Por |
•Pedro Pablo Salas
•Juan Pablo Cely
Índice de figuras
- Porcentaje de la población en condición de miseria
- Porcentaje de la población en condición de miseria
- NBI en el área rural y urbana
- Coeficiente de Gini
- Cambios de movilidad
Introducción
El malestar que ha desencadenado la actual pandemia, Covid-19, parece no avistar aún su cúspide. A medida que la propagación y ocupación de unidades de cuidados intensivos -UCI- se acrecienta, las restricciones a la movilidad, y a gran parte de las actividades económicas persisten. Lo cierto es que el virus no discrimina, pero el impacto económico sí lo hace, como lo asevera la ONG, Oxfam. La actual coyuntura ahondará aún más, un problema ya persistente en Colombia, la desigualdad, así como su cara más latente: la pobreza.
Tras más de tres meses de cuarentena, aún se desconoce el impacto real sobre la población más vulnerable del país. El DANE ha publicado el PIB del primer trimestre del 2020, el cual fue de 1.1 % y una tasa de desempleo cercana al 20 %, aunque es cierto que, para esos meses, recién empezaba la cuarentena. De modo que, en el escenario más plausible, las principales variables económicas no tendrán buen desempeño este año, y las desigualdades aumentarán.
Frente a este panorama, resulta imperativo preguntarse por las condiciones de los más vulnerables del país, pues si la clase media está siendo afectada, los ya pobres ahondaran en su agonía, siendo más pobres aún. Si bien se sabe que el crecimiento no implica desarrollo social, sí resulta ser una variable clave que determina la pobreza.
La informalidad ha sido una constante en el país, donde 22.8 millones devengaban ingresos del diario, siendo estos los más vulnerables, de esa cifra, 9 millones están por fuera del sistema de protección social, por lo cual no han recibido ayuda alguna, ahondando aún más en la incidencia de la pobreza extrema (Pinilla et al. Facultad de Economía Uniandes).
La incidencia en la pobreza será desigual, departamentos con altas tasas previas de pobreza, tautológicamente serán más pobres. De modo, que el presente artículo, pretende de forma breve realizar un esbozo del panorama de la pobreza en el departamento de Boyacá, mediante la descripción de los índices con que se mide la pobreza en forma multidimensional (IPM), entre otros. Haciendo cierto énfasis en las zonas rurales del departamento, donde históricamente la pobreza -y pobreza extrema- han sido un problema agudo y persistente.
Contexto de la pobreza en Boyacá
La incidencia de la pobreza ha sido -y aún es- un flagelo crítico y multidimensional, marcado por la desigualdad de oportunidades. Según un estudio del Banco de la República, ”Boyacá es un departamento de contrastes, por un lado, posee buenos indicadores en educación y en sus instituciones, que lo ubican como uno de los departamentos más competitivos, y en el otro extremo, tiene un aparato productivo y unos indicadores de pobreza que no muestran un desempeño muy destacado en el país”(Reina y Rubio, 2016).
Para entender el contexto de la pobreza en Boyacá, resulta necesario comprender retrospectivamente los cambios en la estructura productiva. Tradicionalmente, Boyacá ha sido un departamento agrario, una de las ”despensas”de alimentos de Colombia. Sin embargo, la participación de la agricultura ha ido perdiendo cada vez más participación en el producto nacional, mientras que la extracción de petróleo, carbón y otros minerales, han obtenido preponderancia. Así pues, es necesario entender la dinámica que incide en el desarrollo territorial, observando la importancia de distintos factores en la presencia de desigualdades en el nivel de desarrollo entre regiones de un mismo país o entidad administrativa que presentan
activos similares que, sin embargo, difieren mucho en cuanto a su dinamismo económico”(Abramovay, 2006: 3). Los principales factores son los recursos naturales
-las provisiones previas-, el capital humano y la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI).
Niveles bajos de dinamismo económico, repercuten en niveles elevados de desempleo, que se traduce en mayor incidencia en la pobreza -y miseria-. Para Amartya Sen, el desarrollo consiste en la continuada expansión de las libertades y oportunidades de y para los seres humanos, es decir, que algunas provincias -históricamentemenos favorecidas con recursos naturales, parecieran estar estancadas en el subdesarrollo desde la época colonial, con muchas privaciones a sus libertades socioeconómicas, especialmente las situadas en la periferia del departamento; a excepción de la zona de manejo especial, Puerto Boyacá.
Figura 1: Porcentaje de la población en condición de miseria
A comienzo de los años 60’s, dio inicio un cambio estructural en la estructura productiva nacional y departamental. Por recomendaciones de la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -aunado en el contexto mundial de la posguerra- se implementó el modelo de sustitución de importaciones (MSI). Se llevaron a cabo inversiones para el desarrollo de industrias básicas, en esencia siderúrgicas. A pesar de que Lauchin Currie -enviado del Banco Mundial (BM)-, no recomendó -dada la inviabilidad de costos- la construcción de acerías Paz de Río, esta se llevó a cabo, siendo la cara visible de la “industrialización” en Boyacá.
A pesar, de que el proyecto de acerías Paz de Río no resulto un proyecto eficiente, sí caracterizo un espacio territorial y, sus dinámicas de desarrollo. Lo que actualmente es el corredor industrial -Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Chiquinquirá, Garagoa, Moniquirá y Puerto Boyacá-, abarcado las provincias con menores necesidades básicas insatisfechas (NBI) y menores tasas de incidencia en la pobreza. Las provincias de Gutiérrez, La libertad, Lengupá -entre otras- donde no se asentó ninguna industria -aunque sí grupos armados- se caracterizan por altas necesidades básicas insatisfechas (NBI), y bajos índices de calidad de vida (ICV).
Figura 2: Porcentaje de la población en condición de miseria
Fuente: DANE. Elaboracion propia.
Otro factor que explica la presencia de altos niveles de pobreza históricamente, ha sido la insipiente provisión de bienes y servicios públicos, debido a una institucionalidad inestable -abstracta hasta cierto punto-, pues normativamente ”la democracia, por su parte, tiene un valor intrínseco como medio de ejercicio de la libertad, además de contribuir a la calidad de la política pública y a la definición acertada de cuáles son las verdaderas necesidades sociales”(Sen, 2000: 148). Boyacá, también ha sido un departamento expulsor neto de población -esencialmente rural-, aunque la tendencia a menguado en los últimos años, muchos municipios han visto alterado su composición demográfica, entre 1985 y 2015, la migración total fue de (-11.5 %), mientras el proyectado al 2020 es a´un negativo, de (-8.0 %) La brecha de necesidades básicas insatisfechas (NBI), entre la zona urbana y rural fue de 34 %, para el año 2005 (año del penúltimo censo), esto quiere decir que mientras la población rural tuvo en media 49 % de NBI, la media de la población urbana fue de 14.1 %. Esta gran brecha, remarca que Boyacá, aparte de seguir siendo departamento con gran porcentaje poblacional rural, no ha hecho lo suficiente en materia de política social, al menos para mitigar el flagelo de aproximadamente, 500.000 mil habitantes; que equivalen al 45 % -al 2010-, de la población rural.
El aporte de Boyacá al PIB nacional ha tenido una tendencia decreciente. En 1961, el aporte fue de 4.6 %; mientras que, en el a˜no 2015, fue de solo 0.1 % del producto nacional. Esta abrupta caída puede asociarse al cambio estructural de la actividad económica en Colombia, pasando de ser una economía esencialmente agrícola, a una de servicios. Aunado también, al paupérrimo presupuesto asignado a la inversión en actividades de innovación ciencia y tecnología (AICT), de 0.057 % en el 2013; muy inferior al promedio nacional -ya de por sí bajo- de 0.5 % del PIB. En últimas, las teorías del crecimiento económico coinciden en que este factor, es el causante del dinamismo económico, ”pues la innovación y desarrollo (I+D), determinan la capacidad de producir bienes y servicios con un alto valor agregado, así como
la existencia de un tejido empresarial fuerte”(Consejo Privado de Competitividad y CEPEC- Universidad del Rosario, 2013, pág. 13).
Según Ray Debraj (1998) la prexistencia y permanencia de instituciones políticas exclusivas e, instituciones económicas extractivas, son una mezcla que caracteriza a los territorios subdesarrollados y con mayores tasas de incidencia en la pobreza. Es evidente que la época de la Violencia que se vivió con intensidad en Boyacá, desquebrajo el tejido social, pues la institucionalidad solo favorecía al partido político que estuviese gobernando. Así, unas provincias fueron liberales y otras conservadoras, por lo cual la gobernanza política fue exclusiva; marginando y eliminando al Otro político, y permeando profundamente en el desarrollo territorial, esencialmente en la Boyacá rural.
Las profundas desigualdades, tienen arraigo -en una parte- en la geografía e
hidrografía presente en los pisos térmicos, lo cual ha marcado niveles de pobreza
distintos. “Las condiciones climáticas favorables incitan a los individuos a la indolencia, mientras las condiciones climáticas más difíciles inducen un mayor esfuerzo.
En las regiones atrasadas los individuos son incapaces de prever las consecuencias
futuras de sus actos pues no pueden establecer relaciones entre eventos distanciados
en el tiempo” (Platteau, 1978: 418-423). Tal es el caso de la provincia de Occidente,
donde se han librado más de una guerra “esmeraldera”, o Puerto Boyacá, donde se
consolidó el primer grupo de autodefensas.
De modo pues, que el piso geográfico explica parcialmente, los contrastes en los
niveles de pobreza, pues “las principales zonas arriba de 3000 msnm en Boyacá corresponden a las áreas de las provincias de Gutiérrez, La Libertad y Valderrama, de alta pobreza, pero también de las provincias de Sugamuxi y Tundama, que presentaron las tasas más bajas de pobreza en el 2005” (Fernández et al., 2009). Así como también, el mayor número de necesidades básicas insatisfechas, debido a la difícil tecnificación en la producción de laderas, y ahora por la Ley de Paramos, que pretende prohibir la ganadería y agricultura en dichos territorios, seg´un el (POT), lo que ahondara en mayor incidencia en los niveles pobreza ya prexistentes.
Sin embargo, debe rescatarse que en lo comprendido del periodo 1993 y 2005 hubo las disminuciones más significativas en la incidencia de la pobreza, “aunque solo en siete de las 13 provincias bajó la incidencia de la pobreza, y subió en el resto. Las variaciones van del (-11 % al +6,2 %), omitiendo la provincia La Libertad, donde se observó un aumento del 30 %”(Fernández et al., 2009). Los municipios que mejoraron considerablemente fueron: Nobsa, Duitama, Sogamoso y Pesca -este último debido a la producción de leche-, mientras que municipios como Paya, Otanche, Chivatá y Cubará, permearon en el subdesarrollo, con las tasas más altas de y necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Figura 3: NBI en el área rural y urbana
Fuente: Elaboración propia.
Como se mencionó en un inicio, Boyacá es un departamento de contrastes, pues el índice departamental de competitividad (IDC), el índice de desempeño integral municipal (IDI), y las tasas de incidencia en pobreza (LP) y pobreza extrema (LI), han tenido una notable mejoría, entre 1994-2015. Lo cual resulta paradójico, si estos resultados se comparan con las bajas tasas de productividad empresarial y de ciente grado de so fisticación e innovacón. Sin embargo, es necesario comprender que Boyacá es un gran departamento, con peque~nos municipios» (Santo Tomas, 2007), por lo que las razones de este contraste, tiene raíz en la recomposición de la estructura productiva, que tuvo lugar en cada municipio. El sector servicios fue lentamente quitándole ponderación al sector primario y secundario, así, se observa como las mejores en cobertura y calidad, en los servicios de educación: básica, media y superior; así, como la administración pública, han estado jalonando al departamento a buenos resultado de competitividad, aunque desconociendo un tejido empresarial débil, poco innovador e improductivo; en parte, debido a que los proyectos de infraestructura deben ser realizados por los gobiernos, quienes tienen la capacidad.
Impacto de la pobreza en la población vulnerable
La coyuntura económica actual, representa un choque de oferta -un parón súbito
en la producción-, reflejado en una deflación de (-0.32 %) en mayo del presente año (2020). Si bien la demanda de muchos productos básicos ha subido; la demanda y oferta de aquellos relacionados con el ocio, recreación y cultura -entre otros-, menos esenciales, ha declinado, lo que estaría explicando una disminución generalizada del nivel de precios. Por lo tanto, aún no se están sintiendo los mayores efectos sobre la economía. No obstante, la agonía de la población vulnerable -trabajadores informales-, comenzó desde que se decretó la cuarentena.
La situación no es para menos, pues solo en la capital boyacense, la tasa de informalidad a febrero del presente año (2020), fue de 53.6 %. Resulta preocupante, pues una tasa tan alta implica que un gran porcentaje de población ha dejado de percibir ingresos desde marzo, y muy probablemente han caído por debajo de la línea de indigencia -eufemísticamente llamada pobreza extrema- (LI). También aquellos que hacen parte de la pobreza oculta, es decir, trabajadores formales de estratos 3 y 4, pero que han sido despedidos y no cuentan con ahorros, están padeciendo fuertemente, cayendo en la línea de pobreza (LP).
Mucho antes del comienzo de la pandemia, en el a~no 2018, Boyacá registro un índice de pobreza multidimensional de 19.6% -por debajo de la media nacional-, y una tasa de pobreza monetaria de 26.6 %, lo cual indica un progreso en materia de mitigación de la pobreza -y pobreza extrema-, desde el año de 2005, cuando el IPM fue de 54.9 %, y la pobreza monetaria de 46.6 %, de modo, que en términos generales el avance fue notable. Sin embargo, los buenos resultados esconden un problema, y es que un grupo de menos de 10 municipios -de los 123-, son los que están «jalonando» los buenos resultados, dada su productividad en el corredor industrial y el distrito especial-: Puerto Boyacá, aporta el 14.6 %; Tunja, 11.7 %; Sogamoso,10.5 %, Duitama, 8.6 %; entre otros aportaron casi la totalidad del PIB departamental para el año 2013.
Resulta importante entonces, preguntarse por los pobladores de los municipios más vulnerables -en lo urbano como en lo rural-, de las provincias periféricas, marginadas, o simplemente reducidas a una estadística. Estas provincias, de corte agropecuario y ganadería a pequeña escala, esencialmente, han permanecido estancadas -e inclusive retrocedido- en cuanto a su nivel de desarrollo, si bien cuentan con una relativa seguridad alimentaria -que les brinda sus cultivos de pancoger-, sufren una enorme carencia de oportunidades y libertades, que caracteriza la pobreza multidimensional.
No obstante, las cifras previas de reducción de la tasa de pobreza, dejan un sinsabor, y un gran interrogante, cómo fue posible tal reducción, si el coe ficiente de concentración de los ingresos -GINI-, fue de 0.536, con una sutil variación del 0.0002% del 2010 al 2015? Aún más intrigante, cómo fue posible tal reducción del IPM, si la productividad empresarial sigue siendo igual de paupérrima? Cabe entonces preguntarse, por las particularidades que puedan explicar este panorama, aparentemente alentador -previo a la crisis del Covid-19-.
Figura 4: Coeficiente de Gini
Las causas de la disminución de la tasa de pobreza y del IPM, puede tener dos explicaciones. Por un lado, los factores demográficos y geográficos, representados en el gran número de municipios, su cercanía, peque~no tamaño y relaciones regionales, han permitido que la implementación de políticas educacionales de cobertura, de alfabetismo y de calidad, hayan sido e cientes, teniendo los mejores avances en los servicios educacionales y de administración pública. De hecho, (Reina y Rubio,2016) hallaron una correlación positiva de 0.4, entre el número de municipios, y el índice de desarrollo integral municipal (IDI); y de 0.54, entre la cercanía entre sí de los municipios y el IDI; por último, hallaron una correlación negativa entre el tamaño del municipio y el IDI, de (-0.45), es decir, entre más peque~no un municipio, resulta más fácil administrarlo, y por lo tanto hay mejores IDI. De modo, que hay una relación evidente, entre los factores geográficos y el índice departamental de competitividad (IDC), el cual guarda cierto vínculo con el IPM.
La otra razón que podría estar explicando los buenos resultados en materia de reducción de la pobreza, no solo en Boyacá, sino en Colombia en general, puede deberse al cambio de metodología del DANE para medir la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI). Según Casas y Muñoz (2017), la medición con la nueva metodología (NM), ha desconocido a 7 millones de pobres en el país, al 2015. Pues la NM, no solo incluye menos alimentos básicos, sino que también se restringe a las kilocalorías diarias (kcal) -excluyendo los nutrientes y vitaminas-, al medir la línea de indigencia -costo de la canasta básica-. El otro problema de la NM, estriba en que el coefi ciente deflactado espacial de precios (DEP), y el coefi ciente Orshansky (CO) -usado para obtener la LP- usado para la mediciones, ha sido exógeno -el
promedio de Latinoamérica, excluyendo a Brasil- y no endógeno resultado de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG-06-07), ello implica que se desconoce las implicaciones del contexto nacional y de las regiones, además, se ha estandarizado para toda la zona urbana y rural, de modo que en grandes ciudades, -y capitales de provincia-, se han dejado de contabilizar gran números de pobres, pues si bien los ingresos son mayores en los centros urbanos, el costo de vida también es elevado. «Los niveles de pobreza son menores con la nueva metodología (NM), para el mismo periodo 2002-2010, que los medidos con la antigua metodología (AM)» y puesto que «una adecuada medición de la pobreza tiene la finalidad de valorar los dos fundamentos de la vida de cualquier ser humano: su existencia y su dignidad»
(Casas y Muñoz, 2017), las implicaciones de política social, y de protección a los más vulnerables, durante esta pandemia, se facilita para el gobierno con un simple cambio metodológico, que en nada cambia la realidad de la pobreza en Colombia, y en Boyacá.
Política pública integral
En el anterior acotado y breve esbozo, se pretendió dar una noción del contexto histórico de la pobreza -y su desigualdad-, en Boyacá, así como del progreso real -y «metodológico que se ha conseguido en la reducción y mejora de índices que delimitan el fenómeno multidimensional de la pobreza. Ahora bien, resulta pertinente abordar como el gobierno y los municipios de Boyacá, han actuado para preservar el progreso hasta ahora conseguido, en materia de reducción de la pobreza. Así como exponer propuestas normativas, de cómo debería responder la institucionalidad, mediante políticas integrales y orgánicas, para evitar peores efectos económicos en el mediano plazo.
Boyacá fue el primer departamento en cerrar todas sus fronteras una vez decretada la pandemia mundial por parte de la OMS, de modo que el 20 de marzo con el decreto presidencial de cuarentena obligatoria, ya el departamento estaba con- nado, lo que implica que es el territorio que lleva mayor número de días con la mayoría de sus actividades económicas detenidas. La intención, ciertamente atañe al «aplanamiento» de la curva del Covid-19; sin embargo, con el trasegar de los días la población en condición de vulnerabilidad se ha ido acrecentado, los pobres se han vuelto más pobres, y los ya en condición de miseria, están viviendo en condiciones infrahumanas -si se permite el uso del término-. La política social, ha ido encarrilada al asistencialismo social, la entrega de ingresos monetarios -aunque insu ficientes-, así como las ayudas alimentarias, que por supuesto no han dado abasto a la población que lo requiere. Las instituciones de educación superior -de carácter público-, han
sido inefectivas a la hora de brindar bienestar social a sus estudiantes, los cuales en gran porcentaje pertenecen a los percentiles más bajos de ingresos. A nivel nacional, casi un tercio de los estudiantes del SENA han desertado este semestre, a causa de las falencias de conectividad; por otro lado, las cifras en la UPTC de deserciones aún se desconoce, aunque se presupone considerables, en la medida que las ayudas de conectividad fueron demoradas- atrasando el inicio de semestre-, y en parte, a que gran número de estudiantes vive en el campo, donde la carencia de infraestructura de conectividad y señal, ha sido históricamente deplorable.
Figura 5: Cambios de movilidad
Las ayudas monetarias y fiscales, a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) han sido insufi cientes -o nulas-, por lo que muchas han tendió que cerrar al quedarse sin flujos de caja y fondos -o ahorros-. Por lo que empresas grandes, con capacidad de financiación, terminarán por absorber muchas de dichas empresas, concentrando aún más las desigualdades. Un aumento de la brecha de la desigualdad, no puede traducirse en otra cosa que no sea mayor incidencia en la pobreza y vulnerabilidad.
Por lo tanto, se podría decir que las políticas públicas, han hecho presencia, pero han sido insu cientes, y peor aún, no han sido integrales, es decir, han pretendido atender problemáticas de forma separada. Desde la ONG, Oxfam, recomiendan cuatro características que deberían tener una política pública contra el Covid-19, que permita mitigar al máximo la reincidencia en la pobreza. La primera de ellas es un ingreso mínimo básico -renta básica- focalizada a la población vulnerable durante el tiempo que dure la cuarentena, lo cual es cierto que ya se está empezando a implementar, según anuncio la presidencia de la república. Lo segundo, es la protección al empleo, pues difícilmente se podrían volver a contar con el mismo capital humano
-menos y más cualifi cado-, que al inicio de la crisis; también debido a que la economía es una red, en la cual, si gran porcentaje de la población deja de percibir ingresos, no se reactivaría la demanda en el corto plazo, ni habría oferta. Por ello, es importante que las dos recomendaciones anteriores, se articulen con estímulos al consumo y a la demanda, para que estas estimulen nuevamente la producción nacional. Y, por último, deberían focalizarse las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad, y brindarles bienes esenciales, como el acceso al agua, aunado con el servicio de conectividad, a fin de evitar un aumento mayor de las desigualdades, que no solo repercutira en mayor incidencia en la pobreza, sino en un malestar colectivo, que puede transformarse en inestabilidad socio-política, y mayor descontento con la gobernanza.
Algunos economistas reconocidos, como Stiglitz y Roubini, no son tan optimistas, remarcan que aún si se aplican correctamente las recomendaciones de una política integral global, la recuperación de la economía va a ser lenta, y caracterizada por un fenómeno un tanto desconocido, la están acción, es decir, el crecimiento de la economía mundial sera bajo, a la vez que los precios subirán. Esto ocurriría debido a que la oferta difícilmente se recuperaría al nivel previo a la pandemia, mientras que la demanda sera prácticamente la misma, con lo cual por la ley de la oferta, los precios ineludiblemente tenderán al alza.
Da la noción, que recién nos percatamos «que una sociedad articulada no surge mecánicamente; se construye. Y esta solo puede construirse cuando la gente actúa como protagonista, y esto solo puede suceder en espacios a escala humana, donde la persona tiene una presencia real y no se le reduce a una abstracción estadística. Los procesos deben organizarse de abajo hacia arriba y promovidos por personas consientes de la necesidad de actuar de forma sinérgica «(MaxNeef et. al, 1989:76). La comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enuncia que es imperativo que el peso de la crisis se dirija a quienes pueden afrontarlo reduciendo sus ganancias, y no a quienes solo pueden afrontarlo reduciendo sus derechos.
Bibliografía
[1] Abramovay, Ricardo. (2006). Para una teoría de los estudios territoriales. En:
Manzanal et al. Desarrollo rural: Organizaciones, instituciones y territorios. pp.:
51-70.
[2] Béland Emilie (2013). Dinámicas regionales, economía y pobreza: Departamento
de Boyacá. Documento de Trabajo No21 Serie Estudios Territoriales. Casas Herrera,
J. A., & Muñoz Conde, M. (2017). Propuesta alternativa para las líneas de
indigencia y de pobreza existentes en Colombia. Cuadernos de Economía, 36(72),
179-205.
[3] Consejo Privado de Competitividad y CEPEC- Universidad del Rosario. (2015).
Índice Departamental de Competitividad. Bogotá: Consejo Privado de Competitividad
y Universidad del Rosario.
[4] Fernández, M., Hernández, C., Ibáñez, A.M., y Jaramillo, C. (2007) Dinámicas
departamentales de pobreza en Colombia 1993-2005. Documento de trabajo no33.
Programa Dinámicas Territoriales Rurales, Rimisp, Santiago, Chile.
[5] Max-Neef, Manfred; Elizalde, Antonio; Hopenhayn, Martin, 1989, «Human Scale
Development: An Option for the Future», Development dialogue, 1989:1, 79 p.
[6] Pinilla, M; Ramírez Varela, A. & Gonzáles C. (2020). Los pobres, los más afectados
por la pandemia. Facultad de economía Universidad de los Andes.
[7] Platteau, J.Ph., 1978, «Los economistas clásicos y el subdesarrollo», PUF, Paris,
2 Vol.
[8] Ray Debraj (1998) Economía del Desarrollo. Princeton University Press.
[9] Reina Aranza, Y., & Rubio Ramírez, K. (2016). Boyacá: un contraste entre
competitividad, desempeño económico y pobreza. Banco de la República, documentos
sobre economía regional número 245.
[10] Sen, Amartya (2000), Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York,
351 p.
[11] Universidad Santo Tomas, (2007). El Departamento de Boyacá frente a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Excelente análisis.