Por: Julián David Mesa Pinto/Abogado Especialista en Gobierno y Gerencia Territorial y Analista Político
Toda actividad humana genera impactos, las grandes obras de infraestructura o hasta las acciones más sencillas como respirar, cocinar o lavarse las manos también los causan.
Sin embargo, quiérase o no reconocer, la industria minera produce las materias primas indispensables para que los beneficios de los avances tecnológicos puedan incorporarse de manera masiva a la vida cotidiana, así como los insumos básicos para otros sectores productivos, como lo son la agricultura, la industria de la construcción, la industria química, farmacéutica, metalmecánica, electrónica, entre otras. Desconocer esta realidad implicaría regresar a la edad de piedra.
Muchos han sido los factores para que las comunidades hayan asumido una fuerte tensión y rechazo a la minería legal y bien hecha, pero se destacan dos principales: el desconocimiento y desinformación guiados por intereses mediáticos y populistas que común e intencionalmente suelen tergiversar el concepto de minería legal y bien hecha al punto de confundirla con el verdadero cáncer: la explotación ilícita de yacimiento minero.
Para predicar la minería legal y bien hecha debe partirse de la existencia de un proyecto minero que cuente con un contrato de concesión minera debidamente otorgado por el Estado a través de la autoridad minera –Agencia Nacional de Minería-, que además obtenga los instrumentos legales y contractuales según la etapa contractual (exploración, construcción y montaje, y explotación y beneficio); específicamente para adelantar labores extractivas en la etapa de explotación y beneficio debe contarse con la aprobación por parte de la autoridad minera de un Programa de Trabajos y Obras -PTO- y con la Licencia Ambiental debidamente otorgada por la autoridad ambiental competente.
El sector minero, siguiendo los lineamientos de una minería legal y bien hecha, es en extremo consciente de los impactos ambientales que ocasiona la actividad, para lo cual, además de cumplir con las obligaciones legales y contractuales surgidas con la ocasión de un contrato de concesión minera o del cualquier modalidad de título minero, adelanta programas de prevención y mitigación, rehabilitación y compensación que exigen las autoridades ambientales competentes.
Contrario a los mitos creados, la regulación que de manera específica rige a la industria minera en materia de obligaciones económicas, jurídicas, técnicas y ambientales y de seguridad ambiental no es laxa. El Estado como responsable del orden jurídico y orientador del desarrollo económico asume un rol determinante en cabeza de la autoridad minera y las autoridades ambientales para que el desarrollo de la actividad minera y formal esté sometida a una constante labor fiscalizadora que controle y de ser el caso, adopte medidas e imponga las sanciones legales aplicables a los títulos mineros debidamente otorgados en el territorio nacional. Sumado a ello, la Unidad de Planeación Minero – Energética – UPME viene adelantando en buena parte del país los talleres de socialización del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2018-2025 dirigidos al gremio minero y opinión pública en general.
Así mismo, resulta oportuno destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, “Todos por un nuevo país”, dentro de su componente “competitividad e infraestructura estratégicas” dispuso: “clasificar la minería en grande, mediana, pequeña y minería de subsistencia, con el fin de implementar una política diferenciada”. En este sentido, luego de un trabajo articulado entre Dirección de Formalización Minera, la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero – Energética – UPME, fue proferido el Decreto reglamentario No. 1666 del 21 de 2016 mediante el cual se “establecen los requisitos para las actividades minera de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería”. (De este tema, nos ocuparemos con más detalle en una próxima columna).
Hechas las anteriores precisiones conceptuales, vamos a los beneficios que según cifras oficiales, ofrece la minería legal y bien hecha: pagar impuestos y contribuir al 2,1 por ciento del PIB. En materia de regalías ha aportado cerca de 10 billones de pesos en los últimos cinco años y generado 350 mil empleos directos y 900 mil indirectos. Como puede advertirse, son muchos los recursos y beneficios con los cuales ha sido posible la inversión en importantes obras de infraestructura, mejoramiento de saneamiento básico y agua potable, construcción de vías y viviendas entre otros. De ahí que resulta inverosímil y muy injusto desconocer que el desarrollo y progreso del país se debe en gran parte a las regalías aportada por el desarrollo de la minería legal y bien hecha.
Colombia no puede dejarse atrapar por discursos y debates ambiguos movidos por intereses populistas y mediáticos que solo conducen a la exclusión de importantes actividades económicas. Hemos visto el creciente y desmedido uso de mecanismos como las consultas populares en contra de proyectos mineros, que valga decirlo, en la mayoría de casos no atacan la minería ilegal sino que centran su oprobio y rechazo en proyectos mineros legales y amparados no solo con un título minero y con un instrumento ambiental, sino que están sujetos a la permanente fiscalización ejercida por la autoridad minera. Si bien dichas consultas merecen un reconocimiento legítimo y democrático, es hora de centrar el debate de su uso desbordados en muchos casos por activistas que sólo buscan vitrina y protagonismo político.
Ya avocados en la era del posconflicto, es la minera ilegal la que representa su principal amenaza, huelga de manera urgente llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de abrir escenarios de diálogo entre la industria minera, los colectivos ambientalistas para que de manera articulada se pueda permitir el desarrollo de una minería legal y bien hecha que aporte al progreso del país con plena conciencia y responsabilidad en la preservación del medio ambiente. El asunto no debe centrarse en que si odia o se ama a la minería, sino de reconocer que necesitamos de una minería legal y bien hecha.
