Los trabajadores de Colombia, en cabeza de la Federación de Educadores y de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y demás organizaciones gremiales, transportadores, sectores del campo, y los estudiantes de la universidades nacionales, han convocado una gran movilización nacional en todas las capitales del país para manifestar su rechazo ante las actuaciones del gobierno del presidente Duque que, en solo 100 días, ha logrado la indignación de amplios sectores de la sociedad colombiana.
En primer lugar, el malestar y rechazo a la reforma tributaria que busca golpear a los sectores bajos y medios de la sociedad con el impuesto del IVA para que sean ellos los que asuman los costos de mantener al Estado, mientras que a los grandes capitales y a las transnacionales se les bajan impuestos como el de renta o eliminan tributos como el de remesas de utilidades, con lo cual configuran un momento de amenazan a la sociedad en sus básicos niveles de bienestar.
Pero no solamente es el IVA, son los combustibles, con el alza de la gasolina y el ACPM, lo que ha desatado la ira de amplios sectores, especialmente del transportador, el cual ve que sumado al alza de los peajes, lo ha sumido en una crisis que no le ha permitido levantar cabeza en los últimos cinco años. Mientras que en los primeros cien días del gobierno Duque la gasolina ha subido el 10%, el petróleo bajó a niveles del año pasado, por debajo de los 60 dólares.
Sumado a esto, los oídos sordos que el gobierno le he puesto al movimiento estudiantil. En vez de soluciones reales, en los últimos días hizo una propuesta que se considera una auténtica burla, una bufonada indigna de un jefe de estado, como es la de salir a la opinión pública a pedir donaciones voluntarias, entiéndase limosna, que es una concepción premoderna de la sociedad, para financiar la educación, lo cual demuestra el talante del mandatario que hoy tienen los colombianos.
Para el dirigente boyacense, Pedro Pablo Salas, la propuesta del gobierno de pedir aportes voluntarios riñe con la realidad. Recuerda el dirigente que a raíz del apagón de comienzos de los años 90, al sector eléctrico se le otorgó el producto de lo que se llama el cargo por confiabilidad, una tarifa que hemos pagado todos los colombianos durante muchos años, que acumula billones de pesos que, de paso, se los han apropiado abusivamente los grandes operadores del sistema, pero que se dice sirven para prevenir crisis futuras del sistema. De esta misma forma considera Salas que no sería descabellado que la sociedad colombiana y en especial los grandes capitales, sin excepciones, entren a pagar una contribución obligatoria para garantizar la educación de las juventudes en Colombia, lo mismo que para financiar los proyectos de ciencia y tecnología; precisa que esta sería la única manera de que la sociedad pueda obligar a que las élites no sigan maltratando el desarrollo del país a través de la precarización de la formación de la juventud.
El sistema de justicia como instrumento político de venganza y eliminación
Este es otro punto sobre el cual llama la atención Salas Hernández. Las últimas noticias han indignado más a la sociedad colombiana y son las que tienen que ver con la forma como quieren acabar con la vida política de quien sacara la mayor votación que haya tenido candidato alternativo en la historia de Colombia. La decisión del Consejo de Estado en contra de Gustavo Petro, como la nueva multa que le impone el contralor de Bogotá, Juan Carlo Granados, se ha convertido en la mayor amenaza que se haya presentado en Colombia a la democracia y a una salida no violenta a los problemas que tiene esta sociedad.
Acabar con el futuro político de Gustavo Petro es una frustración, no solo para los 8 millones 200 mil colombianos que votaron por él, sino para todos aquellos que están convencidos de que si en Colombia no se abordan las reformas profundas que está proponiendo Petro, para salir de la crisis que tiene el país y la sociedad colombiana, estaríamos abocados a la profundización de la violencia, apostilla Salas sobre la situación que se plantea con estas decisiones.
Y es que en este punto hay que llamar la atención sobre el fenómeno extendido en América Latina en los últimos años en el sentido de hacer del aparato judicial el instrumento ideal para eliminar las figuras políticas que puedan seguir caminos distintos en la conducción de los destinos de las sociedades a los grandes intereses consolidados. Son los casos de Brasil con Dilma Rousseff y Lula Da Silva, en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, Ecuador con Rafael Correa, donde ha sido a través de las decisiones de los jueces como se ha revocado su acción política, en lo que ahora se considera como la forma blanda de los nuevos golpes de estado. Ahora el turno es Para Gustavo Petro.
Por eso, Salas Hernández, dice que hay razones suficientes para salir indignados este 28 de noviembre en un acto simbólico, a la gran movilización en Tunja, “con ruana y clavel blanco, como un símbolos de que no vamos a permitir que se sepulten los sueños de cambio que está demandando la sociedad colombiana”.
