De los 123 municipios de Boyacá, 3 son categoría 5 y 115 categoría 6, es decir, el 93% del territorio, según la última categorización de municipios de la Contaduría General de la Nación. Éstos, especialmente los rurales dispersos, enfrentan un conjunto de retos que hacen cuesta arriba la implementación del catastro multipropósito.
En Colombia, los municipios de categorías 5 y 6, los más pequeños, generalmente con poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios, parten de condiciones mucho más restrictivas que las grandes ciudades o capitales departamentales para implementar su catastro multipropósito. Su capacidad fiscal, tecnológica e institucional es limitada, lo que se convierte en barreras sobre los tiempos y con la calidad que exige la política pública.
“El reto no es solo técnico; es estructural. Muchos municipios pequeños no cumplen aún con las condiciones de desempeño que les pide el IGAC para ser gestores catastrales. Si no se cierra esa brecha, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades territoriales”, explica José Sánchez, líder de Mercado de Administración de Tierras de Esri Colombia, Ecuador y Panamá.
De los mil ciento tres municipios que tiene Colombia, 47 son categoría 5 y 956 categoría 6, es decir, el 26% del total nacional. Específicamente, en Boyacá de los 123 municipios que tiene el departamento, 3 son categoría 5 y 115 categoría 6, es decir, el 93% del territorio, según la última categorización de municipios de la Contaduría General de la Nación. Éstos, especialmente los rurales dispersos, enfrentan un conjunto de retos que hacen cuesta arriba la implementación del catastro multipropósito:
Restricciones financieras: sus presupuestos son reducidos y registran bajos índices de desempeño fiscal y municipal. Esto limita la posibilidad de destinar recursos a la adquisición de tecnología, contratación de personal especializado y sostenimiento de la función catastral en el tiempo.
Déficit de capacidades técnicas e infraestructura tecnológica financiera: muchas administraciones no cuentan con funcionarios formados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo de información geoespacial o normativa catastral. Esa carencia se traduce en dependencia de consultores externos y en mayores tiempos para implementar procesos.
Información predial desactualizada o incompleta: en muchos territorios persisten cartografías sin georreferenciación, ausencia de formación catastral previa en algunas zonas y registros físicos, jurídicos y económicos sin actualización reciente.
Dificultades operativas en zonas rurales y escasa presencia institucional: las condiciones de seguridad, la presencia de grupos armados ilegales, los conflictos de tenencia de la tierra y las barreras topográficas hacen más costoso y riesgoso el levantamiento de información en campo.
Baja apropiación ciudadana: persiste el desconocimiento de los beneficios del catastro multipropósito y la percepción de que cualquier actualización se traduce en aumentos excesivos del impuesto predial. Esto genera resistencias y puede frenar el acceso a la información en terreno.
“Cuando no hay claridad sobre los beneficios y no se garantiza la sostenibilidad, el catastro se percibe como una carga y no como una oportunidad. Eso alimenta la desconfianza y frena procesos clave de ordenamiento territorial y formalización”, agrego Sánchez.
Rutas para superar la brecha
Pese a estas limitaciones, los municipios de categorías 5 y 6 pueden avanzar de manera estratégica si orientan sus esfuerzos en varios frentes simultáneos:
Gestión de apoyo financiero y técnico: acceder a recursos del Gobierno nacional, la cooperación internacional y los departamentos resulta crucial. También es clave solicitar acompañamiento del IGAC o de gestores catastrales con experiencia que puedan transferir capacidades.
Fortalecimiento institucional interno: capacitar al personal propio en SIG, normativa y herramientas catastrales, y conformar un equipo mínimo responsable del tema dentro de la alcaldía, permite reducir la dependencia externa y garantizar continuidad entre administraciones.
Inversión progresiva en tecnología: más que grandes inversiones, se trata de adoptar plataformas SIG, mejorar la conectividad y adquirir equipos esenciales de forma escalonada, priorizando soluciones interoperables y sostenibles en el tiempo.
Organización y actualización de la información existente: integrar en un repositorio único la información predial y geográfica disponible, depurarla e iniciar procesos por fases reduce costos y tiempos. Sobre esa base se pueden incorporar tecnologías de captura en campo y actualización continua.
Mejor articulación institucional: mantener una coordinación permanente con el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), gobernaciones y municipios vecinos permite compartir buenas prácticas y acceder a soporte técnico y operativo.
“La clave está en asumir el catastro como un proceso continuo, no como un proyecto aislado de un solo año. Cuando se articula con la planeación, el recaudo y la gestión de tierras, se vuelve un activo estratégico del municipio”, subrayó el experto de Esri Colombia.
Experiencias locales: Sesquilé, Sahagún y Sabanalarga.
Aunque la mayoría de los municipios pequeños enfrenta dificultades, ya existen experiencias concretas de categorías 5 y 6 que han asumido la función catastral y que muestran resultados medibles, especialmente en el recaudo del impuesto predial.
Los municipios de Sesquilé (Cundinamarca, categoría 6), Sahagún (Córdoba, categoría 5) y Sabanalarga (Atlántico, categoría 5) han sido habilitados por el IGAC como Gestores Catastrales mediante resoluciones expedidas entre 2020 y 2021. Sesquilé es un caso de éxito evidente que muestra que es posible asumir la función catastral y obtener resultados fiscales y de gestión. Sin embargo, también evidencian que el proceso requiere tiempo, acompañamiento técnico y un enfoque de sostenibilidad.
La gran tarea pendiente es asegurar que los municipios de categorías 5 y 6, que hoy no cuentan con capacidades ni recursos suficientes, puedan acceder a esquemas de financiación, asistencia técnica y soluciones tecnológicas acordes con su realidad. Lo importante es entender que la implementación del catastro multipropósito en estos territorios es una condición para la equidad en el acceso a la información, la formalización de la propiedad, la planeación del desarrollo y la capacidad fiscal de los municipios más rezagados del país.
