La Procuraduría General de la Nación conminó a los gobernadores y alcaldes del país a garantizar el acceso de la población vulnerable y de especial protección constitucional al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
En Memorando de la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, enfatizaron en la importancia de una eficaz identificación y oportuna intervención en salud a los ciudadanos que cumplen con criterios como ser población privada de la libertad, habitantes de calle, migrantes regulares e irregulares con vocación de permanencia, así como menores de edad de 12 a 15 años con comorbilidades, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres gestantes, desplazados por la violencia y quienes están en situación de pobreza extrema.
El órgano de control exhortó a las administraciones departamentales a formular y vigilar la ejecución de las estrategias de búsqueda activa de quienes hacen parte de esta población, en permanente coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social.
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