El alcalde de Villa de Leyva advierte sobre el impacto fiscal de la medida de la Ley 2461, que busca dignificar la labor de los concejales.
Con la promulgación de la Ley 2461 del 18 de junio de 2025, el Congreso de Colombia estableció un nuevo marco para fortalecer las corporaciones públicas municipales de elección popular. La norma reconoce el trabajo de los concejales, aumentando el valor de sus honorarios y garantizando su afiliación al sistema de seguridad social. Sin embargo, la medida ha encendido alertas entre alcaldes de municipios con bajos ingresos fiscales.
La ley establece que los concejales de municipios de quinta y sexta categoría recibirán honorarios por sesión equivalentes a los de la cuarta categoría: $296.314 por sesión en 2025. Asimismo, en estos municipios se contempla el pago de 80 sesiones ordinarias y hasta 40 extraordinarias al año, lo que representa un gasto considerable para administraciones con presupuestos limitados.
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, celebró el avance como un acto de justicia para los concejales, recordando que él mismo ejerció el cargo en dos periodos. No obstante, advirtió sobre el impacto fiscal de la medida:
“El deber de aplicar esta ley nos pondrá en aprietos presupuestales. El gobierno nacional no puede dejarnos solos […] Cumplir esta ley reducirá inversión en sectores fundamentales que se financian con impuestos locales”, expresó en su cuenta de X.
Aunque el texto legal permite que el incremento de honorarios y el pago de seguridad social se financien con el presupuesto central de la administración municipal, la preocupación de los mandatarios locales se centra en las diferencias estructurales entre municipios. En palabras del alcalde Gamboa, “no todos los municipios son iguales”, y aplicar la ley de manera uniforme podría afectar el marco fiscal de mediano plazo en las localidades más vulnerables.
La Ley también establece la afiliación obligatoria de los concejales al sistema de pensión, salud, ARL y cajas de compensación familiar, sin que ello implique una relación laboral con el municipio. Además, autoriza el pago de viáticos por comisiones oficiales, previa aprobación del Concejo.
