La libre expresión es un derecho humano, consagrado en la declaración universal de 1948 (art 19) e incorporado en reglas como el pacto internacional de derechos civiles y políticos (art 19), convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial (art 5) entre otras, que establecen principios y restricciones para garantizar que no se utilice para incitar al odio, la violencia o la discriminación. Este concepto que viene de la antigua Grecia y los movimientos de reforma protestante quedó implícitamente en la declaración de derechos de 1789 (art 4), tomó fuerza en la ilustración con John Milton quien defendió la libertad de prensa de la censura estatal, Voltaire que sentencio el “detesto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, que todavía es una brújula en sociedades justas y libres y Stuart Mill con la tesis de que “la verdad solo florece en un libre mercado de ideas”.
Ninguna libertad puede causar daño directo a otros (principio del daño), ni atacar la autonomía individual o la participación política que se expresa con pensamientos y esta ha sido herramienta de transformación social con significativos alcances humanos en movimientos, como el de derechos civiles (EE. UU), que desafiaron la segregación; las movilizaciones del No a la guerra en España, que impulsaron la caída del régimen de derecha de Aznar y del PP y; las redes sociales que facilitaron revueltas y la salida de tiranos como Mubarak amplificando demandas democráticas. Sin embargo, en la última década esta libertad fue “tomada” y desvirtuada por ultraderechas que aplican el libreto nazi de Goebels. Crean y recrean mentiras y fake news, niegan crímenes, relativizan la verdad, engañan y manipulan, causando daño, incitando al odio, muestran el lado oscuro de “su” libertad sin restricciones para ellos, sin responsabilidad ética ni barreras.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene regulaciones que la convierten en delito cuando se promueve o incita al odio, hostilidad o discriminación por razones de cultura, raza, religión, genero, orientación sexual entre otros. El consejo de la unión europea exige penalizar la incitación publica al odio y la violencia (2008/913/JAI) y agrega el protocolo sobre cibercrimen. En América rige el pacto de derechos civiles y políticos. Hay regulaciones explicitas en España (C. penal art 510), Argentina, México y Brasil. Alemania además prohíbe el uso de símbolos nazis (C.P, art 86) y en varios países hay debates abiertos en torno al dilema entre seguridad nacional y transparencia que revelan cómo la vigilancia estatal, la llamada “cultura de la cancelación” y la acción directa de bodegas de agresión y estigmatización ponen en conflicto sanción social, norma y autocensura.
En el marco del delito cometido por romper los limites de este derecho, en la primera semana de mayo en Berlín, Alemania, hubo una redada contra la extrema derecha por sus discursos de odio y el autoproclamado rey pedro I (peter fitzek) líder de un grupo neonazi (activo y con más de 6000 seguidores), fue puesto preso y todos los bienes del grupo confiscados. Se le acusa a este “líder neonazi” de haber creado un contraestado y construido estructuras económicas criminales, socavando el monopolio alemán del uso de la fuerza. Se trata de la mayor asociación de los llamados “ciudadanos del Reich”, un entramado neonazi, que ratifica que los nazis sí existen, están organizados, siguen una doctrina y hay a quien atienden cuando da la orden. “Son comparables con un culto” que expone y forma para el odio, la conspiración y la ideología negacionista y de violencias contra “sus enemigos”.
En Colombia, sin duda, hay seguidores de doctrinas neonazis, que sin barreras incitan al odio y alimentan la hostilidad, causan daño. La doctrina y patrones de conducta contribuyen a sostener la “alianza de ultraderecha” del No, en “oposición al gobierno popular”. Su incitación al odio es sistemática y planificada, como sí para ellos fuera “su” derecho absoluto y sin límites. Violan la responsabilidad y ética del derecho de libre expresión y tienen el respaldo de la llamada “prensa libre” al arbitrio del poder hegemónico tradicional y de los poderosos dueños de los medios. Desinforman, injurian, calumnian y difaman (destruyen la reputación individual o colectiva), incitan a la violencia, rompen las reglas comunes del derecho que permiten vivir con respeto y dignidad humana, cruzan la delgada línea entre libertad y delito, pero por sus reiteradas actuaciones están en la esfera del delito.
