El país solo cuenta con 12 jueces que han conocido más de 2.400 procesos. Bogotá, 27 de septiembre de 2022.
Ante la plenaria del Senado, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, planteó la posibilidad de una reforma a la Ley de Extinción de Dominio y un aumento significativo del número de jueces que conocen estos procesos – actualmente son 12- para que el Estado pueda asumir en el menor tiempo posible el control de bienes vinculados con actividades ilícitas y los destine a proyectos productivos que favorezcan a población vulnerable.
En su intervención, el Ministro llamó la atención sobre la necesidad de que los procesos de extinción no sean tan demorados como ocurre en la actualidad, y de incentivar las sentencias anticipadas.
“Reformar el Código de Extinción de Dominio podría ser una buena idea para fortalecer ese proceso y permitir que haya con mayor facilidad la aceptación de sentencias anticipadas, ya que no ha sido estimulante para las personas involucradas acogerse a estas sentencias”.
Agregó que “dentro de la jurisdicción penal se creó una especialidad de extinción de dominio, pero lamentablemente el número de jueces es ínfimo.
Entonces una primera actuación del gobierno sería la de proponerle al Consejo Superior de la Judicatura un incremento significativo, notable y visible del número de jueces que se ocupan de dichos procesos”, precisó.
Recordó que el actual Código de Extinción de Dominio otorga a quienes entreguen bienes el 5 % del valor de su venta.
“A lo mejor, en una reforma se podría aceptar elevar el porcentaje al 10 % con tal de que se anticipen las sentencias y podamos tener más rápidamente esos bienes”.
Osuna Patiño dijo a la plenaria que cada vez está más convencido de que en la letra pequeña del derecho muchas veces se esconden grandes y terribles injusticias “que aparecen como garantías de debido proceso, de igualdad formal y de debate suficiente, pero que están diseñadas para mantener privilegios y exclusiones”.
Recordó, sin embargo, que le ha correspondido estar en un gobierno que quiere cambiar esa circunstancia y establecer desde la ley un escenario más justo con toda la sociedad, especialmente con la población más vulnerable.
