Es lo que se desprende de la comunicación oficial de la Agencia Nacional de Minería, instancia que a finales de esta semana anuncia que “por primera vez San Pablo de Borbur recibirá recursos para inversión social, derivados de la actividad minera del municipio”.
Sin mayores detalles
El jueves pasado la Agencia Nacional de Minería anunció que “otorgó prórroga de contrato de explotación minera de esmeraldas en San Pablo de Borbur, en el departamento de Boyacá”, agregando que “con esto, el municipio recibirá alrededor de 450 millones de pesos anualmente, para proyectos de inversión social, y además mejorará en un 14% la tasa de empleo del Municipio”.
La información trata de exaltar las bondades de esta prórroga, diciendo que “resulta una herramienta clave para la reactivación de la economía en zonas rurales y alejadas en tiempos de pandemia; además (que) busca empoderar la formalidad del sector minero en la región Boyacense”.
Y recalca lo que dice el Presidente de la Agencia, Juan Miguel Durán Prieto, quien afirma que “esta noticia es muy grata de dar ya que dentro del contrato se incluye una cláusula en la que el titular se obliga a invertir el 1,5% de los ingresos brutos del año, es decir, alrededor de 450 millones de pesos para proyectos encaminados a la disminución de la pobreza, y en el mejoramiento de los indicadores claves de calidad de vida, como lo son: salud, educación y generación de empleo. Así mismo se impulsa la generación de capacidad empresarial y el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales”.
Y para acabar de endulzar el oído, el texto oficial da como otro gran que, “dentro de este documento se incluyó la obligación de la vinculación laboral de nacionales colombianos, y en particular propenderá por dar al personal, procedente del departamento de Boyacá, en no menos del 70% participación en el empleo directo”, y que también “obliga a la contratación de firmas nacionales y firmas de Boyacá, en cuanto cumplan con los requisitos”.
Termina citando una cifra muy interesante, pero que no explica cómo se forma: “Esperamos que este proyecto siga fortaleciéndose y que genere, a lo largo de su ejecución, regalías por un valor de 19.800.000.000 (diecinueve mil ochocientos millones de pesos)” concluyó Durán
¿Por qué ocultar información?
Es la pregunta que surge cuando se mira el texto con más cuidado. La primera pregunta obvia, es sobre quién o quiénes son los beneficiarios de la prórroga y por cuánto tiempo. Resulta que el nombre de la persona o de la empresa no aparece en el texto oficial de divulgación de la ANM. El Diario trató de confirmar el asunto con la oficina de prensa de la Agencia, respondiéndosele que esa información no era dable entregarla por parte de la dependencia de comunicaciones, así que tocó esperar a que un día más tarde el representante Héctor Ángel Ortiz pusiera en su cuenta de Twitter el nombre del beneficiario.
Se trata de la empresa Fura Gems, la minera canadiense, cuyos intereses están en varias partes del mundo y que en Colombia opera como Fura de Colombia SAS, siendo la operadora del contrato de explotación minera, en las tradicionales y centenarias minas de Coscuez, que ahora se ha prorrogado por 30 años más, de lo que la ANM, también, se niega informar.
La siguiente pregunta es de dónde sale que “el municipio recibirá alrededor de 450 millones de pesos anualmente, para proyectos de inversión social, y además que mejorará en un 14% la tasa de empleo del Municipio”. Sobre esto tampoco informa la ANM. El interrogante es con base en qué cálculo se establece esta cifra anual. Seguramente será sobre los estimados de producción. Pero cuáles son estos, cómo se verifican y si corresponden a la proporcionalidad de la extracción. La Agencia manifiesta que tal información no se hace pública por motivos de seguridad.
Por eso cuando se habla de que se esperan en los 30 años de la prórroga del contrato el ingreso de regalías por más de 19 mil millones de pesos, se profundiza en la misma pregunta: con base en qué volumen de producción y qué valores se proyectan.
La Empresa no cumple con los trabajadores
Un informe periodístico de la Agencia Reuters fechado en octubre del año pasado en las propias minas de Coscuez, da cuenta de las quejas generalizadas sobre la falta de garantís de seguridad laboral que ofrece la empresa a sus más de 120 trabajadores, razón por la cual, en ese momento la ANM, le habría aplicado una multa equivalente a aproximadamente 4.900 dólares. Sin embargo, la Agencia se negó a entrar en detalles sobre lo que realmente había encontrado en materia de faltas a la debida seguridad y protección en el trabajo para los operarios de la compañía.
A pesar de todo, la prórroga es a 30 años
Después de que la ANM aceptara de alguna manera las irregularidades en la seguridad de los trabajadores, pero sin proporcionar más detalles, de que la licencia de Fura expira en diciembre de 2020, es decir en dos meses, y de que voceros de la agencia le dijeran a la misma agencia de noticias que su política no es considerar la viabilidad de cualquier renovación a menos que una mina cumpla con todas las regulaciones, la sorpresa se da esta semana con el alargue descrito del contrato.
Todo esto constituye otra prueba de cómo desde Bogotá, a rajatabla y sin fórmula de juicio, se negocia y trafica con el territorio, sin tener en cuenta a las regiones y menos a las comunidades locales.
