El derecho humano a la educación ya existe, está consignado en el artículo 26 de la Declaración de 1948, para contribuir con el libre y pleno desarrollo de la personalidad humana y de manera colectiva para fortalecer el respeto por los demás derechos, libertades y paz. Su universalidad radica en que es para todas las personas en igualdad, con gratuidad y generalización en los grados superiores basado en méritos. Su realización aporta en tolerancia, amistad y reconocimiento de la diversidad humana.
El proyecto de ley estatutaria de educación, presentada por el gobierno popular al congreso, fue cercenado en sus batallas y debates, su universalidad distorsionada y debilitada la opción de convertir la educación en derecho fundamental protegido por las leyes colombianas. Buscando su aprobación hubo acuerdos que llevaron al descontento de los actores del sistema público, adicionando que se hicieron sin mayor divulgación y con quienes representan al sector que ha sostenido su poder en la intolerancia, la promoción de la guerra en cambio de la paz y negado la existencia de lo diverso en su carácter étnico, sexual, de pensamiento, de origen, de asociación política y que ahora defenderán una ponencia vaciada de lo esencial. La ley estatutaria por ser de orden superior será la brújula para definir las rutas de las políticas públicas que instalen en la sociedad y el estado una nueva concepción de la educación como derecho y hacerla fluir a través de instituciones.
Lo ocurrido hasta ahora con el trámite, al que solo le queda una sesión del congreso evidencia problemas, que con total legitimidad FECODE ha señalado y puesto de manifiesto con enorme capacidad de respuesta social. Está obligada y necesaria toma de distancia, no es contra el gobierno, es para indicar que el proyecto presentado, entre enmiendas y remiendos perdió su fuerza como derecho fundamental protegido. El proyecto de ley intervenido, esta cercenado.
La realización del derecho humano, se protege con el carácter de fundamental pero exige un esfuerzo multifacético que implicará una vez aprobado la acción coordinada de diversos actores a nivel nacional e internacional, cada uno con un rol crucial en la protección, promoción y cumplimiento, asegurando implementarlo de una manera efectiva, que hasta ahora el ámbito privado, en su condición de empresas parcialmente ha abandonado apartándose de algunos principios rectores de la ONU y de UNESCO, en especial respecto al sistema de acceso por méritos roto por la incidencia de la capacidad económica entre múltiples desigualdades. Así mismo lo mixto referido solo a recursos disponibles del estado para ser distribuidos entre actores configura un mensaje equivocado de lo que significa el derecho universal, que en la ley inicial está asociado a otros principios a precisar aún más como bien común que implica responsabilidades colectivas, exigibilidad y prestadores del servicio.
FECIODE, hizo valer el derecho de resistencia y las acciones de protesta le permitieron a la sociedad conocer mejor y defender su propio derecho y el de otros, tanto de esta como de próximas generaciones de niños, niñas y jóvenes y docentes. El llamado a participar activamente en el proceso democrático dio resultado y quizá el camino “recomendado” para el gobierno a través del MEN sea “no llevar a aprobación, entre incertidumbre lo ya cuestionado, sujeto a la voluntad de los mismos congresistas del bloque negacionista, que para impedir la reforma pensional interpusieron 800 constancias, 150 recusaciones y más de 100 enmiendas, porque hablar de derechos los altera.
De seguir el curso el proyecto de ley llegaría cercenado y débil en sus puntos fuertes al último tramo y tendría que enfrentarse a una férrea oposición para la que los derechos son su pesadilla. La alternativa es “retirar” el proyecto habiendo cumplido con responsabilidad el compromiso de cambio y sostenido la altura del debate y búsqueda de consensos hasta el final. Si es así el gobierno tendrá tiempo y paciencia para evaluar equivocaciones, errores, corregir imprecisiones, sintetizar el proyecto, ajustarlo, perfeccionarlo, detenerse en lo esencial y de una vez ponerlo en coherencia y debate con el proyecto de modificación o creación de una nueva ley de educación superior, para que juntos proyectos en el próximo periodo del congreso, convoquen, congreguen y movilicen con actitud critica, propositiva y vigilante a diversos actores del cambio, jóvenes, universitarios, docentes, sindicatos, trabajadores y funcionarios del poder popular del amplio sector educativo del país.
