como textura, aroma, color y sabor pueden lograrse con aditivos alimentarios o con un proceso rápido de escalsado y congelado, pues el cambio brusco de temperatura neutraliza el proceso metabólico de la papa. Y ni hablar del alto contenido de sal del producto precongelado, que supera por lejos al de la papa en fresco, con los consecuentes daños a la salud que esto puede generar.
Es más, de acuerdo a una publicación científica, presentado al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador, se lograron conclusiones como que “mediante pruebas de fritura se identificó que el nivel de humedad disminuye y la cantidad de grasa absorbida aumenta, en función del tiempo de fritura. Por lo que no es conveniente presecar las papas con el fin de optimizar la crocancia. La acción combinada de la refrigeración y una atmósfera modificada con CO2, permite extender la vida útil y por tanto el período comercial de la papa prefrita en bastones, hasta 12 días”
A estas cuestionables características de la papa congelada e importada hay que sumarle su empaquetado, que habitualmente se da en bolsa de polietileno, con el consecuente impacto ambiental que eso tiene. Y ni hablar de la versatildiad que ofrece la papa en fresco, que puede prepararse de una u otra manera, incluida la fritura, que es la única opción que ofrece la papa congelada.
Por eso, y ante el abandono estatal, es responsabilidad de la ciudadanía salvar a un sector que hoy pide auxilio, que representa bienestar para algo más de 90.000 productores y sus familias, que ante una eventual quiebra solo aumentarían la crisis social y económica del país.
