El Gobierno Nacional ha causado un impacto mediático con el anuncio de la implantación de la Matrícula Cero. Muchos se preguntan si este anuncio no es un estratagema coyuntural para desviar la atención de la protesta social en el país.
Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
Prólogo
Entre los 163 artículos contenidos en la fallida reforma tributaria del defenestrado ministro de Hacienda y candidato a la presidencia de la Corporación Andina de Fomento (CAF), (redenominada Banco de Desarrollo de América Latina), el artículo 30 titulado “Promoción de acceso a la educación superior”, alude a los recursos que el Gobierno Nacional destinará anualmente para financiar el pago parcial o total de la matrícula de los estudiantes “ en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad de las instituciones de educación superior públicas, en programas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria”. Ahora el presidente Duque lanza un globo distractor para intentar apaciguar la movilización ciudadana, cuyos protagonistas principales son los jóvenes universitarios.
Trama
El presidente Duque, secundado por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron una reasignación del presupuesto nacional para cubrir la matrícula, en elsegundo semestre de este año, de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, correspondiente a los diversos niveles de la educación superior (universitaria, técnica y tecnológica), agitando, calculadamente, una cifra fantasmagórica: 97 por ciento de gratuidad educativa. De acuerdo con un informe del Sistema Universitario Estatal (SUE) en las universidades públicas el 87 por ciento de los estudiantes matriculados pertenecen a estos tres estratos.
Un anuncio de estos, en otras circunstancias, parecería un paso en el reconocimiento de la educación superior como un legítimo derecho constitucional, tal como existe en muchos países, sin embargo, dado el malestar social que se ha tomado las calles de las ciudades colombianas, parece una cortina de humo para desviar la atención ciudadana y posar de empático gobernante.
En 2019 en las 300 instituciones de educación superior (IES) del país estaban matriculados 2,4 millones de estudiantes, representando las oficiales o públicas un poco más del 50 por ciento, en tanto que las instituciones públicas contribuían con el 29 por ciento de todo el sistema educativo. De otro lado, los programas de pregrado copaban alrededor de 92 por ciento de la cobertura. La formación universitaria es receptora de una población estudiantil que bordea 1,5 millones, estimándose la matriculada en las 32 universidades públicas cerca de 600.000 personas.
En diciembre de 2018 y como resultado de las movilizaciones estudiantiles y profesorales el Gobierno Nacional suscribió varios acuerdos, entre ellos arbitrar recursos adicionales para garantizar la financiación y la sostenibilidad de las IES públicas, particularmente, reformar el sistema de asignación definido en la Ley 30 de 1992, bajo el entendido que la demanda de cupos ha crecido, pero las transferencias de la Nación (50 por ciento, según el SUE) son insuficientes para atender los gastos de funcionamiento e inversión, lo que ha obligado a muchas universidades a desesperadas estrategias de autofinanciación. Esto es lo que está ocurriendo en la UPTC en el que la Vicerrectoría Administrativa ha declarado que 2020 dejó un déficit que roza los $7.000 millones, presuntamente por la caída de los ingresos de la matrícula de pregrado y la facturación de investigación y extensión.
Epílogo
El año pasado, buscando contrarrestar los devastadores efectos de la pandemia en la permanencia de los estudiantes en las aulas universitarias, gran parte de las universidades públicas y privadas promovieron estrategias de descuentos en el cobro de la matrícula, y la gratuidad de la matrícula para los estratos 1 y 2, con la denominación de Matrícula Cero, la que fue acogida como una justificada reivindicación estudiantil ante el aumento de la brecha social. En la UPTC, en el segundo semestre de 2020, por iniciativa de las vocerías de estudiantes, profesores y egresados, la administración transigió en que el 86 por ciento de sus más de 27.000 estudiantes de los estratos 1 y 2 fueran beneficiados con la gratuidad, destinando una cifra superior a $16.000 millones, correspondiendo tan solo el 28% ($4.614 millones) al llamado Plan de Auxilios de Matrículas (PAM), aportado por el Gobierno Nacional, de la bolsa repartida de $97.500 millones. Este año anunció una “auxilio” equivalente a $98.800 millones, que significará una irrisoria suma para sufragar la Matrícula Cero, aún más cuando se extiende al estrato 3.
Frente a estos publicitados anuncios es pertinente preguntarse: ¿cuál será la cuantía de estos recursos?, y, ¿de dónde se obtendrán, máxime cuando las finanzas públicas están en rojo? ¿Qué va a pasar con el primer semestre de 2021?
Punto final: La prematura partida de nuestro gran amigo Pedro Esaú nos ha dejado perplejos sobre la fugacidad de la existencia humana, más no de su legado que será perdurable. ¡Descansa en paz, entrañable tejedor de sueños y de utopías!
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