El Programa de Alimentación Escolar (PAE), para el cual el Gobierno nacional asignó 42.000 billones de pesos este año, debería ser asignado a las comunidades locales evitando así millonarias licitaciones, en las que los contratistas ganadores han sido duramente cuestionados por la baja calidad de los alimentos que le ofrecen a los niños, y por denuncias de corrupción.
Así lo advierte el profesor Gustavo Adolfo Junca Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Económicas, quien recordó que el sistema de alimentación escolar para los estudiantes de escasos recursos, existe desde el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en 1955, cuando se ofrecía “leche y mogolla”.
En 1968, este programa pasó a estar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por medio del cual se distribuye comida caliente y distintos tipos de refrigerios lo que en un principio contribuyó a mejorar la calidad y la cobertura de este aporte a las comunidades más vulnerables.
El PAE brinda un complemento alimentario a los menores del país registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Este atiende hoy en día a 5,3 millones de niños en todo el país.
Pero pese a que la alimentación escolar contribuye tanto a la permanencia de los niños en el sistema educativo como a mejorar su desempeño, ya que incrementa la capacidad de atención de los estudiantes, y por ende sus procesos de aprendizaje, el PAE afronta serios problemas de corrupción.
En ese sentido, el profesor Junca recordó que en enero de 2022 la Contraloría afirmó que adelantaba 144 procesos por más de 42.000 millones de pesos por irregularidades en el Programa. Así mismo, el año pasado 13 Secretarías de Educación Certificadas presentaron los mayores incumplimientos en la implementación del PAE, con fallas en calidad, logística y cobertura. Estas entidades fueron las de Amazonas, Popayán, Putumayo, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Vaupés.
Entre algunas de las estrategias que según el profesor Junca ayudarían a evitar que continúen ocurriendo estas situaciones de corrupción y baja calidad en el Programa, considera prioritario eliminar las grandes licitaciones, para así evitar que estas sean “amarradas” y las terminen ejecutando contratistas que bajan la calidad y la cobertura del servicio.
De igual manera, el docente considera importante descentralizar el programa y llegar a las regiones, además de permitir que haya procesos de contratación para proponentes más pequeños, como cooperativas o asociaciones, que tengan un vínculo más cercano con las comunidades.
Adicionalmente, recomienda ampliar el rango de precios de los alimentos ofrecidos, adecuándolo a la realidad actual, ya que en el programa se tienen costos que están alrededor de los 3.500 pesos, cuando en la actualidad el rango estaría entre los 7.000 y 10.000 pesos.
