Belisario Betancur, el expresidente de Colombia que busco por cinco veces la presidencia, hasta que lo logró, que fue el primero en tratar de negociar la paz con las guerrillas colombianas, que propicio la creación de la Unión Patriótica, que tuvo que afrontar en ocho días dos auténticas tragedias nacionales: la toma del Palacio de Justicia y la desaparición de Armero; que llegó al poder, gracias a la división del Partido Liberal en las elecciones de 1982, con el lema del sí se puede y que se podían entregar casas sin cuota inicial a los estratos más necesitados de la población, pero que también introdujo el IVA, y mal negoció las minas del Cerrejón. Belisario acaba de morir.
Fue Belisario y su ministro de gobierno, Jaime Castro, los que sacaron adelante la reforma constitucional, (a la constitución del 86, del siglo XIX) que permitió la elección popular de alcaldes, dando inicio a la descentralización administrativa que, hoy, todavía está embolatada; con Belisario también se renunció a realizar el campeonato mundial del 86.
El expresidente muere convertido en símbolo de lo que debe ser un expresidente y con una expectativa que queda sobre la mesa a partir de ahora: saber la verdad, o por lo menos la de él, sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia y la forma como manejó el tiempo de la crisis.
Por lo pronto, el abogado y escritor boyacense, Hernán Olano, hace una semblanza de Belisario y lo que fue su reforma constitucional de 1986, la cual permitió, a partir de 1988, la primera elección popular de alcaldes:
La administración de Belisario Antonio Betancur Cuartas y la Reforma de 1986.
Por: Hernán Alejandro Olano García, MSc., PhD. Presidente de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño.
Cinco fueron los candidatos que se enfrentaron en esta contienda electoral, por el Partido de Reivindicación Popular Florentino Porras con 159 votos; Gerardo Molina Ramírez por el Frente Democrático UNO – FIRMES con 82058 votos; Luis Carlos Galán Sarmiento por el Partido Nuevo Liberalismo con 745738 votos; por el Partido Liberal Alfonso López Michelsen con 2797627 votos y resultó triunfador el candidato del Partido Movimiento Nacional, Belisario Betancur, con 3189278 votos. Hubo 8996 votos en blanco y 9594 votos nulos.
Nacido el 4 de febrero de 1923 en Amagá, Antioquia; se graduó de abogado en 1955, no obstante haber egresado de la Facultad en 1947. Fue Diputado a la Asamblea de Antioquia, Representante a la Cámara, Miembro de la Asamblea Nacional Constitucional, Ministro de Trabajo, Embajador en España y en los Países Árabes y cuatro veces candidato presidencial. Autor prolífico, dedicó sus actividad al dejar el cargo, a las letras y a las artes y particularmente a la poesía, alejándose de su partido conservador que tantas glorias le dio.
De hecho, en esta descripción se resume en que “detrás de esa blandura episcopal, hay en usted (Betancur) varios personajes: un paisa lleno de humor, un poeta y sobre todo un político que aprendió a tiempo todas las artes de la seducción”1, que se complementa con algo que aún circunda en el ambiente: “Usted, que es visto por sus amigos como un paisa abierto, conciliador, sentimental, incapaz de hacer daño, amigo de poetas, de tangos y de bambucos, con una cierta unción sacerdotal en su voz y en sus ademanes, es odiado por ciertos círculos dirigentes del país”.2
La primera de las reformas de este cuatrienio, estuvo dada por el Acto Legislativo # 1 del 10 de noviembre de 1983, que precisó que el sueldo anual de los miembros del Congreso y los gastos de representación serían reajustables anualmente. Esta forma de remuneración la introdujo el artículo 35 de la reforma de 1968. Anteriormente no tenían sino asignaciones diarias, es decir “dietas”.
Durante la administración Betancur Cuartas, con el optimismo de su expresión “Sí se puede”, y con el impulso dado por el Ministro de Gobierno Jaime Castro, se produjo una enmienda a la Carta, que fue sin duda una de las reformas más importantes a la Constitución de 1886, el Acto Legislativo # 1 del 9 de enero, que se orientó a darle una aplicación efectiva al principio de la descentralización administrativa y a la ampliación del espacio político, estableciendo la elección popular de alcaldes y la posibilidad de realizar consultas populares sobre los asuntos que interesasen al respectivo municipio.
En síntesis, por medio del Acto Legislativo #1 de 1986, reformatorio del Artículo 171 de la Constitución, se dispuso que “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejos Municipales y del Distrito Especial”. En todos los municipios habrá un alcalde que será el jefe de la administración municipal”.3
Estableció igualmente que el Alcalde sería el Jefe de la Administración en el respectivo municipio, elegido para un período de dos años en la fecha que fije la ley y que no se permitía su reelección para el período siguiente.
Con la elección popular de los Alcaldes, se dio vida a la condición del municipio como célula vital de la nación y se dio consistencia a la democracia local con la participación ciudadana.
Betancur también sería el encargado de sancionar la Ley 12 del 29 de febrero de 1984, que adoptó los símbolos patrios de la República de Colombia y sancionó la Ley 61 de septiembre 16 de 1985, que recogió como árbol nacional de Colombia la Palma de Cera o Ceroxylom Quindiuense. El animal insignia es el Oso de anteojos Tremarctos ornatus, también denominado oso andino o suramericano, homenajeado por el Banco de la República en 2013 en la mini moneda de cincuenta pesos.
Su administración se vio marcada por el sino trágico, el 13 de noviembre de 1985, otro evento luctuoso durante la administración Betancur, fue la avalancha del volcán Nevado del Ruiz y desbordamiento del río Lagunilla, que sepultó el municipio de Armero y sepultó a más de veinte mil personas. Así mismo, la intensificación de la acción de la narcoviolencia.
El gobierno Betancur, en el cual desapareció el estudio de la historia mediante el decreto 1002 del 24 de abril de 1984, pero no puede desconocerse que es un período oscuro que no se puede excluir de los libros de historia. Incluso, el 5 de enero de 1985, se envió a los Estados Unidos de Norteamérica al empresario Hernán Botero Moreno, el primer extraditado colombiano a ese país por vía administrativa, en respuesta al magnicidio del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en Bogotá por el Cartel de Medellín el 30 de abril de 1984.4
Una semana antes, el 6 y 7 de noviembre de 1985, con la financiación del narcotraficante Pablo Escobar, un comando del grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia, secuestrando (ahora dirían «reteniendo indebidamente») a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El Palacio de Justicia era el sitio ideal para pasear por quienes estudiábamos derecho y soñábamos -soñamos- con estar allí. En ese momento, el comando del M-19 cometió una infracción del Derecho Internacional Humanitario – DIH, con la utilización de “escudos humanos” y contaba con bombas Claymore y acumulativas, construidas a partir de aquellas.
Ya desde 1984, con mi amigo Gonzalo Suárez Beltrán, habíamos ingresado al Palacio de Justicia un sábado de noviembre, cuando presentamos nuestro examen de admisión en el Rosario. Gonzalo, leyendo la cartelera del primer piso con los nombres de los magistrados, dijo: “Algún día nuestros nombres estarán aquí”. Debido a eso, yo, que comencé en 1985 mis estudios, frecuentaba el Palacio de Justicia, dejaba mi tarjeta de identidad en una cajita donde en un escritorito para máquina de escribir, un policía entregaba los gafetes de identificación, que le permitían a este osado visitante recorrer las altas cortes a sus anchas, e incluso, desde la puerta de cada despacho, que permanecían abiertas, saludar a cualquiera de los magistrados, aún sin conocerlos, con un “¿Doctor como está?”, “bien chino”, contestaban.
Lo cierto es que el 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia amaneció sin protección policial y sólo contaba con mínima vigilancia privada, conformada por no más de seis empleados de la empresa de seguridad. Estaba yo ese día seis en clase de Historia Constitucional con el doctor Luis Córdoba Mariño; pocos de los sesenta estudiantes de primer año de Jurisprudencia entrabamos a clase, que estaba fijada en el horario de diez a doce del día; creo que no pasábamos de seis, solo recuerdo en clase a: Enrique Vargas Lleras, Diana Salazar, Carmen Giovanna Restrepo, Carlos Fradique Méndez y yo. El doctor Córdoba Mariño, con entusiasmo, pero voz pausada, relataba los episodios que habían rodeado la expedición de la Carta de 1863, cuando empezamos a oir a algunos de nuestros compañeros al exterior del Aula Mutis, diciendo: “salgan, salgan, que se tomaron el Palacio de Justicia”. Ya había gran revuelo en la plazoleta interna y el claustro estaba contrariado, porque algunos de los profesores, magistrados de la Corte y del Consejo de Estado, no habían llegado a dictar clase, -no llegarían nunca más-.
En medio de la conmoción, salí imprudentemente hasta la calle doce con carrera séptima. Ya había un gran número de curiosos, como yo, ubicados tras un tanque cascabel en esa esquina, viendo cómo se cruzaban ráfagas interminables de disparos desde el interior del Palacio, a las que se les daba respuesta desde el restaurante de Colsubsidio que se ubicaba en el segundo piso del edificio “Banco Comercial Antioqueño”.
Palacio, a las que se les daba respuesta desde el restaurante de Colsubsidio que se ubicaba en el segundo piso del edificio “Banco Comercial Antioqueño”.
Nada me hacía presagiar un buen desenlace; sin embargo, permanecí allí más de 45 minutos. De un momento a otro, dieron la orden al tanque de moverse y apuntar la mira de su cañón hacia quienes estábamos allí. Inmediatamente, soldados y policías antimotines aparecieron corriendo desde la Plaza de Bolívar en actitud combativa para dispersar a la gente, con el propósito de evacuar la carrera séptima y cerrar el paso desde la Avenida Jiménez. No había estado, ni he estado nunca en un avalancha como ésta: Las persianas metálicas de cada uno de los almacenes bajaban ruidosamente y, con mucha rapidez docenas de personas, se lanzaban al suelo y acostados haciendo rollitos entraban acostados rodando a los almacenes: yo seguí corriendo, llegué hasta la pastelería La Florida, donde frecuentaba ir invitado por mi tía Ana Teresa que trabajaba al frente en el IDU. No sabía qué hacer, tenía dieciséis años, era un muchachito de Tunja que presenciaba lo más cercano a una repetición del nueve de abril; seguí caminando para buscar una buseta de “Expreso del País” que me llevara a la casa de mi abuelo paterno, donde yo vivía. Caminé hasta la 47 con séptima; ya había llorado de la angustia.
Llegué a la casa y estaba mi tía Fanny, con quien nos dedicamos a escuchar Caracol. Todavía tengo presentes muchos episodios y la voz del periodista judicial Guillermo Franco Fonseca –ese que se había empelotado en 1980 frente a la Embajada de la República Dominicana durante la toma del M-19 para poder hacer una entrevista y vieran que no llevaba armas-. Fueron horas de angustia, la explosión del proyectil contra el frontispicio de la Corte, donde aparecé aún la frase de Santander: “Colombianos: Si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”, aún retumba en mi mente. Ese boquete serviría para sacar el humo que anunciaba el infierno que se estaba viviendo dentro del recinto.
En algún momento de la transmisión, Guillermo Franco dijo: Yamid, salió Almarales. Ahí mismo Yamid Amat comenzó a decir “salió Almarales, salió Almarales”, el jefe del Comando Guerrillero que había realizado la toma. Hubo una interrupción en la transmisión: “No salió, no salió”, dijo el periodista. Algunos aun dicen que sí. Lo cierto es que muchos confiaron siempre en una situación mejor para el País y murieron con ese sueño en el corazón.
A la 1:15 p.m., sin embargo, la constancia agregada al acta de la reunión del Consejo de Ministros, registra que el Director de Inravisión solicitó autorización para transmitir en directo los hechos. Noemí Sanín, Ministra de Comunicaciones, «convino con el Director de Inravisión no autorizar cambio en la programación por las repercusiones de orden público que podía conllevar una transmisión cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo. El público estaba suficientemente enterado por la radio. Quizás más tarde se podrían aprovechar las grabaciones ya sobre los hechos establecidos».
Después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer censura a la radio o a la televisión, la Ministra de Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los responsables de las cadenas y emisoras radiales y de los noticieros de televisión y les hizo presentes las prohibiciones legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les notificó que no podían transmitir los comunicados de los subversivos, como lo habían pedido ellos en su manifiesto, ni podían tampoco transmitir al público entrevistas desde el interior del Palacio de Justicia, pues dentro de él estaban los delincuentes.
El periodista Juan Gossaín recibió el 6 de noviembre, sobre las 5:00 p.m., una llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le dijo que él sabía que en el exterior escuchaban su programa y lo estaban retransmitiendo, que le pedía el favor de salir del aire, ya que le está haciendo daño el país. Él expresó que no lo haría, y la Ministra le dijo que estaba violando la ley, ante lo cual Gossaín le pidió que le dijera qué ley estaba violando.
Hacia las 6:00 o 7:00 p.m., Yamid Amat recibió la llamada de la ministra Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aunque no había resolución, era una orden. Él dijo que lo haría si los demás medios lo hacían. Ella le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al Ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores, y le ordenó transmitir un partido de fútbol. No les permitieron emitir siquiera boletines. La consideró Yamid Amat como una implacable imposición de censura. La Ministra le dijo tiempo después que esa era «la única manera de salvar la democracia».
«La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte… Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el Gobierno, cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando», concluyó Yamid Amat. En entrevista con la Comisión de la Verdad, sin embargo, la ex ministra Sanín negó categóricamente la versión anterior”.5
Lo cierto es que, según Deas, “la extraordinaria toma del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá por el M-19 no se trató en modo alguno de una toma pacífica, ni siquiera en su inicio –el movimiento invadió el lugar con un arsenal considerable y mató a varios guardias de seguridad para entrar-, y el episodio terminó en un asalto militar a gran escala, con el desplazamiento de tanques y la muerte de muchos miembros de la Corte Suprema de Justicia, de empleados del lugar y de casi todos los asaltantes”.6
Aún en 2017, más de tres décadas después, la situación sigue sin resolverse; el general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en noviembre de 2014 a 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia, así como la desaparición de varias personas, habiéndose recuperado en 2015 los cadáveres de Cristina del Pilar guarín, cajera de la cafetería del Palacio; Lucy Amparo Oviedo, empleada de la cafetería; y Luz Mary Portela, una visitante ocasional que iba al despacho del magistrado Reyes Echandía.
Al día siguiente, el presidente Betancur se dirigió a los colombianos por radio y televisión, cuyos apartes seleccionados, dicen:
“Este ataque contra la institución suprema de nuestra justicia; la quema de parte de sus archivos, entre ellos sobre el narcotráfico, el incalificable crimen contra pulquérrimos magistrados que antes que nada son jueces serenos e imparciales y justos; contra una Corte Suprema libre, libérrima y tan independiente que inclusive echa atrás decisiones del Gobierno, como ha sucedido más de una vez, este acto solo se explica por una perturbación de la mente, por una perturbación de espíritus a los cuales esperaba que les llegara la reflexión. Y la seguridad de que –como ayer mismo lo manifestamos a los propios dirigentes guerrilleros a través del señor presidente de la Corte, al inolvidable magistrado Alfonso Reyes echandía, y del director de la Policía Nacional- les ofrecíamos juicios y jueces imparciales y serenos que, bajo la garantía de la Corte y de sus magistrados, tomarían decisiones objetivas y ecuánimes.
(…)
Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar. En desarrollo de este concepto, repito que insistí hasta el último momento en que los guerrilleros cesaran su acción bajo la promesa de que sus vidas serían respetadas y de que se les haría un juicio con todas las garantías que ofrece nuestro Estado de derecho.
(…)
Los hechos de ayer y de hoy han sido obra de la irreflexión de gentes a quienes no ha bastado la generosidad expresada a través de actos del Congreso y del Gobierno; y que no supieron entender el proceso de paz como gesto magnánimo del Estado, sino como muestra de debilidad.
(…)
En la situación que hemos vivido ayer y hoy, el Presidente de la República, para hacer honor al juramento prestado, tenía que defender las instituciones patrias y acudir a los instrumentos de tutela de la soberanía que la misma Constitución pone en sus manos.
Nada ha sido tan preciado para el gobierno como la vida de todos nuestros compatriotas, sin distingo alguno de clases, credos, o posiciones políticas. Pues bien, las decisiones que el Gobierno ha tenido el deber de tomar en este delicado trayecto histórico, no han tenido otra mira que ese interés nacional. Por ello, ahora es más necesario que nunca que todo el pueblo colombiano respalde con su comprensión, con su prudencia, con su objetividad, las medidas que el bien común aconseje”.7
Lo cierto es que Betancur “no estaba en una posición fuerte antes del incidente –se pensaba que había hecho demasiadas concesiones a la guerrilla, a las que esta había respondido con mala fe- y tampoco después de la toma”.8
Luego, en 2015, con ocasión de la conmemoración de los treinta años de ese doloroso insuceso, Belisario Betancur pidió perdón por los errores en la retoma del Palacio de Justicia, en los siguientes términos:
“Si errores cometí pido perdón a mis compatriotas por esos errores que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz que el presidente Santos está buscando con ansiedad para todos los colombianos (…) Muchas lágrimas resbalan en mi añoso rostro, porque el llanto ha inundado las regiones del alma”.9
Años después, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, en cumplimiento de una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por estos hechos, se reunió con las víctimas y sobrevivientes en la plazoleta del nuevo Palacio para en nombre del estado pedir perdón.
1 MENDOZA, Plinio Apuleyo. Los retos del poder. Carta a los expresidentes colombianos. Intermedio Editores, Bogotá, D.C., 1991, p. 185.
2 Ibíd., p. 179.
3 CASTRO, Jaime. Op. Cit.
4 PASTRANA ARANGO, Andrés. Memorias olvidadas. Episodios personales de la Historia de Colombia relatados a Gonzalo Guillén. Colección Debate, Random House Mondadori, Bogotá, D.C., 2013, p. 49.
5 www.verdadpalacio.org.co, libro de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.
6 DEAS, Malcolm. Intercambios violentos y dos ensayos más sobre el conflicto en Colombia, p. 56.
7 MITCHELL, Daniel. Palabra colombiana. Op. Cit., pp. 165 – 167.
8 DEAS, Malcolm. Intercambios violentos y dos ensayos más sobre el conflicto en Colombia, p. 57.
9 Cfr. El Nuevo Siglo, miércoles 4 de noviembre de 2015, p. 28-A.
