Por|Jacinto Pineda Jiménez, Director Territorial (e) Esap Boyacá – Casanare
No aprendemos de las tragedias, viven en nuestra memoria mientras son noticia, luego la amnesia se encarga del olvido. Tras la ola invernal 2010-2011 ante la necesidad de responder al drama de miles de víctimas la respuesta fue la creación de instituciones y la inversión a través de “Colombia Humanitaria”. Se organizó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que constituye el instrumento jurídico e institucional más importante para prevenir y enfrentar el impacto negativo de los desastres. Colombia humanitaria terminó siendo un organismo muy cuestionado, tanto por su transparencia como la eficiencia en sus ejecuciones. Sin embargo la estructura institucional fue ineficiente frente al modelo de desarrollo que continuo priorizado por lo económico. Mocoa y su dolor nos enseñan que los cambios normativos son importantes pero lo fundamental es el modelo sobre el cual descansa el desarrollo.
La ceguera continúa, el desarrollo se piensa desde la incorporación de zonas a la productividad o a la ocupación del suelo con fines de crecimiento económico y urbanístico. A la par el riesgo acrecienta, recordar al propio Director de Planeación Nacional, quien el 2015 en Tunja afirmó “El 76% del territorio del departamento de Boyacá tiene amenaza Alta y Muy Alta por movimientos en masa Según DNP-BID (2014), en caso de no adaptarse al Cambio Climático, Boyacá tendría en promedio los siguientes efectos entre 2010 y 2100: Cierres en carreteras durante el 7,3% del tiempo por deslizamientos, aumento potencial en los rendimientos por hectárea de papa de 1,7%.” De igual manera el estudio del DNP y el BID advierten sobre el riesgo en el departamento con las siguientes cifras:
Más del 70% del departamento presenta problemas erosión: el 26% del territorio con erosión Moderada; 6% del departamento presenta erosión severa y muy severa; con erosión muy severa se destacan Sáchica, Ráquira, Tinjacá. 57 de los 123 municipios presentan áreas con erosión severa, se destacan Sutamarchan, Villa de Leyva, Ráquira, Tinjacá, Saboyá, Betéitiva, Paz del Rio.
Más del 60% del departamento tiene amenaza alta y muy alta por movimientos en masa: Cubará, Labranzagrande, Pajarito, Aquitania, Páez, Campohermoso, Miraflores, Macanal, Santa María, Chivor, Paya, Pisba y Jericó, con más del 50% de su territorio en amenaza alta y muy alta por movimientos en masa. Casi el 40% del área del departamento de Boyacá tiene índice de vulnerabilidad hídrica medio y alto; 27 municipios en su área rural han sido afectados por desabastecimiento en el fenómeno de El Niño, incluyendo Tunja. Para el año 2040 la temperatura del departamento aumentará en promedio 0,8°C y para ese mismo año la precipitación del departamento aumentará en promedio un 5,84%. Cifras para repensar nuestra convivencia dentro del territorio.
Ahora desde la Administración Pública hay una responsabilidad frente al manejo de los riesgos ambientales y para ello cuenta con los instrumentos legales y técnicos. Me refiero a los planes de ordenamiento territorial (POT), pues a la luz de los hechos existen pero no caminan. El POT es el instrumento que orienta el desarrollo del territorio y regula la utilización, transformación y ocupación del suelo. Quizá el mayor obstáculo se concentra en el hecho que el proceso de revisión y ajustes de los POT, en ocasiones, se convierte en el campo de los más diversos intereses donde grupos de poder como urbanizadores, constructores y gremios económicos definen el discurso en detrimento de la construcción social, cultural y ambiental del territorio.
Administraciones locales postradas ante el poder de los urbanizadores privados solo permiten que continúen apropiándose de la plusvalía que resulta de las dinámicas de aglomeración urbana. Ese es el riesgo de la denominada democracia de gremios; “De esta manera, los gremios ponen a los individuos en los cargos determinantes, salen de sus propias entrañas, o luego de ocupar el cargo público son acogidos para el desarrollo de sus planes privados. Es evidente que estamos ante una “democracia de gremios” cuya capacidad de lobby o determinación es cada vez mayor”, afirma el profesor Gonzalez Escobar. Cuando lo económico orienta las decisiones ahoga lo ambiental
Una nueva concepción sobre el desarrollo reclama la naturaleza y nosotros parecemos no comprenderla ni escucharla. Apostar a los sistemas ecológicos, a la naturaleza o lo ambiental no debe ser tarea de ecologistas sino de una sociedad y un Estado conscientes de sus compromisos éticos pero sobre todo afines al principio de responsabilidad que clama un mundo mejor para las futuras generaciones. Como dice el Papa Francisco “Pero ahora esta tierra maltratada y saqueada clama y sus gemidos se unen a los de todos los abandonados del mundo”.
