La Fiscalía General de la Nación informa que fueron judicializados tres militares que se habrían apoderado de más de 23 mil galones de combustible donados por la DIAN al Ejército Nacional en Boyacá.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, presentó ante un juez de control de garantías a los oficiales retirados del Ejército Nacional, coronel Jorge Armando Rodríguez Malaver y mayor José Weimar Agreda Romero; además, del ex suboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Jorge Andrés Sandino Rojas, y les imputó, de acuerdo a su responsabilidad, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos investigados están relacionados al posible apoderamiento por parte de los militares, de más de 23 mil galones de combustible que fueron donados en 2016, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al Batallón de Alta Montaña #2, ubicado en el municipio de El Espino, Boyacá.
De acuerdo con la investigación, la primera entrega del combustible por parte de la DIAN fue en octubre de 2016, la cual correspondía a 13.780 galones de ACPM, avaluados en $64.545.520, que presuntamente, fueron entregados en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, a Sandino Rojas quien fungía como suboficial de Acción Integral del Ejército, para que los trasladara a Boyacá.
Sin embargo, el material de prueba da cuenta que los dos oficiales retirados del Ejército, quienes para la fecha de los hechos se desempeñaban como comandante y subcomandante del batallón que sería beneficiario de la donación, habrían ordenado al suboficial llevar la carga de hidrocarburos a Tuluá (Valle del Cauca), donde aparentemente, fue comercializado en una estación de gasolina por 25 millones de pesos.
Una situación similar se habría registrado con 9.420 galones de gasolina y 266 galones de ACPM, por un valor total de $58.624.893, que fueron aportados por la DIAN en noviembre de 2016, también al Batallón de Alta Montaña # 2, pero que presuntamente, nunca llegaron a Boyacá, sino que por el contrario, habrían sido comercializados de manera irregular en la misma estación de servicios en Valle del Cauca por 30 millones de pesos.
Dice la Fiscalía que en las verificaciones realizadas por los investigadores, detectaron que posiblemente, los procesados consiguieron una certificación falsificada para simular que el combustible donado había sido guardado en un depósito de una estación de gasolina en Tunja, con el objetivo de presentarla en la inspección que regularmente realizan funcionarios de esa institución.
Durante la audiencia concentrada los ex uniformados no aceptaron los cargos endilgados por una fiscal adscrita a la fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, de la Dirección Seccional Boyacá.
*Con información Fiscalía General
