Sobre la demanda contra la congresista electa, que fue aceptada por el Consejo de Estado, se pronunció en las últimas horas su apoderado Pedro Alexánder Rodríguez Matallana. El jurista le restó importancia al proceso y dice que Ingrid Sogamoso se posesionará el 20 de julio, como lo establece la ley.
“Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso, representante a la Cámara de Representantes electa por el departamento de Boyacá se posesionará el 20 de julio de 2022”.
Así lo señaló su apoderado, Pedro Alexánder Rodríguez Matallana, quien se pronunció hoy a propósito de la información divulgada por el periódico EL DIARIO sobre la demanda que contra ella cursa en el Consejo de Estado.
“En condición de apoderado de la representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá Dra. Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso me permito informar que el Honorable Consejo de Estado – mediante providencia de 2 de Junio determinó negar la solicitud de suspender el acto de elección de la enunciada Representante, por considerar conforme a los argumentos de esta defensa que no existen elementos probatorios, ni razones suficientes para deslegitimar en esta instancia la elección”, indicó el abogado.
Agregó que “por lo anterior, la dirigente tomará posesión de su cargo ante la mesa directiva del Congreso de la Republica el próximo 20 de Julio”.
Recordó el jurista que “en calidad de apoderado solicité al alto tribunal negar las pretensiones del demandante que aspiraba suspender y de fondo anular la elección de la electa parlamentaria Conservadora, demostrando de forma contundente que no existe merito ni razón para que tenga ello vocación de prosperidad y que los requisitos como ciudadana para ser elegida los cumple y ha cumplido a cabalidad y que no existen fundamentos legales para que se pueda deslegitimar su elección.
Indicó también que el acervo probatorio ha logrado demostrar que Ingrid Sogamoso no ha incurrido en doble militancia y no tiene inhabilidad como se le señala, luego podrá ejercer su función en el Congreso sin inconveniente alguno mientras continúa el proceso en su contra y que por pujas políticas es previsible después de cualquier elección.
“De igual manera vale la pena señalar que las manifestaciones sin sustento y soportadas en elementos probatorios evidentemente falsos serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales competentes con el fin de demostrar la mala fe con la que se ha querido hacer incurrir en error a la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
