Por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez
El 10 de septiembre de 2016, representantes de 18 universidades públicas con presencia en las regiones de Colombia y 4 institutos universitarios se reunieron a pensar y formular una ruta de trabajo común hacia la implementación de los acuerdos y consolidación de una paz estable y duradera.
El Centro de Pensamiento para la Paz y el Ministerio de Educación Nacional, abrieron el espacio que culminó con una agenda regional. El primer acuerdo fue un documento llamado Manifiesto Público Universitario de Girardot sobre Regiones y Paz, mediante el cual la Educación Superior Pública es ratificada como parte vital y necesaria para promover la humanización que exige la paz en sus localidades y regiones. Las universidades comprometieron sus esfuerzos para trabajar con el más hondo sentido ético, político, científico y cultural, en aras de impedir que uno solo de los recursos genere más víctimas o sea arrebatado por agentes de poder para sus fines particulares.
“La universidad, y con ella sus intelectuales, están sometidos a las exigencias de la sociedad, no las del gobierno, ni las de grupos de poder económico o político y para ser un actor principal de paz tiene el compromiso de mantener autoridad ética y resistir los embates del poder estatal o paraestatal”
El 9 de febrero de 2017, siguiendo el trazado del Manifiesto de Girardot, los Rectores de esas mismas universidades y 5 más, asumieron el compromiso público de apoyar Institucionalmente las tareas de construcción de paz, mediante la firma del Pacto Público por una Educación Superior Para la Paz, que avance como una Red de Educación Superior por la Paz, en la implementación de los acuerdos firmados con las FARC y en curso con el ELN. Con este pacto quedan vinculados el Ministerio de Educación Nacional y las Universidades Nacional (Bogotá, Arauca), Chocó, Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Cauca, Nariño, Amazonía (Leticia), Popular del Cesar, Cauca, Cundinamarca, Guajira, La Paz (Barranca), De Pamplona, Francisco de Paula Santander, Sur-Colombiana, Magdalena, De los Llanos, e Instituciones como Educación Rural (Pamplona), Tecnológica del Putumayo, Instituto del Deporte entre otros.
La iniciativa del Manifiesto quedó disuelta en el Pacto y se espera del Gobierno la ratificación efectiva de compromisos y búsqueda de conversión de los acuerdos a políticas públicas, que ofrezcan un comportamiento Institucional articulado y atiendan aspectos urgentes como la financiación de las universidades públicas, respeto por la autonomía, garantías laborales al profesorado y trabajadores, y sobre todo, el cese de hostilidades ejercidas a través de la política educativa actual que asfixia con presiones de ampliación de cobertura y formalidades de acreditación y otras gestiones inconexas que bloquean las ideas y responsabilidades sociales de las universidades en cada región.
Las Universidades a la vez aceptan el llamado a asumir responsablemente su participación en la construcción de paz con justicia social y reconocimiento de derechos. Estos compromisos crean un marco de condiciones para que las universidades demuestren ser los referentes éticos reales a las que las victimas puedan acoger sin recelo y las nuevas formaciones políticas sin desconfianza. Hacia adentro tienen el encargo de revisar sus concepciones de poder, eliminar prejuicios, estigmas y maneras autoritarias de comportamiento excluyentes. Es un buen momento para que sus órganos de gobierno promuevan la recuperación de la función intelectual de la universidad y del pensar y actuar en colectivo e impulsen la función del conocimiento como herramienta de transformación de las relaciones de desigualdad y discriminación que padecen las amplias mayorías de población.
“productos académicos, que aunque no impacten la realidad, ni refuten o complementen teorías endurecen mitos mercantiles como la indexación, citación, acreditación y certificación, que por su reputación intimidan e invalidan la potencia de las universidades de menores recursos y capacidades, que son en esencia las que pueden prestar su mejor concurso en la construcción de paz real”.
Es momento también para que el intelectual universitario, el sujeto académico, se haga oír, suscite debate y controversia, se exponga en el debate público con sus escritos, con su verbo, con sus logros científicos y culturales; recupere la dialéctica y el argumento y abandone el aislamiento provocado por la muerte que rastrillaba al país eliminando oposiciones. Los intelectuales constituyen la base que da solidez a las universidades, que entiendan que su grandeza no está en sus métodos de medición, ni sus capacidades técnicas, ni sus edificios inteligentes y menos en los maquillados informes de pacificación y buen vivir fabricado por expertos. La grandeza está en su capacidad para decir y hacer en la ciencia, la cultura, el humanismo y la técnica con la verdad y con convicción ética.
Los lugares de la función intelectual están atrapados por las estrictas técnicas de aula empeñadas en sacar adelante el saber por fragmentos y resultados llamados hoy productos académicos, que aunque no impacten la realidad, ni refuten o complementen teorías endurecen mitos mercantiles como la indexación, citación, acreditación y certificación, que por su reputación intimidan e invalidan la potencia de las universidades de menores recursos y capacidades, que son en esencia las que pueden prestar su mejor concurso en la construcción de paz real. Estas formas que impregnaron la cultura universitaria anteponen a la sustancia de las cosas y las acciones la formalidad útil al interés particular de autopromoción académica y no del cambio social, que alienta el intelectual, cuyo rasgo principal es poder ejercer su libertad de escribir, hablar, actuar, ser soberano para intervenir en el debate público sin condicionamientos, ni ataduras dogmáticas y cumplir una función social orientada a transformar la realidad representando a otros que no son necesariamente su comunidad política ni académica.
La universidad, y con ella sus intelectuales, están sometidos a las exigencias de la sociedad, no las del gobierno, ni las de grupos de poder económico o político y para ser un actor principal de paz tiene el compromiso de mantener autoridad ética y resistir los embates del poder estatal o paraestatal, sin sucumbir a las trampas de premios, apoyo a proyectos, recursos adicionales o compensaciones por su tarea vital. La razón de ser intelectual colectiva de la universidad es contribuir con las herramientas adecuadas a mirar la realidad tal como es y describirla, evidenciarla y poner toda su potencia al servicio de la sociedad para transformarla, además de aprender a ponerse de pie cuando intuya o perciba un solo ataque o agresión contra la dignidad humana. La paz exige palabras, voces múltiples, explicaciones a lo que la gente lucha, hace y dice y el intelectual es ante todo un traductor no un guía, ni un consejero.
La universidad y sus intelectuales tienen en sus manos este momento histórico de fin del conflicto armado, para recuperar su misión, mirar con detenimiento las partes de la realidad fragmentada y contribuir a armar el rompecabezas de la memoria colectiva y del proyecto de nación a construir, y aprender y enseñar a imaginar, soñar, construir otros mundos negados y a vivir sin autoritarismos, astucias, ni temor, y sí con tranquilidad, fraternidad, con dignidad.
