Por: Gina Julieth Rojas
Los movimientos feministas, contrario a lo que se ha dicho en los últimos días, se enfocan en el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos, la equidad, la igualdad y la protección de las mujeres que son vulneradas por su condición de género. Los movimientos feministas no matan, no vulneran, no atacan sin sentido, no “cascan”, no abusan, no dañan a la sociedad, como sí lo ha hecho históricamente el machismo.
En la lucha del feminismo se dirige el respeto a la diferencia, el uso de un lenguaje incluyente, la no discriminación y la defensa de nuestra integridad como ciudadanía.
Dicho lo anterior, cuestionar y pedir celeridad en las actuaciones de la Secretaría de la Mujer de Tunja no es ‘cascarle’ a la secretaria Ruby Astrid Pérez, es ejercer veeduría a una cartera de la que depende el cumplimiento de la Política Pública Sí Mujeres, creada y acompañada por movimientos feministas, y la cual se planteó para proteger a las mujeres tunjanas, salvar vidas, empoderar y avanzar como sociedad.
Cada vez que nos pronunciamos las mujeres que ejercemos veeduría es porque hay procesos de investigación, seguimiento y acompañamiento al Control Político realizado. Por ejemplo, la secretaria dice que se ha trabajado en diferentes corrientes de pensamiento y de manera incluyente, sin embargo, los avances en la Política Pública Lgbti en Tunja no se ven y tampoco se demuestra en los informes expuestos por esta cartera. En las estadísticas no muestran metas, indicadores, ni presupuestos claros, para el cumplimiento de las Políticas Públicas.
En el caso de seguimiento a violencia de género aducen reducción de hechos, basándose en cifras “oficiales” de denuncias que se allegan a las autoridades, desconociendo las barreras de acceso a la justicia y las violencias que no se tratan ni en Fiscalía ni comisarías.
En el más reciente informe entregado al Consejo Consultivo de Mujeres la medición de cumplimiento de acciones menciona avances en cada eje sobre 80% sin tener cifras exactas de impactos poblacionales. Calificaba como un logro de la secretaría tener un 30% de participación de mujeres cuando en realidad esto tiene que ver es con la Ley 581 de 2000 de Colombia, por medio de la cual se dispone que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres.
Informa como una acción y logro un evento de 130 mujeres, Marketing Woman, sin mencionar los recursos invertidos en el mismo ni procesos de empoderamiento posteriores al mismo.
En el informe demuestra desconocimiento en transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas y ejercicio de las secretarías, al mencionar por ejemplo que el tema de educación y salud son de resorte de esas secretarías y la propia sectorial no puede hacer nada sobre las acciones que comprenden esos ejes.
En cuanto a espacios laborales menciona como componente de su estrategia las capacitaciones que adelanta Actíva-t en Tunja, donde se siguen manteniendo los estereotipos y roles tradicionales de las mujeres, desconociendo la misma Política Pública que indica la eliminación de los mismos y apertura de espacios diferentes en mecánica, electrónica, entre otros.
En veedurías de salud, la misma secretaría reconoce la falta de integrantes mujeres, según la cartera por falta de interés de las mismas. Sin embargo, la secretaría también acepta que no ha hecho ninguna acción para vincularlas obviando así el seguimiento y acompañamiento a las mujeres que sufren violencia obstétrica o encuentran obstáculos en el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, solo por dan unos ejemplos.
El hogar de paso, contemplado en la misma política Sí Mujeres no existe actualmente y en la actual administración solo ha operado seis meses en los que en palabras textuales de la secretaria Ruby Pérez, “se atendió solo a once mujeres”. Como se le ha preguntado a ella, lo planteamos ahora, ¿salvar a once mujeres es insuficiente?, ¿si no hay mayor asistencia no será porque no se le informa a la comunidad como se debe? Para esto un dato, de 100 mujeres víctimas de violencia, al menos 80 conviven con su agresor y no salen del círculo de violencia porque no tienen a dónde acudir y literalmente deben convivir con el enemigo.
Los anteriores datos son públicos e incluso han sido expuestos en controles políticos realizados por el Concejo de la ciudad de Tunja, donde también se han cuestionado las acciones y resultados de esta secretaría.
Para aclarar a la opinión pública, finalizo diciendo que a la secretaria no se le ha cuestionado su religión, lo que sí se ha solicitado es que los entes de control vigilen los recursos públicos manejados en esta dependencia para verificar que no se estén usando para favorecimiento de comunidades cristianas en un Estado laico.
No hemos ido por la ‘cabeza’ de la secretaria, lo que hemos solicitado es una secretaría que trabaje en armonía con lo que está sobre ‘el papel’. Actualmente, desde el activismo, los movimientos feministas, son los que más apoyan y acompañan a decenas de mujeres que semanalmente son violentadas y en la institucionalidad no encuentran acceso oportuno. Mientras no existan resultados y se sigan evidenciando los incumplimientos seguiremos poniéndole la lupa a esta dependencia, así genere incomodidad.