Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
179 masacres con 342 asesinados entre enero y diciembre 6 de 2020, es el saldo a la fecha en que se recuerda la masacre de las bananeras financiada por la United Fruit Company y ejecutada por el ejército nacional contra más de 1500 trabajadores en 1928.
“La masacre es tal vez la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto sobre la población civil” (G. Sánchez) y “un indicador de degradación de la guerra” (C-250 de 2012). Su recurrencia anuncia un genocidio en marcha que pone al descubierto la real intención de élites y detentadores del poder político y económico.
La firma del acuerdo de paz, dejaba la esperanza de que el fin de las masacres había llegado y serían un tema del pasado, junto a la guerra sucia, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, las atrocidades de corte nazi, la judicialización como amenaza cotidiana, la estigmatización y el odio por razones ideológicas que hicieron parte de una catástrofe de barbarie sin piedad que no puede ser negada ni llevada al olvido.
“La masacre es un asunto que debe pasar por las reglas, juicios y penas con base a derechos humanos, no de justicia ordinaria; y, cualquier intromisión indebida, es parte de la violación”.
Sin embrago, la masacre entendida como está consensuado y aceptado por todos los estados miembros de las Naciones Unidas, que han aceptado a la declaración universal de derechos humanos, sus pactos y protocolos y con ellos sus conceptos y fundamentos, es el asesinato de varias personas en estado de indefensión al mismo tiempo, cometido con crueldad y terror. No existen otras definiciones, ni es de libre interpretación, para funcionarios, que, al tratar de hacer ajustes, revictimizan y alientan la impunidad. La masacre es un asunto que debe pasar por las reglas, juicios y penas con base a derechos humanos, no de justicia ordinaria; y, cualquier intromisión indebida, es parte de la violación. El concepto de masacre, de origen francés (massacre), según la Real Academia de la Lengua, -que no es una entidad de derechos humanos- la define como una matanza de personas, indefensas, producida por ataque armado o causa parecida; un asesinato cruel y violento, una forma de violencia colectiva contra personas indefensas que no pueden oponer resistencia. La masacre, tiene una dimensión histórica, social y política, a diferencia del homicidio simple cometido contra varias personas, que puede ocurrir en una fiesta, un hurto a mano armada o cuando alguien arremete y mata a su familia o vecinos.
“El país está ante una “masacre a gran escala” que exige ser tratada como genocidio”.
La masacre reiterada sobre un grupo específico de personas, se ha recrudecido y la primera causa es la No implementación de los acuerdos de paz, agenciada por los promotores y ganadores electorales del No, hoy en el estado. El país está ante una “masacre a gran escala” que exige ser tratada como genocidio. Hay una sistematicidad que asegura la existencia de un plan diseñado para destruir a unas comunidades, mediante masacres sucesivas que minan la capacidad de resistencia de pueblos enteros, a los que grupos de poder político y económico pretenden someter; se crea la percepción de guerra, se intervienen los territorios, se justifica la militarización, persecuciones; se provoca masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinato selectivo de líderes y lideresas y presión para quebrar la voluntad de la comunidad, el fin último es provocar reasentamientos en condiciones precarias, sin vínculos sociales, con destrucción de la estructura social, desintegración familiar, pérdida de prácticas culturales, idioma y tradiciones propias, que impactan la vida colectiva y degradan sus condiciones de bienestar y vida digna.
Las masacres, como ocurrió hace 500 años, se repiten hoy, como si el propósito fuera volver a poner en vigencia la esclavitud o la servidumbre, controlar las libertades y conductas de ciertos grupos sociales y exterminar su cultura, su visión del mundo, sus raíces. En cualquier caso, la protección contra la esclavitud, y contra discriminación racial y otras, es una obligación internacional, erga omnes, que atañe al Estado y al gobierno, según los principios y reglas relativas a los derechos básicos de la persona humana, sobre todo porque para los pueblos indígenas, comunidades afros y campesinas, sus territorios no constituyen solamente el medio esencial de subsistencia, sino que son una parte integrante, vital, de su cosmovisión, fe, sentido de la vida, identidad o integridad cultural, y por tanto vivir así, es un derecho fundamental de naturaleza colectiva que requiere ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.
“El gobierno y el partido en el poder están en la obligación de abstenerse de interferir mediante anuncios equívocos, conceptos arbitrarios y engañosos o señalamientos a priori de victimarios, sobre las masacres, en tanto su sesgo ideológico impide la determinación de la verdad, entorpece la investigación independiente, y frena la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables y autores intelectuales y materiales”
La situación de sistematicidad de las masacres focalizadas sobre grupos específicos conforme a la Convención Americana, obliga al Estado colombiano y al gobierno a adoptar medidas de carácter positivo inmediato para revertir los efectos de la condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis las actuaciones y prácticas de terceros particulares. Cada masacre debe ser investigada, pero igualmente debe investigarse en su totalidad la sistematicidad y escala que permita hacer una declaratoria de genocidio en marcha. El gobierno y el partido en el poder están en la obligación de abstenerse de interferir mediante anuncios equívocos, conceptos arbitrarios y engañosos o señalamientos a priori de victimarios, sobre las masacres, en tanto su sesgo ideológico impide la determinación de la verdad, entorpece la investigación independiente, y frena la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables y autores intelectuales y materiales, especialmente cuando se presume que están o pueden estar involucrados agentes estatales, como ya ocurrió en otras sucesivas y crueles masacres como El Aro, El Salado, Mapriripán, Santo Domingo o Trujillo.
Al gobierno compete, de conformidad con la Convención Americana vigente, la obligación de investigar con la debida diligencia todos los hechos y observar la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, incluida la omisión, a pesar de la recurrente negativa a reconocer la participación de agentes estatales, élites y poderosos en ellas, como ya ha sido concluido de la fase anterior cuando muestran que “las presiones de las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo facilitaron la agrupación de estructuras de Autodefensa armadas que posteriormente, y con responsabilidades de políticos y empresarios de las esferas de la opinión pública regional y nacional, financiaron y fomentaron la incursión y consolidación de las distintas estructuras paramilitares en la subregión». (Corporación Jurídica Libertad, sobre paramilitarismo e impunidad).
