La salud del país, como el vulgar negocio que es, y no como el Derecho Fundamental que debiera ser, dejó a 1,5 millones de seres humanos, no de usuarios o clientes, tirados al azar del papeleo y el ‘sistema caído’. Hoy, la Procuraduría, Ministerio que debía vigilar y ser garante de la prestación de los servicios de salud, sin asumir ninguna clase de responsabilidad de su propia negligencia, se lava las manos con el tema de la liquidación de Medimás y exige a las empresas receptoras de los afiliados trasladados, brinden las garantías de atención a estas personas.
El pasado 11 de marzo, 1’490.265 afiliados de Medimás EPS fueron trasladados a otras 14 EPS, luego de que la Superintendencia de Salud ordenara liquidar a la prestadora de salud, debido a la crisis económica y la infinidad de quejas por mal servicio que presentaba.
«Se debe asegurar a los usuarios la continuidad de los tratamientos médicos y el suministro de medicamentos, especialmente a aquellos con enfermedades de alto costo y que por su condición requieren continuidad sin ningún tipo de barrera en patologías como, tratamientos oncológicos, enfermedades renales, entre otras, en condiciones de oportunidad, continuidad, integralidad, dignidad, calidad y suficiencia», dijo la procuradora delegada para la Salud, Seguridad Social y Trabajo Decente, Diana Ojeda Visbal.
Cabe recordar que los afiliados de Medimás EPS fueron trasladados a las siguientes aseguradoras: Nueva EPS, EPS Sánitas, Salud Total EPS, Famisanar EPS, Coosalud EPS, EPS Sura, Compensar EPS, Cajacopi EPS, Comfenalco Valle EPS, Aliansalud EPS, A.I.C. EPS, Pijaos Salud EPS y Mallamas E.P.S.I.
Mientras la salud pública no recupere su carácter de Derecho Fundamental, hasta que cada persona no sea tratada como ser humano y no como cliente, hasta que los pillos dueños de esas entidades particulares no sacien su voraz apetito de dinero, no se podrá hablar de equidad ni de la ilusión de unos derechos humanos. Como en todo negocio en quiebra, hay culpables y acusadores, ganadores y perdedores: los propietarios de las entidades particulares y, los pacientes.
