El acuerdo que el Gobierno y el concesionario habían firmado con los habitantes del Valle de Tenza es que la suspensión del cobro se mantendría hasta el 15 de enero, pero no se han ejecutado las obras que la región reclama. La Alterna al Llano no cumple con los requerimientos de seguridad y hay cerca de 30 pasos a un solo carril.
Residentes y dirigentes del valle de Tenza realizaban anoche protestas para exigir que no se restablezca el cobro del peaje de San Luis de Gaceno, en la carretera Alterna Al Llano, que comunica a la región desde el Sisga hasta el Casanare.
Aunque un acuerdo entre el Gobierno y la comunidad del Valle de Tenza indica que la suspensión de ese cobro, que comenzó a mediados de octubre del año pasado, solo se extendería hasta el 15 de enero de 2026, el concesionario no ha cumplido con las obras para que transitar por esta carretera sea realmente seguro.
“La vía no cumple con las exigencias en materia de seguridad, es muy angosta y hay por los menos 30 pasos aun solo carril”, explicó un líder político y social de la región.
El gobierno nacional fue el que suspendió el cobro de este peaje en octubre de 2025 debido a los daños que el invierno causó en toda la vía, que impedían el paso de vehículos y como apoyo a las comunidades afectadas.
La suspensión, decretada por el Ministerio de Transporte buscaba apoyar la movilidad y la recuperación económica tras la creciente del río.
“La decisión se adoptó como una medida excepcional para apoyar la movilidad y la recuperación económica en el oriente del país, afectado por la temporada invernal que impactó gravemente la Transversal del Sisga”, dijo entonces la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.
La suspensión aplicó a todas las categorías vehiculares y fue formalizada mediante la Resolución 20253040041885 del 14 de octubre de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte.
Los eventos climáticos registrados durante los meses de septiembre y octubre de 2025 provocaron una creciente súbita del río Bata, que causó daños en los puntos PR42+050 y PR42+580 del corredor vial, en jurisdicción del municipio de Santa María.
Las afectaciones comprometieron la movilidad de la zona y dificultaron el transporte de bienes y personas, con repercusiones directas sobre la economía local.
Ante esta situación, las autoridades nacionales y territoriales coordinaron acciones para garantizar la seguridad vial y la conectividad entre los departamentos del oriente del país.
La medida de suspensión del peaje formó parte de esas acciones de contingencia.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fue la entidad que elevó la solicitud formal al Ministerio de Transporte, luego de recibir múltiples peticiones de autoridades locales y comunidades.
Sin embargo anoche las comunidades dijeron no a la reactivación del cobro. El Gobierno nacional deberá pronunciarse hoy sobre el futuro del funcionamiento del peaje y su relación con el concesionario de la vía.
